viernes, 29 de octubre de 2004

Propuestas y anuncios

(PILAR DE TODOS) Durante la campaña electoral del año pasado, todos los candidatos a intendente se cansaron de asegurar a sus descreídos interlocutores que de llegar a ganar, harían un "gobierno de puertas abiertas"y que impulsarían con ahínco la participación de la comunidad.

Con el triunfo de Humberto Zúccaro, en febrero de este año el gobierno firmó un acuerdo con la Subsecretaría de Asuntos Municipales del gobierno provincial para "mejorar la calidad de gestión" local. Con el mismo propósito, Zúccaro suscribió tambien sendos convenios con las fundaciones Grupo Innova y Cippec, ambas de reconocido prestigio en el orden nacional por elaborar estudios y propuestas vinculadas a la transparencia y a las políticas públicas.
Por aquél entonces, el intendente también impulsó la creación de una oficina anticorrupción, que controlaría el funcionamiento del ejecutivo comunal.

Me resultaba inexplicable que nada de lo anunciado con bombos y platillos hubiera avanzado demasiado, por no decir nada. Por poner un ejemplo, el proyecto de ordenanza de acceso a la información que la organización no gubernamental ProPilar presentó ante el intendente y ante el Concejo Deliberante en abril, aún se encuentra durmiendo el sueño de los justos (que en el criollo que se habla en el HCD, se dice "cajoneado").

Para mi fortuna, el jueves pasado a la noche escuché al Jefe de Gabinete local en una entrevista televisiva, y mi pregunta encontró su respuesta: hablando de la pelea entre el oficialismo y el pattismo, dijo (y se respondió) Osvaldo Pugliese "¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere propuestas y anuncios...". Esa era precisamente la explicación que yo había estado buscando: el explicador oficial considera que nosotros –la gente- queremos del gobierno "propuestas y anuncios". Esto creo que merece algunas reflexiones:

1) Pugliese, a pesar de haber compartido años de arduo trabajo en el HCD con sus pares peronistas (mientras era concejal del Frepaso), no aprendió la doctrina del General Perón: "mejor que prometer, es cumplir, y mejor que decir, es hacer".

2) En lo personal, preferiría que los funcionarios hagan menos esfuerzo en interpretar lo que en verdad queremos los ciudadanos. Los anuncios son importantes, porque nos generan una expectativa positiva; pero son como la sal en las comidas: un poco las mejora, pero en exceso, las estropea. Ningún titular de diario cambia mágicamente el desastroso estado de las calles y rutas del partido, o la falta de insumos en los hospitales. Tampoco se mejora la seguridad en el partido porque en las camionetas de la patrulla comunitaria hayan puesto "Intendente Dr. Humberto Zúccaro", como si hubieran sido compradas con su plata.

De los anuncios más "mediáticos" de este gobierno, vale la pena recordar el referido a la reforma tributaria de principios de año, cuando se dijo que serviría para aumentar la cantidad de contribuyentes que pagan sus tasas municipales, y con ese aumento, hacer obras. A poco de andar, la reforma sólo permitió que los pocos que ya pagaban, deban pagar ahora mucho más. Nada se logró con el propósito de recuperar las deudas de miles de contribuyentes, que son la fuente de financiamiento más inmediata y relevante que tiene el municipio para encarar obras.

Ante todo, transparencia
Pero para mejorar la recaudación, hace falta recuperar la confianza de los vecinos en las instituciones; y para que ello suceda, sería de gran utilidad que el gobierno de a conocer en detalle el estado de sus cuentas. La rendición de cuentas a los vecinos es su obligación, porque provee un elemento de control ciudadano.

En gobiernos anteriores, me preocupaba al ver cómo algunos concejales acomodaban su voto de acuerdo a los beneficios personales que esperaban obtener. Éste Concejo es más sorprendente: le ha otorgado al intendente facultades extraordinarias (algo así como "superpoderes"), de modo que hoy por hoy Zúccaro puede reasignar partidas, aprobar rezonificaciones de suelo, rescindir contratos con empresas privatizadas porque sí, etc. Y ello, lejos de mejorar la calidad institucional, la deteriora.

Yendo a la cuestión de la transparencia, asombra conocer que hace pocos días se firmó el primer llamado a licitación en los 10 meses cumplidos en el año... el primero! ¿cómo se estuvo comprando hasta ahora sin licitaciones de precios? ¿cómo se garantiza que los precios pagados por la gestión de Zúccaro hayan sido los mejores que se podían conseguir?.

Si el jefe comunal quiere de verdad encarar una gestión "de puertas abiertas", debería preocuparse porque se apruebe cuanto antes una norma que garantice el acceso a la información pública. De esa manera, los ciudadanos podremos conocer cuántos empleados tiene la comuna (en todas las modalidades de contratación), cuánto se gasta y en qué, cuánto se destina a pagar publicidad oficial, etc. Si de verdad queremos ser libres, debemos ser esclavos de la ley; y en Pilar, parece que las leyes se aplican sólo si convienen a los intereses personales de los gobernantes.

lunes, 25 de octubre de 2004

Corruptos

(EL DIARIO REGIONAL) Esta última semana las instituciones de la Democracia fueron heridas de gravedad. A la presentación de una denuncia contra un funcionario municipal que cobrara una pensión graciable además de su sueldo, el gobierno respondió clausurando una guardería infantil cuyo titular es el denunciante, y en la que unas treinta familias pobres dejaban a sus hijos para poder ir a trabajar.

La reacción del gobierno de Zúccaro es casi patológica: cuando alguien piensa diferente, es perseguido y criticado por "hacer política"; nos pasa a todos los que expresamos una opinión desfavorable, o una visión distinta. El intendente y parte de su séquito en el Concejo confunden política partidaria con política de estado. Reaccionan con intolerancia frente a una opinión diferente. Arman comisiones investigadoras por presuntas infracciones en el trámite de habilitación de una guardería, siendo que la Ley Orgánica -que los concejales deberían conocer como la tabla del 2- los habilita a juzgar hechos de naturaleza totalmente diferente .

Para las infracciones denunciadas por el oficialismo está la justicia de faltas. Las comisiones investigadoras dentro del HCD deben constituirse –entre otras situaciones-ante "negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta en el ejercico de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio" (art. 249º inc. 2).

No cabe duda que las razones que permiten la conformación de una comisión -que tiene facultades para destituir a un edil- son de una gravedad mayúscula. Y ello es así, porque nuestro sistema de gobierno representativo implica que en la banca que ocupa un concejal hay sentados virtualmente miles de ciudadanos que confiaron en que serían bien representados por aquél. Hugo Quintero, en tanto concejal, no es un ciudadano más; él es la voz de los que no tiene voz, quizás porque durante mucho tiempo se cansaron de gritar ante los mismos que hoy prejuzgan para llevar agua para su molino.

Los demás ediles deberían saber que sus votantes les han asignado el mismo rol trascendental. Pero si atacan las instituciones, si niegan la información pública como si fuera propiedad del ellos, si reaccionan con intolerancia frente al que piensa distinto, me pregunto si no estaríamos habilitados para solicitar la formación de otra comisión que investigue si las conductas de algunos concejales oficialistas no merecen que se los destituya por malversar los recursos públicos en persecuciones políticas.

A menudo el límite entre lo legal y lo ilegal se vuelve difuso, y las palabras se definen de acuerdo a la conveniencia de quien las pronuncia. Creo que vale la pena recordar la definición de corrupción de Transparencia Internacional, institución que desde hace más de 10 años lucha en todo el mundo contra ese flagelo: "corrupción política es el abuso por parte de los líderes políticos para su propio beneficio del poder que se les ha confiado" (pido disculpas al lector por llamar líderes políticos a algunos que no alcanzarían esa categoría ni luego de varias reencarnaciones).

viernes, 15 de octubre de 2004

Feudo pilarense

(EL DIARIO REGIONAL) Con los objetivos de mejorar la calidad institucional, reducir la brecha de representatividad, concertar un financiamiento transparente de los partidos políticos e instrumentar cambios en el sistema electoral, el gobernador Felipe Solá convocó esta semana a una Mesa de Diálogo para la Reforma Política en la provincia de Buenos Aires. El programa incluye mejorar los mecanismos de selección de candidatos y procurar una mayor transparencia en los procesos de decisión del sistema político, mediante el control y la participación ciudadana.

Acceso a la información
Como un primer paso hacia la ansiada transparencia el gobernador Solá firmó el decreto de acceso a la información pública en la provincia, a través del cual "toda persona física o jurídica tiene derecho de acceso a documentos administrativos de naturaleza pública correspondiente a organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo".

En Pilar las inicativas de transparencia en la gestión pública no corren la misma suerte que a nivel provincial. Tres miembros de la ONG ProPilar presentamos en abril un proyecto de ordenanza similar al decreto firmado ayer por Solá. Pero la propuesta está durmiendo el sueño de los justos. Así, se dará la paradoja de que para conseguir información pública sobre el municipio de Pilar, cualquier persona podrá obtenerla solicitándola a La Plata, mientras que en Pilar, las autoridades municipales la negarán.

Antídoto
Los instrumentos de transparencia impulsados por Solá no son novedosos; pero sí son infrecuentes. La presentación de declaraciones juradas, por caso, de haber existido en nuestro distrito hubieran evitado la denuncia penal que los concejales pattistas presentaron contra un funcionario de Zúccaro. Y es que en los municipios que cuentan con instrumentos de lucha contra la corrupción, los funcionarios están obligados a presentar una declaración jurada patrimonial durante los primeros días de su designación; así, nunca un funcionario podría cobrar una pensión indebida. Además, las declaraciones deben reiterarse todos los años, y también al concluir el mandato por la causa que sea. Son de carácter público, y a quien no la presenta se le descuenta un día de salario por cada día de incumplimiento.

Idiotas o Ciudadanos
En la Grecia Antigua, los atenienses creían que la participación en asuntos públicos evitaba que las personas se convirtieran en "idiotas", o seres sin conexión con el mundo (los griegos llamaban idiota no a alguien con un coeficiente intelectual bajo, sino a alguien encerrado en sí mismo, sin conexión con su comunidad).

La participación del pueblo en los asuntos públicos no es algo que nazca "por generación espontánea"; son las instituciones y herramientas de la democracia, como el acceso a la información, las audiencias públicas, o el presupuesto participativo, lo que hace que los ciudadanos podamos participar en el control de gestión y en el diseño de políticas públicas, y gozar así de una democracia plena.

Quienes como el intendente consideran que la emisión del voto constituye el único derecho que los ciudadanos tenemos de intervenir en la vida política de nuestra comunidad, y no impulsan mecanismos de participación democrática, anulando los espacios que posibilitan la participación, quieren convertirnos en idiotas (en la definición ateniense del término); o peor aun, en súbditos de un régimen feudal; así, cuanto más tiempo desee Zúccaro perpetuarse en el poder, el palacio municipal comenzará poco a poco a transformarse en un palacio feudal.

Idiotas

(RESUMEN) Desde hace meses, el HCD tiene en la comisión de Legislación un proyecto de Ordenanza de Acceso a la Información. Al momento de ser presentado por la ONG ProPilar, el presidente del cuerpo apoyó su sanción, al igual que el intendente.

El decreto suscripto ayer por el gobernador Solá para brindar acceso a la información pública se enmarca dentro de la reforma política que se dice impulsar desde distintos niveles de gobierno.
Sin embargo, en Pilar las cosas son bien distintas: aquí, tres miembros de la ONG ProPilar presentamos en abril un proyecto de ordenanza similar al que rige en varios municipios y provincias del país. Y todavía no se aprobó. Así, se dará la paradoja de que para conseguir información pública sobre el municipio de Pilar, cualquier persona podrá obtenerla solicitándola a La Plata, mientras que en Pilar, las autoridades municipales la negarán.

Un largo camino
En el mes de julio y a instancias de la Comisión de Legislación presidida por el ex ultra bivortista Jorge García (ahora devenido en zuccarista), el Concejo resolvió pedirle información sobre ProPilar a la Dirección de Relaciones con la Comunidad, como una forma de trabar el tratamiento y aprobación de la ordenanza reclamada. Irónicamente, ayer se conoció el hecho de que el Director de Relaciones con la Comunidad, Gustavo Trindade, percibía una pensión graciable (destinada a indigentes) junto con su sueldo de funcionario público. Tal situación jamás hubiese ocurrido de contar con un acceso irrestricto a la información pública. No es que Trindade sea un mal funcionario; al contrario, dio sobradas muestras de cumplir con su función con eficacia. Pero hubiera sido mejor funcionario de no haber cobrado nunca una pensión que por definición, está destianda a personas indigentes.

Al no poder acceder a la información pública, me queda rondando una duda: ¿no habrá otras irregularidades aun más graves en la gestión de Humberto Zúccaro?.

Idiotas o Ciudadanos
Los atenienses creían que la participación en asuntos públicos evitaba que la gente se convirtiera en "idiotas", o seres puramente privados (para los griegos, un idiota no era alguien con un coeficiente intelectual bajo, sino alguien sin la menos idea de su conexión con el mundo).
No queremos ser idiotas; pretendemos vivir en una democracia con ciudadanos plenos de derecho.

Ojalá que la firma del decreto de Solá de ayer (por el jueves) sirva para que nuestros concejales "se pongan las pilas" y pasen del discurso a la acción, sancionando sin más demoras la Ordenanza de Acceso a la Información.

viernes, 1 de octubre de 2004

Día Mundial del Derecho a la Información

(EL DIARIO REGIONAL) El martes pasado se celebró el Día Mundial del Derecho a la Información. En nuestro país no se celebró nada, porque la Ley de Acceso a la Información, con media sanción de diputados sigue durmiendo en el senado, y de no tratarse antes del 30 de noviembre, perderá "estado parlamentario". Un grupo de ONG colgó frente al Congreso centenares de perchas con el texto de la ley como método para pedirles a los senadores su sanción.

En Pilar ocurre algo semejante: hace seis meses que el concejo deliberante tiene en su poder un proyecto de ordenanza de libre acceso a la información pública; el proyecto, presentado por miembros de la ONG ProPilar, recibió el apoyo de numerosas instituciones, entre otras la Fundación Poder Ciudadano y Fedepil.
Los apoyos fueron explícitos y se materializaron en sendas notas entregadas al propio presidente del deliberativo local, Marcelo Castillo, quien se comprometió públicamente a darle tratamiento y apoyo a la norma.
El artículo 1° del proyecto expresa que "Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir sin costo alguno y sin justificar causa ni interés legitimo, información publica completa y veraz de parte de quienes ejercen funciones publicas o realicen actividades y programas financiados parcialmente o en su totalidad por medio de los presupuestos públicos". Por aquél entonces, el intendente Zúccaro anunció -con una importante puesta en escena- la firma de un convenio con dos fundaciones que trabajarían junto al municipio para mejorar sus procesos y transparentar la gestión comunal.
Para quienes creemos que tanto el departamento ejecutivo como el concejo deliberante no son todo lo transparentes que deberían ser, la firma de aquél convenio fue un hecho promisorio, de "transparecncia preventiva". Como las dos entidades proclaman desde siempre su apoyo al acceso a la información pública, pensamos que colaborarían en materializarlo; nos equivocamos. Tampoco lograron que la comuna tenga -tal como lo prometió Zúccaro- un sitio en internet en el que vuelque información útil para los vecinos.
La Democracia participativa requiere del acceso a la información pública. Sin este insumo es imposible que los ciudadanos participen con verdadero conocimiento de causa. Cómo será de necesario, que hasta la primera plana de El Diario de ayer advertía que "...En el gobierno hay malestar por la falta de información" (sobre los cambios en materia de seguridad). Si el propio intendente, con el enorme poder discrecional que detenta en el manejo de la información, se queja por su falta, que nos queda a nosotros como simples ciudadanos!. El acceso libre debe ser la regla, y el secreto la excepción.
Por la falta de acceso a la información, la sociedad ha sido siempre víctima de gobiernos corruptos, y así estamos como estamos. Nuestro sistema representativo tiene que ir más allá de la simple emisión del voto; para eso necesitamos libre acceso a la información como medio para conseguir una activa participación de cada vecino, con mecanismos como la iniciativa popular, las audiencias públicas y el presupueso participativo.
Dios quiera que el 28 de septiembre del año que viene podamos festejar nosotros también el Día Mundial del Derecho a la Información.