Cómplices

(EL DIARIO REGIONAL, 16/07/2006) El jueves pasado fue un mal día para los ambientalistas de Entre Ríos: la Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo que las papeleras Botnia y Ence podrán continuar con la construcción de sus plantas, frente a las costas de Gualeguaychú, afectando a los vecinos que viven allí.

También fue un mal día para todos los pilarenses: nuestros concejales aprobaron una ordenanza que pretende regular la actividad nocturna en el Partido, pero que en realidad, la desregula, agravando y mucho no sólo la vida de los vecinos, sino también poniendo en riesgo la de los jóvenes que concurren a divertirse. Fue una paradoja que mientras los vecinos afectados por la medida del gobierno se retiraban de la sesión legislativa –al aprobarse la norma- con bronca e impotencia, un empresario bolichero que también había asistido se retirara con una sonrisa. No era para menos: tanto favorecieron los concejales a los empresarios, que hay quienes sospechan que detrás de la aprobación, el Concejal Carlos Olivera, jefe de la bancada zuccarista, y algunas de sus marionetas levantamanos actuaron impulsados por algunas razones más metálicas que su incapacidad para legislar.

La ordenanza
Cualquiera que hasta ayer quisiera habilitar una confitería bailable o boliche, tenía que pagar, en concepto de “tasa de inspección”, hasta veinte mil pesos; ahora en cambio, los locales de diversión podrán habilitarse como “bar-pub”, y en tal caso solo deberán tributar una décima parte de ese monto.
En ciudades como Buenos Aires o Rosario (a la que el intendente suele mencionar como ejemplo de gestión), los boliches están regulados en serio. Tratándose del “derecho de admisión” -eufemismo que utilizan los patovicas para discriminar- las ciudades que nuestro intendente admira obligan a exhibir en la entrada un cartel con los requisitos de ingreso; de esa manera, nadie puede ser impedido de entrar “por no tener tarjeta” por caso, si no se establece de antemano tal requisito.
La ordenanza aprobada el jueves en Pilar sólo establece la ingenua condición de “no discriminar”. Como si cuando los musculosos de la puerta “rebotan” a alguien por ser discapacitado, le fueran a decir “no te dejamos entrar porque sos discapacitado”.
Y hablando de discapacitados, en las ciudades “para todos” de verdad, se exige un baño para ellos, además de un inodoro cada 50 personas. Nuestra flamante ordenanza no dice una sola palabra de baños, y menos para discapacitados; quizás sea para desalentar que alguien en silla de ruedas vaya a divertirse, no sea cosa que por una desgracia haya que usar la salida de emergencia. Porque si así fuera, el inspector Airoldi y muchos otros funcionarios municipales, se darían cuenta que una salida de emergencia con un escalón de 80 centímetros entre el piso interior y la vereda– como ocurre en uno de los locales del “corredor”- es una trampa mortal.
En Rosario, las disposiciones establecen que no debe haber viviendas residenciales en todo el perímetro de los boliches; si existieran residentes linderos, la totalidad de los mismos deben manifestar su consentimiento expreso para que el lugar sea habilitado.
Además, se niega la habilitación cuando se opongan a ella un tercio o más de los vecinos que residen en un radio de 50 metros.
En las ciudades elogiadas por nuestro alcalde se exige un sistema de iluminación de emergencia, un grupo electrógeno automático, y detector de metales en la entrada. Nuestra novel ordenanza no dice nada sobre estas cuestiones. Quizás Carlos Olivera, que vive en la localidad de Del Viso, no sepa que en la localidad de Pilar a veces la luz se corta, o que a veces alguien armado puede pretender ingresar a un boliche lleno de chicos.

Pero mientras no pase nada, todos mirarán para otro lado. Total, el día que pase, harán como también hicieron en la sesión del jueves: aprobaron pagar 700 mil pesos por un juicio por mala praxis en el hospital: “No importa quien fue. Hay que pagar” dijo Zúccaro.

Aunque en nuestro “Pilar para todos” ya estemos acostumbrados a que los concejales y funcionarios aten todo con alambre, a que la justicia investigue indefinidamente sobre negociados y negligencias, y a que los inspectores sólo clausuren puestos de artesanías en una plaza, los jóvenes seguirán mereciendo concurrir a lugares realmente seguros, y los vecinos de la Ruta 8 seguirán mereciendo recuperar su calidad de vida. Aunque eso sólo sea posible el día que el “corredor nocturno” sea trasladado a otro lugar.
Mientras tanto, recemos para que nada irreparable ocurra.

El Huevo de la Serpiente

(EL DIARIO REGIONAL, 09/07/2006) “A pesar de estar en un gobierno democrático, aun quedan resabios de la dictadura”, dijo el intendente al referirse al procesamiento de dos dirigentes sociales de Pilar, que en 2005 participaron en una marcha de protesta. Lástima que Zúccaro no posea la capacidad de reconocer los “resabios de la dictadura” en su propio gobierno, y más precisamente, en su propia persona.

Son muchas las oportunidades en las que el jefe comunal habló de integración, ubicándola como uno de los ejes de su gestión; pero muchas más, son las veces que sus acciones se apartaron de sus palabras.
Así, la semana pasada reflotó la idea de arancelar la salud pública para quienes no sean de Pilar: “no voy a permitir que una madre de Pilar no pueda internarse porque la cama está ocupada por gente de otro distrito”, dijo; y ayer, durante una entrevista por FM Plaza, reiteró que estaba convencido de que la salud tenía que ser gratuita, pero “para la gente del distrito”. Bien, pero ¿qué hacen los enfermos que no viven en el distrito y vienen a hacerse atender en él? ¿se les negará el acceso al derecho a la salud?; ¿acaso el gobierno municipal es hoy obligado a destinar fondos para pagar por las atenciones gratuitas a los enfermos que sí son de aquí pero van a atenderse al Hospital Fernández, o a cualquier otro fuera de Pilar?.
Parece claro que para nuestro intendente, ser pobre es un delito. Su discurso transmite la idea de que si en Pilar no hubiera pobres (“nativos” o extranjeros”), su gobierno sería eficiente; ellos, los excluidos, son los culpables de que sólo 3 de cada 10 pilarenses tomen agua de red, o que el transporte colectivo esté colapsado, o que exista una violencia creciente en el corredor nocturno de la Ruta 8.
El verano pasado, Zúccaro responsabilizó del delito en Pilar a los habitantes de distritos vecinos pobres; en otras palabras, a los pobres. De igual modo, ahora dice que el barrio de viviendas sociales que se construye en José C. Paz, saturará la siempre escasa oferta local de servicios de salud, y en consecuencia, la demanda “foránea” debería limitarse poniéndole precio. Desde el punto de vista de la teoría económica, la propuesta del alcalde es brillante; desde todos los demás, es lamentable. Si para Zúccaro el sistema de salud de la ciudad de Rosario es un ejemplo a imitar –como dijo en la entrevista- debería saber que allí, los principios expresados y defendidos por los sucesivos gobiernos en materia de salud pública, son la solidaridad, la equidad, la accesibilidad, la calidad y la participación (en Pilar, se ha escuchado hablar mucho sobre estos principios, pero ninguno de ellos ha sido puesto en práctica).
El jefe de gobierno no debería criminalizar la pobreza, sea de su distrito o sea de otro. Tampoco debería alimentar la violencia xenófoba profundizando la exclusión. Como dijo Gilberto Gil al asumir como ministro de cultura de Brasil, “la causa principal de la violencia urbana no es la pobreza sino la desigualdad social”. Y la desigualdad, se alimenta con actitudes y palabras que aisladas pueden parecer insignificantes, pero que repetidas con persistencia, calan las conciencias y cristalizan la intolerancia. Así, como el huevo de la serpiente, que por ser traslúcido deja ver lo que está gestando, lo que sigue será que el gobierno de Zúccaro decida arrojar aceite hirviendo sobre los pobres, primero a los de municipios vecinos, para luego seguir con los propios.