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Sobresueldos en el Concejo

En estos días se plantea el debate sobre el tema de los sobresueldos que se pagaron durante la presidencia de Carlos Menem. Según las investigaciones y denuncias de numerosos arrepentidos, se puede estimar que el monto de tales retribuciones fuera de recibo alcanzan a una cifra multimillonaria. Así como crece el repudio generalizado a tales prácticas, existen también voces que las convalidan, con el argumento de que no se puede pretender que un funcionario que maneja presupuestos de millones, perciba una retribución de algunos pocos miles de pesos.
En este debate abierto sobre los sobresueldos, deberíamos incluir —además de los funcionarios del poder ejecutivo— a los cuerpos deliberativos, sean estos de orden nacional, provincial o municipal.
Pero, ¿cómo determinar si el dinero que cobra un concejal por cumplir sus funciones es razonable? Existen sin duda muchas formas de analizar esto, pero una manera acertada de medir la productividad de una persona, sea ésta operario de una fábrica o Presidente de la República, es determinar el cociente entre output (productos elaborados o servicios entregados) sobre input (materia prima o recursos empleados). Así, considerando que el “producto” que “fabrican” los concejales son las ordenanzas, y que el recurso que emplean es su propio tiempo, la productividad del HCD puede determinarse como la relación entre el número de ordenanzas sancionadas por año dividido su presupuesto anual ejecutado. En Pilar se sancionan un promedio de 200 ordenanzas por año. Sin embargo, en años electorales como éste, la “productividad” de los legisladores locales disminuye, habida cuenta de que parte de su tiempo lo tienen que destinar a lo que mejor les sale —hacer campaña y spots publicitarios— no nos equivocaremos en mucho si estimamos que el 2005 terminará con unas 180 ordenanzas (un promedio de 10 ordenanzas por sesión ). Por otra parte, el presupuesto aprobado (por los mismos concejales) para el 2005, les permite gastar más de un millón ochocientos mil pesos; en consecuencia, cada una de las 180 ordenanzas que se aprobarán durante el año nos habrá costado en promedio 10 mil pesos, y en cada una de las aproximadamente 18 sesiones en las que deberían “debatir” y aprobar normas en beneficio de todos los pilarenses, los ediles habrán consumido en promedio unos cien mil pesos.

Durante el año pasado, y lo que va de éste, el Concejo aprobó automáticamente cada uno de los proyectos que “bajaron” desde el Departamento Ejecutivo. Y cómo no iba a ser así, cuando los gastos en personal del cuerpo deliberativo, propuestos siempre por el intendente de turno, pasaron en los últimos dos años de 750 mil pesos en 2003 a 1,2 millones en 2004 y a más de 1,8 millones para este año.

No me atrevo a sospechar que los concejales reciben sobresueldos “por debajo de la mesa”, pero estoy convencido que la productividad de nuestros legisladores es pobrísima, de modo que cualquier aumento en sus ya elevados gastos, es un sobresueldo. Si los señores concejales no pueden sancionar mayor cantidad ordenanzas, de mejor calidad y mayor valor agregado, y se limitan a realizar Congresos latinoamericanos de dudosos beneficios, al menos podrían tener la decencia de no duplicar sus gastos. Porque eso, vale aclararlo, significa doble esfuerzo de su parte, estimado (y maltratado) lector y contribuyente.

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