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Estafa

Según nuestro Código Penal, comete el delito de estafa quien, con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".

Para el común de los mortales, estafa es simplemente sinónimo de engaño y defraudación. Y precisamente de defraudación es la sensación general luego de conocerse el resultado de la licitación por el transporte público en Pilar.
Los recorridos licitados seguirán en manos de las mismas empresas, que semana a semana alimentan la sección de cartas de lectores de la mayoría de los medios locales, y no precisamente con elogios.
¿Era éste acaso el resultado esperado, luego de haber sobreactuado la propuesta gubernamental al problema de los colectivos?. Por el discurso oficial, El Diario tituló meses atrás que “El Municipio diseña el transporte que viene” con la colaboración de expertos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Fueron estos “expertos” los que diseñaron el recorrido Derqui-Villa Rosa, por el que nadie presentó oferta ninguna? ¿fueron estos cerebros privilegiados quienes establecieron un valor de diez mil pesos para adquirir cada pliego?. Puesto en términos de los ingresos que obtendrían los empresarios que resulten adjudicados, pagar esa cifra equivale a gastar los boletos cortados en una unidad a lo largo de todo un año de trabajo. ¿Por qué no se fijó un valor acorde a la realidad económica?. “Los pliegos no eran demasiado baratos, salían diez mil pesos..." se lo escuchó decir a Pablo Martínez, explicador oficial de lo inexplicable.
El saludable mecanismo de audiencias públicas, en el que cada actor involucrado puede decir lo suyo, hubiera sido la mejor opción. En cambio, los honorables concejales decidieron no consultar a los usuarios, mientras le regalaban diez puntos de ventaja a las prestatarias actuales.
Otro funcionario municipal de nivel medio aseguró que “todo esto se hizo para mostrar que se hace algo, pero sin cambiar nada”; por su lado, El Subsecretario del área de transporte dijo que “estaba previsto no joderle la vida a nadie”. A juzgar por los resultados, los únicos que no habrán visto su vida perjudicada serán Zúccaro y algunos funcionarios y concejales adictos, que irónicamente no suelen movilizarse en transporte público. Pero para quienes sí utilizan el servicio, el cambio puede ser para peor. Tampoco las empresas ven razonablemente garantizadas las inversiones que realicen, porque las tarifas —cuyo aumento fue aprobado por el HCD— serán "arregladas" luego que las ofertas sean "evaluadas meticulosamente".
El Reglamento de Contabilidad, sobre el tema de la adjudicación de las licitaciones públicas como la realizada, establece que "recaerá en la oferta más conveniente que se ajuste a lo pedido. A calidad igual, se preferirá la de más bajo precio", y agrega que podrá adjudicarse excepcionalmente por razones de mejor calidad, siempre que se determine con fundamento que la mejor calidad compensa la diferencia de precios. Siendo así lo que indica la Ley, ¿por qué razón los Concejales le regalaron diez puntos de ventaja a las empresas que actualmente prestan el servicio? Ningún funcionario del ejecutivo ni Concejal supo dar una explicación aceptable: "es lo que se estila", intentaron justificar. Otra actitud que defrauda las expectativas de los vecinos, es la de transmitir la idea de que el gobierno no tiene la posibilidad de corregir la situación. El Reglamento de Contabilidad dice que en caso de haber una sóla oferta, el jefe comunal puede —pero no está obligado a hacerlo— aceptarla con autorización del Concejo. En caso contrario, puede efectuar un segundo llamado. Finalmente, el Intendente no está obligado a aceptar oferta alguna.
Si la tan mentada integración fuera para Zúccaro algo más que una propuesta de campaña, debería llamar nuevamente a licitación, vendiendo los pliegos a valores razonables, y anulando el inexplicable "privilegio" de los diez puntos a favor de las actuales prestatarias. Si no lo hace, será porque su gobierno sigue decidiendo en función de las necesidades de los "amigos de la casa" y no de las necesidades de los vecinos.

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