viernes, 12 de diciembre de 2008

Entre las altas expectativas y lo que marca la realidad


Esta semana se cumple un año del segundo mandato de Humberto Zúccaro como intendente municipal de Pilar. Sin duda, una buena oportunidad para hacer su balance.

Como "uno de los dirigentes más combativos del gobierno de Zúccaro", según el parecer de un diario local, y el segundo candidato más votado en las elecciones pasadas, debo reconocer que el jefe comunal supo mantener en alto las expectativas sobre su gestión, y con ellas, una inusual imagen positiva.
Claro que esas expectativas, fogoneadas con el combustible de los anuncios permanentes, terminan la mayor de las veces frustradas.

Así, este primer año de su segundo mandato nos deja algunos logros, pero también, una irremediable lista de cuentas pendientes: la oficina anticorrupción que nunca se puso en funcionamiento, el presupuesto participativo que nunca se implementó, las obras fundamentales de agua corriente y cloacas, que hoy siguen casi tan ausentes como hace 15 años, cuando Sudamericana de Aguas se hizo cargo de la concesión del servicio, el irrefrenable aumento del presupuesto público, que en los últimos cinco años se vio multiplicado por seis, mientras que los empleados municipales recibieron ajustes salariales con cuentagotas.

El gobierno no supo resolver el inaceptable funcionamiento del transporte público de colectivos; tampoco cumplió en trasladar la planta de tratamiento de líquidos cloacales que la Sudamericana posee sobre la calle Champagnat, ni intentó siquiera poner fin a la contaminación que varias empresas inescrupulosas generan; es más, como una buena manera de profundizar los problemas medioambientales del distrito, el intendente Zúccaro degradó primero a la anterior secretaría de mediambiente y calidad de vida al rango de subsecretaría, para luego dejarla acéfala, como continua hasta hoy.

Pero quizás uno de los pecados más imperdonables de la gestión de quien llegó "para curar a Pilar", como decía su eslógan de campaña, fue la de agravar la ya delicadísima situación que presentaba el sistema de salud pública en 2003: primero quitó la carrera médica, que constituía un eficaz incentivo para retener a los mejores, luego despedazó al hospital municipal Sanguinetti en tres, condenando a los pacientes a peregrinar por todo el distrito: así, las mamás deben atenderse en el hospital Meisner de Presidente Derqui, los niños en el Falcón de Del Viso, los demás a Pilar; en una geografía como la de Pilar, de casi 400 kilómetros cuadrados, y un sistema de transporte público deficiente, la "descentralización hospitalaria" fue y es para muchos vecinos una sentencia de muerte, o al menos, el pasaporte a una peor salud. Aunque esta semana los médicos esperaban recibir la buena noticia de volver a contar con una carrera profesional, el hecho es que ya ha transcurrido más de un año desde que se creó la comisión de "notables" que debía diseñarla.

Como sucede siempre en la política argentina, las próximas elecciones legislativas marcarán la suerte de la gestión zuccarista. Si en octubre de 2009 el electorado cambia sus preferencias recientes, y elige mayoritariamente a candidatos a concejales de la oposición, Zúccaro comenzará a transitar un camino pedregoso. Habrá que agregarle a eso la aspereza de un país golpeado por la crisis, en el contexto de una situación internacional preocupante.

Y sin embargo, el gobierno parece no contar con ningún plan de contingencia. Por el contrario, acaba de elaborar un proyecto de presupuesto 2009 que tira manteca al techo, de más de 300 millones de pesos, sin siquiera un esbozo de plan estratégico de desarrollo, como si Pilar fuese Luxemburgo, y no uno de los lugares en el que la inequidad y la falta de servicios públicos condenan a cientos de miles de personas a vivir en condiciones indignas.

martes, 23 de septiembre de 2008

Ser Pobre en Pilar

Por primera vez en 5 años de gestión, Zúccaro decide hacer algo en materia de seguridad, y termina mostrando su visión ideológica. Representante de un gobierno nacional que se dice progresista, deberíamos esperar propuestas diametralmente opuestas a las que por estas horas se barajan; por caso, la de recrear el Instituto Municipal de Seguridad. Si el intendente quisiera encarar el tema en serio, debería entender que los pobres no son quienes cometen los delitos; no debería criminalizarlos diciendo como dijo que la inseguridad de los pilarenses es producida por los pobres que viven en los municipios vecinos. Zúccaro debería comprender que diciendo lo que dijo, genera exclusión social, y que a su tiempo, la exclusión social, más la cultural y la económica, generan violencia.

Pasado
A fines de 2003 se anunció que “Se viene la Patrulla Ciudadana: Se formará con móviles y personal municipal. Recorrerá la zona urbana y reforzará actividades especiales. Contará con el apoyo de la Policía Bonaerense. Este grupo, integrado por vehículos y personal municipal, recorrerá las calles céntricas de los diferentes centros urbanos del distrito para prevenir y luchar contra el delito. Esta es la primera de una serie de medidas que el nuevo gobierno va a implementar para reducir el índice de delitos en todo el distrito”. Nada de lo anunciado se transformó en realidad.

También se dijo entonces “se está evaluando la posibilidad de conformar una red de alerta temprana con los agentes de seguridad de empresas privadas, quienes desde sus puestos de trabajo, cooperarán con el accionar policial informando sobre presuntos hechos delictivos”.

Otra mentira. La misma propuesta fue anunciada en los últimos años al menos otras 2 veces, y la única “cooperación” que puede verse entre los agentes privados y la policía bonaerense, es que ahora muchas calles públicas vecinas a algunos barrios cerrados y countries, son vigiladas por desde su exterior –de manera ilegal- por guardias privados armados.

Presente y futuro
El delito sigue en aumento. El gobierno municipal se muestra impotente y propone reflotar al lamentable Instituto Municipal de Seguridad, invento de la gestión anterior por medio del cual los barrios cerrados y countries representados por la Federación Argentina de Clubes de Campo (FACC) tenían facultades para financiar y definir medidas y planes de acción para la ya disuelta “Patrulla Bonaerense”.

Preocupa notar la miopía con la que se maneja la administración local, y su persistente deseo de tercerizar el control de una cuestión tan sensible como la seguridad, en manos de un sólo sector socioeconómico. Máxime, cuando sociólogos y expertos en urbanismo de todo el mundo han llegado a la conclusión que las urbanizaciones cerradas, a escala de un municipio, empeoran el problema de la inseguridad, aunque adentro del alambrado la vida parezca tranquila.

Hace 4 años, el intendente Humberto Zúccaro se despachó brindando su visión sobre la situación: en noviembre de 2004, El Diario Regional tituló en primera plana “Zúccaro culpó a los municipios vecinos pobres por el delito”. Atando cabos, está clarísimo que si para Zúccaro los delincuentes son “los pobres”, el delito debe prevenirse desde un organismo conducido y financiado por “los ricos”, y en consecuencia ahora está impulsando la reflotación del Instituto Municipal de Seguridad, aunque lo quiera renombrar con el más marquetinero nombre de “Organismo de Seguridad Comunitaria e Integración”.

martes, 26 de agosto de 2008

Tributo por Plusvalía Urbana

Objetivo

  El Tributo de Contribución por Mejoras (CPM) tiene como objetivo el “capturar” parte del mayor valor que un particular recibe por la acción del Estado

 

Beneficiarios del mayor valor: contribuyentes obligados al pago

    a) Los titulares de dominio de los inmuebles

    b) Los usufructuarios de los inmuebles

    c) Los poseedores a título de dueño de los inmuebles

    d) Los concesionarios del Estado Nacional o Provincial que

    ocupen inmuebles ubicados total o parcialmente en jurisdicción del municipio sobre los cuales desarrollen su actividad comercial

    e) En caso de transferencia de dominio, el transmitente

    f) Si del análisis efectuado por la oficina de catastro municipal con posterioridad a la confección de la escritura de dominio o boleto de compraventa, se determinare un importe del inmueble mayor al de los instrumentos citados, el adquirente será el responsable de la diferencia del pago no efectuada en su momento.

    g) En caso de transferencia por herencia, los herederos.

Cómo surge la propuesta

             Con fecha 14 de agosto de 2008, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el Proyecto de Ordenanza mediante el cual se permite construir hasta 2 plantas más en determinadas zonificaciones de nuestro Distrito.

 

             Según los dichos del Dr. Carlos Olivera al momento de aprobarse el Proyecto, con esta Ordenanza “se termina con las excepciones sobre las alturas máximas de las construcciones en las zonas residenciales determinadas”.

 

             La norma no debe ser una concesión graciosa que el Estado les otorga a ciertos particulares. Debería establecerse de manera transparente una tasa (tributo) que “capture” el mayor valor que pasarán a tener las parcelas favorecidas por la Ordenanza.

 

             La aplicación de la CPM permitiría complementar la recaudación por derechos de construcción, que no vienen acompañando los altos niveles de desarrollo inmobiliario de nuestro Distrito.

Qué permitirá la propuesta

            Una utilización de lo recaudado por el tributo propuesto, en forma solidaria en obra pública, permitirá transformar a Pilar en un Distrito algo menos inequitativo, mediante su aplicación en aquellas zonas en donde la asignación de recursos por parte del “mercado”, no resulta suficiente para transformarlas en ámbitos plenamente aptos para el desarrollo de nuestros conciudadanos.

 

 

Qué permitirá la propuesta

             Aunque la Tercera Etapa del Planeamiento Urbano es una cuenta pendiente, la norma propuesta permitirá transparentar y NIVELAR en parte la despareja distribución de las inversiones en el territorio: de alguna manera, al hacer más clara la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias al tiempo que disminuye el riesgo para el inversor, habrá zonas más desfavorecidas que recibirán más inversiones, debido a que la plusvalía que se determine por los hechos imponibles, nunca será de la magnitud de la que se produzca en zonas más desarrolladas. En cierta forma, el tributo actúa como un “corrector” de asimetrías en la distribución espacial de las inversiones.

LA BASE IMPONIBLE

            La base imponible para la determinación del tributo es la diferencia resultante entre el valor de los inmuebles (integrado por el valor de la tierra más el valor de las construcciones y/o mejoras que contenga) antes de la acción generadora de plusvalía y el valor que estos mismos inmuebles adquieran debido al efecto de la acción o acciones urbanísticas contempladas en el hecho imponible.

             Un tema muy debatido y que ha traído serios inconvenientes en los Municipios que pretendieron la  captación de plusvalías a través de instrumentos tributarios, es el tema de la correcta determinación del tributo.

 

             En este punto, la norma comentada fija como “base imponible” la diferencia de valor del bien generada por los hechos imponibles.

 

             Ese mayor valor se determina a través de una Ordenanza declarativa. Al efecto el Departamento Ejecutivo debe, previa tasación del bien efectuada por la oficina competente en temas catastrales, promover (dentro del plazo de 180 días a contar desde la fecha indicada en cada inciso) el dictado de una ORDENANZA DECLARATIVA DE MAYOR VALOR que especifique los actos administrativos y/u obras que a su criterio producirán este tipo de valorización, el área de influencia territorial y el detalle de los inmuebles alcanzados de manera potencial por este tributo

 

¿CÓMO SE CUENTA EL PLAZO?



            a. Para los inmuebles afectados por cambios normativos, el plazo se contará a partir de la fecha de vigencia de la norma que modifique cualquiera de las condiciones urbanísticas preexistentes. (Ej. Cambio de zonificación)

 

            b. Para los inmuebles afectados por obras, el plazo se contará a partir de la comprobación de la ejecución del 90% de la obra.

 

¿CÚANDO SE LIQUIDA EL TRIBUTO?

     Debe haber un plazo (p.e. de 5 años) para que el D.E. determine la liquidación del Tributo a los inmuebles afectados por la mejora cuando estén afectados por cualquiera de las situaciones siguientes:

 

     a) Solicitud previa del cambio normativo que generó el mayor valor;

     b) Los actos de transf. del dominio que se produzcan respecto de los inmuebles luego que la Ordenanza específica declare el mayor valor

     c) Concesión de permiso de urbanización, de edificación o aprobación de proyectos de subdivisión, posteriores al acto administrativo que generó el mayor valor (Se refiere a aprobación de planos de obra nueva, visado de planos de mensura o subdivisión,  independientemente del uso o no de los nuevos indicadores urbanísticos);

     d) Comprobación de haberse alterado sin permiso la edificación o el uso preexistente, con posterioridad al acto administrativo que generó el mayor valor (Se trata de obras o usos informales o no regularizados).

     Podemos concluir entonces que se encuentran excluidos aquellos inmuebles donde no se materialice alguna de las acciones descriptas en la normativa.

 

 

¿CÓMO SE CALCULA EL TRIBUTO

El tributo se calcula aplicando la alícuota (por ej. 30 % de la base imponible) que determine la Ordenanza Tarifaria a la diferencia de valor constatada y declarada.

 

El procedimiento es el siguiente:

 

a) Para determinar el valor original del inmueble antes de la acción

estatal, se tomará la base imponible del Tributo por Conservación de la Vía

Pública, promediando los valores liquidados durante el último semestre inmediatamente anterior a la Ordenanza declarativa de mayor valor.

 

b) Para determinar el valor del inmueble después de una acción u obra determinada, se tomará la valuación establecida sobre los inmuebles afectados por dicha acción u obra, por la oficina encargada del catastro municipal, según los procedimientos instituidos por la Ley Provincial Nro. 10.707 (de catastro territorial). La norma aquí establece un plazo: dentro de los 180 días de producido el hecho imponible.

 

Para el caso especial de la posible transferencia de dominio del inmueble antes de los 180 días mencionados en el párrafo precedente, estableciendo que en tal supuesto se tomará como valor del inmueble luego de la acción u obra estatal el que surja de la escritura traslativa de dominio o boleto de compraventa.

 

 

El Proyecto de Ordenanza termina con la discrecionalidad

   La enumeración de “hechos imponibles” es taxativa y que la incorporación de nuevas acciones que puedan significar la imposición de la contribución deberá hacerse mediante una modificación de la normativa municipal de fondo, a través de una Ordenanza.

   La mencionada Ordenanza al implicar una creación o aumento de tributo debe, necesariamente, ser sancionada por mayores contribuyentes.

 

 

El Proyecto de Ordenanza

    Debe indicar en forma expresa que la enumeración de “hechos imponibles” es taxativa y que, consecuentemente, la incorporación de nuevas acciones que puedan significar la imposición de la contribución deberá hacerse mediante una modificación de la normativa municipal de fondo, a través de una Ordenanza. La mencionada Ordenanza al implicar una creación o aumento de tributo debe, necesariamente, ser sancionada por mayores contribuyentes.

 

 

Análisis de ingresos tributarios

     Una primer estimación permite vislumbrar –EN UNA PRIMERA ETAPA- una emisión cercana a los 100 millones de pesos.

 

     El cálculo surge de considerar una “plusvalía” del 25% promedio, en unas 250 manzanas del centro de las localidades y en cercanías de autopistas y rutas principales, más otras 500 manzanas en proyectos de barrios cerrados, más algunas otras intervenciones en obras públicas, que podrían afectar a unas 250 manzanas.

 

     Estas 1.000 “manzanas equivalentes” representan unos 6 millones de metros cuadrados, que podrían ver incrementado su valor en U$S 15 (aprox. $ 45)

 

     El 30% de esa plusvalía permite emitir unos 90 millones de pesos.

 

 

Beneficios principales

   Seguridad jurídica: establece reglas de juego claras para el Estado Municipal y sus funcionarios, para los inversores, y para toda la sociedad.

   Como consecuencia de la mayor seguridad jurídica, aumentará el flujo de inversiones hacia el Distrito.

   Se elimina la posibilidad de denuncias, suspicacias e inequidad, al establecer una contribución que es conocida por todos los actores (no está sujeta a la discrecionalidad de ningún actor público o privado)

 


domingo, 10 de agosto de 2008

Sociedad Suicida

En el sistema público de salud de Pilar las cosas no están bien. ¿Alguna vez lo estuvieron? Quizás sí, pero de eso hace ya demasiado tiempo. ¿Qué nos pasa que como sociedad no reaccionamos? ¿Sólo nos mueve aquello que nos afecta de manera individual? ¿Más madres deben sufrir por ver que sus hijos no reciben la atención que merecen? No nos suicidemos. Exijamos el sistema de salud que nos merecemos.

En los últimos años, en la gestión de quien “llegó para curar a Pilar”, la salud está decididamente mal. El Hospital Central no tiene personal suficiente para que las guardias estén completas, y los profesionales y técnicos sienten temor a enfrentar juicios por mala praxis al tener que atender sin contar con todos los recursos necesarios.

Luego del holgado triunfo electoral obtenido el año pasado, el intendente Zúccaro arremetió contra los médicos del hospital, en particular contra aque­llos que denunciaban las inocultables falencias de su gestión.

Hartos de tanta promesa vana, los médicos decidieron profundizar el plan de acción que llevaban adelante. Así, convocaron a una marcha que fue apoyada por médicos de toda la provin­cia, y también por numerosas organiza­ciones sociales, gremiales y políticas.

Como un espejo del gobierno nacional (ver nota “Gobierno fractal”, El Diario Regional, 23/08/2006), el intendente no tuvo mejor idea que organizar su “contramarcha”, a la que asistieron de ma­­n­era compulsiva 2 tipos de mani­festantes: a la cabeza, funcionarios del sistema de salud, y detrás de ellos, empleados de las más variadas dependencias públicas. Fueron llevados, entre otros, municipales de Rivadavia 660 y también del obrador, todos disfrazados para la ocasión con el corres­pondiente guardapolvo blanco. Una verdadera vergüenza, no sólo por la manipulación de los trabajadores, sino además por la falta de voluntad del jefe comunal para resolver un conflicto que nos afectaba (y cada vez nos afecta más) a todos como sociedad (ver recuadro).

Luego de la movilización, cuando los globos negros que se lanzaron al aire habían ascendido hasta desaparecer de la vista, Zúccaro pretendió enfriar el conflicto anunciando que pondría a trabajar a un grupo de “notables” para que diseñaran una nueva carrera profesional sanitaria; de ese grupo formaron parte los doctores Miguel Caruso, Carlos Olivieri, Miguel Rosso, Federico Pazzi Pla y Marcelo Castillo. Como era previsible, todo se trató de un engaño: hoy, a ocho meses de entonces, la carrera médico hospitalaria sigue siendo un sueño que los trabajadores de la salud difícilmente vean concretarse mientras dure la gestión Z.

El éxodo de personal es incesante, pro­ducto de los bajos salarios, la discre­cionalidad zuccarista, y la facilidad para incumplir aquello de “igual tarea, igual salario”. Asimismo, se huele demasiada permisividad para que algunos cercanos al poder hagan sus negocios. Por caso, en diciembre de 2004 el intendente firmó el decreto 1782 convalidando un convenio entre la Municipalidad y el Dr. Jorge Del Río, actual Secretario de Salud (¿no está mal estar de los dos lados del mostrador?). Fue este mismo secretario quien días atrás reconoció la falta de equipamiento en terapia intensiva; a esa carencia y a la muerte las separan sólo la suerte.

Personalmente fui al hospital Sangui­netti la semana pasada, un día que en las guardias no tuvieron ni pediatra ni traumatólogo permanente. Además, hay un solo enfermero profesional, cuando en cada guardia debería haber muchos más; y un solo médico, cuando debería haber dos. Como dice la Dra.Sonia Lesyk, (los médicos) “tenemos voca­ción de ‘pacientes’ para admitir que nos pongan ministros (o secretarios) que no saben del manejo de políticas de salud, directores de hospitales amigos del poder, extraños que deciden cuánto dura y cuesta una consulta médica. Todo sin reaccionar”.

Vengo denunciando la crisis en el sistema de salud desde hace más de una década; de hecho, la palabra “salud” se menciona en las notas de mi blog (http://gabriellagomarsino.blogspot.com) 67 veces, más del doble que la palabra-problema “seguridad” (36 menciones), “corrupción” (35) y “transporte” (24).

La Dra. Mirta Ortega Sanz, titular de la AMPAC, se pregunta porqué, siendo que Pilar es uno de los distritos más ricos de la Provincia de Buenos Aires, tenemos hospitales precarizados, sin insumos ni personal adecuado. La respuesta es una incógnita, pero muchos sospechan que la falta de presupuesto se debe a que se destina mucho dinero a pagar servicios tercerizados Por eso, reclaman la inmediata puesta en marcha de un programa de despreca­rización laboral para el personal profesional y no profesional de la salud, equiparación salarial con base en el principio constitucional de “igual tarea, igual salario”, rechazo a las priva­ti­zaciones y tercerizaciones, y mecanis­mos de control para asegurar que los fondos que se obtengan se apliquen a fortalecer el primer nivel de atención.

Hace 22 años, el Hospital Sanguinetti de Pilar contaba con 3 ambulancias (una era unidad coronaria); con ellas se atendían urgencias médi­cas, visitas domiciliarias y traslados de enfermos. Por entonces nuestro Distrito registraba unos 100 mil habitantes, y el municipio funcionaba con 500 emple­ados. Hoy somos casi 300 mil habitantes, y hay unos 3000 empleados municipales.

Pero desde entonces, siempre nos gober­­naron lo mismos; es hora que dejemos de lado toda indiferencia, y nos comprometamos a reclamar lo que como sociedad nos deben: un sistema de salud pública digno y capaz de mejorar la vida de los pilarenses, sobre todo, de los que –por no tener otra cobertura- dependen exclusivamente de él.


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“El secretario de Salud de la Comuna, Jorge del Río, admitió ayer las falen­cias en el área de Terapia Intensiva del Hospital Municipal Juan Cirilo Sangui­ne­tti denunciadas el pasado jueves por médicos de ese establecimiento”.
“Al ser consultado por El Diario, el funcionario reconoció la existencia de sólo dos oxímetros y tres monitores en el sector de cuidados intensivos donde se encuentran internados 14 pacientes graves, y argumentó que el faltante de equipamiento es temporario y se debe a que hay instrumental en reparación producto de desperfectos técnicos ocasionados por el ‘normal desgaste’ ”. El Diario Regional de Pilar, 02/08/2008

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A propósito de los trabajadores muni­cipales, me pregunto dónde estaba hace un año Oscar Campofreda, titular del sindicato de trabajadores comuna­les, al que no se lo escuchó cuan­do decenas de sus compañeros fueron arriados a la contramarcha con disfra­ces de gale­nos; quizás estaba en el mismo lugar en el que está ahora, cuando el gobierno local anunció un “aumento” de cincuenta pesos a cada trabajador: en lugar de rechazar enfáti­camente la “mejora salarial”, Campo­freda la acepta y justifica, colocándose como “vocero” del inten­dente antes que como el gremia­lista que pretende ser.

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martes, 17 de junio de 2008

La seguridad de los pilarenses

Los últimos días no fueron buenos para los pilarenses: la escalada de asesinatos y secuestros nos transportó sin escalas desde el “paraíso de la buena vida al Bronx del Gran Buenos Aires”, según tituló un diario nacio­nal.
La situación convenció al intendente y a los concejales (oficialistas y oposi­tores) que algo tenían que hacer. Se supo que el gobierno planeaba volver a cobrar la “tasa de seguridad”.

La experiencia de los ‘90
La tasa de seguridad fue una tributación utilizada hasta hace algunos años para financiar al Comando de Patrullas, un organismo policial que tenía como objetivo patrullar las rutas del distrito. Era soportada por los vecinos que vivían dentro de urbaniza­ciones cerra­das, quienes financiaban con su dinero al sistema de seguridad pública. El pago de este impuesto le permitía a la Federación Argentina de Clubes de Campo tener una silla en el “Consejo Municipal de Seguridad”, instituto integrado también por autoridades policiales y municipales; el Concejo controlaba a la policía y desarrollaba planes de acción. Así, los planes se hacían a medida de quienes financiaban el sistema. Finalmente se dejó de lado en medio de acusaciones por falta de transparencia.

La propuesta de hoy
Quienes hoy pretenden reflotar la experiencia de los ‘90, dicen que la tasa que pagarían sólo los countries —y quizás también los comercios y las industrias— servirá para mejorar la situación; hablan de la posibilidad de adquirir “equipos para la policía” según dijo el concejal oficialista Roberto Fernández, o “combustible de los patrullajes”, en palabras de la lopez­murphista Marcela Campagnoli.
Que tener recursos económicos es mejor que no tenerlos, no cabe duda ninguna. Pero que la mejor forma de mejorar la seguridad de Pilar sea volviendo a cobrarles la tasa de seguridad a los countries, no está tan claro.

Seguridad para ricos, inseguridad para pobres
Hoy en día es habitual ver un gran despliegue de fuerzas de seguridad policial en las zonas de mayor concen­tración económica del distrito, como el Km. 50; en contraposición, en las zonas humildes jamás se ve tanto. Con la “tasa de seguridad” que se estudia, esta brecha de inequidad se agravará; quienes desde los countries aporten dinero para aplicarlo específicamente a mejorar la seguridad, van a exigirle al gobierno ni más ni menos que eso: que les de más seguridad; y si aportan “el combustible de los patrullajes”, preten­derán que al menos a ellos sí les patrullen. Mientras tanto, las zonas humildes de Pilar, aquellas donde viven los 80 mil pilarenses que no tienen agua en el baño —o que directamente no tienen baño—, aquellas que sufren los mayores índices de criminalidad, seguirán esperando en vano que la copa de la abundancia derrame seguridad y a que ellos les toque algo.

Las propuestas de los Concejales
Un concejal opositor del PRO —espacio político de centroderecha— se mostró en desacuerdo con la tasa de seguridad: “Primero hay que elaborar planes y después llevarlos a la Provincia para que los apliquen”, manifestó con un sentido común bastante inusual en el Concejo Deliberante.
La Concejal Marcela Campagnoli, que siendo lopezmurphista ingresó al delibe­rativo de la mano de la Coalición Cívica —espacio político cuya columna vertebral es el ARI, de centro­izquierda—, con ánimo de decir algo, propuso “tolerancia cero” y “sacar de la calle a los limpiacristales”; además, dijo estar de acuerdo en reflotar la tasa de seguridad que pagarían las urbanizaciones cerradas, decisión que no hará otra cosa que levantar un poco más los muros que separan el Pilar de los countries de la ciudad abierta.

La inequidad genera inseguridad
Al margen de lo que se realice desde el gobierno provincial, los expertos reconocen desde hace años la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y la delincuencia. También saben que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad. En lo inmediato, no tengo dudas —y así lo expresé varias veces en los últimos años— sobre una cuestión fundamental: que el espacio público presente condi­ciones disuasivas. En esto el municipio tiene toda la responsabilidad: desmale­zar, iluminar, que funcione con eficacia y con una frecuencia regular el servicio de trasporte público de colectivos, el de salud, y así siguiendo. Todo esto fue prometido por el gobierno tantas veces como le ha sido reclamado; nunca lo hicieron. Para hacerlo, el gobierno no necesita recaudar ninguna tasa más, porque —si supiera adminis­trar bien— lo podría hacer con lo que hoy recauda.

El origen de los fondos
Quienes reclaman una tasa de “afecta­ción específica” para un plan de “tolerancia cero”, deben saber que el plan que se aplicó en Nueva York se financió con un incremento general del impuesto inmobiliario, y un aumento generalizado del 12,5% en el impuesto a la renta municipal (similar a nuestro impuesto a las ganancias). Esto sí es progresismo fiscal: cobrar impuestos por las ganancias y el patrimonio, y no por vivir dentro o fuera de un country. Lo otro, lo de cobrarle a los vecinos de un barrio cerrado para darles seguridad, es tan retrógrado como cobrarles una tasa por alumbrado a las localidades según estén ilumi­nadas; o una tasa de salud pública a los barrios según tengan más o menos morbilidad, o una tasa por enseñanza en función del nivel educativo de la población de cada lugar. La seguridad es (o debería ser) un bien públi­co, igual que la salud y la educación; lo que debe hacer el gobierno es recaudar con equidad, y administrando el dinero con austeridad, debe brindar servicios públicos univer­sales, es decir, para todas y todos.

miércoles, 2 de abril de 2008

La Plaza del Sí

(EL DIARIO REGIONAL, 03/04/2008) En la tarde de hoy, cuando salía de mi trabajo para regresar a casa, tuve la posibilidad de ver un numeroso grupo de pilarenses en la Plaza de Mayo. Habían sido llevados por gobierno del intendente Zúccaro, aquél que decía encabezar un gobierno de “puertas abiertas” —pero que cajoneó el proyecto de Libre Acceso a la Información Pública que le presentamos junto con Mauricio Dorín y Pablo Guzmán en 2004—, y que ahora los obligaba a sostener un gran cartel con su nombre.

Mientras tanto, en Pilar, las puertas de las dependencias muni­cipales estaban cerradas. Era a causa de que empleados y funcionarios de la comuna mar­cha­ron —como en cada acto del gobierno nacional— para demos­trar “lealtad”: “si no voy, después seguro me la cobran”, me confesó un empleado municipal, preocu­pado por mantener su trabajo (y con él, la comida de su familia). Mi interlocutor, como cientos de mujeres y hombres que trabajan en la administración municipal, son doblemente víctimas: primero, de una precaria situación laboral —un millar de ellos son contra­tados—, y luego, son víctimas del “apriete” del gobierno para acompañar la “cadena de la felicidad” de la Presidenta.

Pero también somos víctimas quienes no trabajamos en la Municipalidad, y que por ende no fuimos arriados como ganado a la plaza por el autoritarismo zuccarista. Y es que la muestra de “lealtad” a la Presidenta nos costó —a los pilarenses— unos cien mil pesos del dinero de todos. Con ese dinero, el gobierno de Zúccaro podría haber reparado las instalaciones sanitarias de muchas escuelas que hoy someten a nuestros niños a utilizar baños químicos; o al menos podría haber construido decenas de refugios en las paradas de los colectivos, para que quienes utilizan tan lamen­table servicio no se empapen con cada aguacero; o podría haber instalado alarmas en todas las escuelas públicas, para así terminar —si esa fuese su intención sincera— con los per­ma­­nentes robos y el vandalismo.


Palabra de CFK
"Quiero en esta tarde, agradecer a todos los que se acercaron a la plaza, los que no están de acuerdo con el desabastecimiento y la especula­ción…", expresó la Presidenta.

La verdad, aunque me acerqué a la plaza sólo por razones circuns­tanciales, y no estoy para nada de acuerdo con el desabastecimiento, se que las leyes económicas no pueden ser modificadas con declamaciones; y lo que hizo este gobierno fue sólo eso: declamar, pero de acciones concretas, nada de nada; si el gobierno aprieta a los empresarios para que no aumenten sus precios, indefec­tiblemente pasan varias cosas: se produce desabastecimiento en el mercado “legal”, y surge un mercado negro, con precios muy superiores a los que habría de no haber intentado controlarlos. En el mediano plazo, nadie invertirá en producir bienes o servicios cuyo precio dependa de la discre­cionalidad de un burócrata; un claro ejemplo de ello lo esta­mos padeciendo con la crisis energética: años de precios controlados, lograron que se dejaran de lado las inver­siones que nos hubieran permitido sortear sin ningún inconveniente la mayor demanda de energía que enfrentamos hoy.

Línea de Conducta
"El compromiso es con el país, Argentina con inclusión social, Argentina por los que menos tienen, por los que todavía tienen hambre…", cerró Cristina Fernández su discurso.

Puede que el intendente Zúccaro, o su esposa Carmen, que se esforzaron por estar tan cerca de la Jefa de Estado, le lleguen a comentar que haber mandado a D’Elía y su patota a pegarle a ciudadanos que pacíficamente se manifestaban en contra de las políticas del gobierno, colaboró poco con “los que todavía tienen hambre”.

Quizás todos nuestros males sucedan por no tener gobernantes y políticos con convicciones. Por el contrario, a quienes nos gobiernan, tanto en la Nación como en Pilar, “cualquier colectivo los deja bien”, sea el liberalismo de los noventa, sea el intervencionismo actual.
O acaso Zúccaro, antes de ser kirchnerista, ¿no era concejal duhaldista? ¿y antes no fue concejal menemista?. Y el matrimonio K, cuando todavía habitaban en la Patagonia, ¿no elogiaba y llamaba “querido señor” al ex Presidente Carlos Saúl Menem?

Hace unos meses, antes de asumir su banca de concejal, alguien dijo que “lo importante es que uno mantenga una línea de conducta”; y muchos años atrás, el General Perón decía que “entre las diversas clases de incapacidad, la más peligrosa es la de los que conducen; y dentro de ésta, la falta de principios…”.

Para demostrar —como dice CFK— que “El compromiso es con el país, Argentina con inclusión social, Argentina por los que menos tienen, por los que todavía tienen hambre”, no sirve convocar a un acto con gente paga; empecemos a cumplir cada uno de nosotros con la parte que nos toca: votemos a personas que hagan obras, que no roben, pero que fundamentalmente tengan principios, convicciones y valores. Y recién entonces nuestro distrito comenzará a ser “Un Pilar Para Todos”.