jueves, 30 de octubre de 2003

Reflexiones sobre el defensor del pueblo

A estas horas se mencionan algunos “nominados” para suceder al defensor del pueblo, Marcelo Fernández. El Diario del sábado pasado se refirió al tema como “un nuevo round” de la pelea entre Sergio Bivort y Luis Patti, ya que sus fuerzas partidarias han hecho públicas sendas nominaciones.

El rol del Defensor del Pueblo

Como sabemos, el defensor del pueblo recibe denuncias de aquellos vecinos que se sienten afectados por los actos u omisiones de la administración municipal o de las empresas de servicios concesionados; debe investigar -tiene amplias facultades para eso- y finalmente recomendar, pero sus actuaciones carecen de fuerza como para “obligar a hacer”, fuerza que sí poseen las decisiones administrativas o judiciales.

Por el contrario, lo que sí debería caracterizar a las decisiones del Ombudsman es su fuerza moral, basada en su prestigio personal, y en la independencia e imparcialidad de sus actuaciones; y aunque cuente sólo con fuerza moral las acciones del defensor pueden llegar a ser altamente efectivas, incluso en aquellos casos en los que la fuerza coactiva de otras autoridades no haya sabido solucionar algún problema.

La independencia con respecto al Ejecutivo y al Concejo Deliberante es la primera condición moral que se le debe exigir a quien vaya a suceder a Fernández. También debe ser reconocido en la sociedad como una persona caracterizada por sus principios morales y éticos; así poseerá la autoridad que necesita para señalarle a la Administración sus errores.

La participación de las ONG's

Hay lugares del mundo en los que el Ombudsman es propuesto por un comité en el que participan no sólo representantes del poder legislativo, si no también de las organizaciones no gubernamentales y de las propias empresas concesionarias: este comité eleva su propuesta al cuerpo deliberativo, y una vez aprobada por sus dos terceras partes pasa al ejecutivo, que aprueba o rechaza al postulante. Si lo rechaza, el pliego retorna a la legislatura para su reconsideración; una vez allí, y en caso de lograr un apoyo de sus 3/4 partes, la propuesta se aprueba sin requerir del visto bueno del Ejecutivo.

 

¿Y por casa cómo andamos?

Aquí en Pilar las cosas son bien distintas; el Ombudsman lo pretenden imponer algunos dirigentes partidarios en encuentros reservados, en los que si hay alguna ausencia, es precisamente la de quien no debe estar ausente: el ciudadano común; porque es la sociedad civil la que debe ejercer una “presión positiva” que aliente a la transparencia mediante su participación fiscalizadora. Sería muy recomendable para la salud y el fortalecimiento de nuestras instituciones que en la elección del defensor del pueblo participe la sociedad civil de manera directa o indirecta a través de sus organizaciones.

Nuestro distrito cuenta con un capital social -materializado en sus organizaciones civiles-, que no puede ser excluido del proceso de selección del sucesor del licenciado Fernández; tampoco deberían ser excluidas otras fuerzas partidarias como el Frepobo, que en las elecciones de septiembre pasado logró una destacada actuación.

La pretendida renovación de la que hoy hablan las dos primeras minorías sólo será creíble si comienzan por decidir quién será el defensor del pueblo de manera más participativa, dejando de lado compromisos o, “lealtades partidarias” que no harán más que recortar la autoridad del próximo defensor desde el principio, minando la poca confianza de una sociedad que ha ido disminuyendo su participación a fuerza de los golpes recibidos. El gobierno electo goza de un enorme respaldo de amplios sectores de nuestra comunidad, entre los que supo regenerar un olvidado horizonte de esperanza. Debería preocuparse en consolidarlo y acrecentarlo con hechos, porque paradójicamente es él quien más necesita de una Defensoría activa e independiente.

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