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La seguridad de los pilarenses

Los últimos días no fueron buenos para los pilarenses: la escalada de asesinatos y secuestros nos transportó sin escalas desde el “paraíso de la buena vida al Bronx del Gran Buenos Aires”, según tituló un diario nacio­nal.
La situación convenció al intendente y a los concejales (oficialistas y oposi­tores) que algo tenían que hacer. Se supo que el gobierno planeaba volver a cobrar la “tasa de seguridad”.

La experiencia de los ‘90
La tasa de seguridad fue una tributación utilizada hasta hace algunos años para financiar al Comando de Patrullas, un organismo policial que tenía como objetivo patrullar las rutas del distrito. Era soportada por los vecinos que vivían dentro de urbaniza­ciones cerra­das, quienes financiaban con su dinero al sistema de seguridad pública. El pago de este impuesto le permitía a la Federación Argentina de Clubes de Campo tener una silla en el “Consejo Municipal de Seguridad”, instituto integrado también por autoridades policiales y municipales; el Concejo controlaba a la policía y desarrollaba planes de acción. Así, los planes se hacían a medida de quienes financiaban el sistema. Finalmente se dejó de lado en medio de acusaciones por falta de transparencia.

La propuesta de hoy
Quienes hoy pretenden reflotar la experiencia de los ‘90, dicen que la tasa que pagarían sólo los countries —y quizás también los comercios y las industrias— servirá para mejorar la situación; hablan de la posibilidad de adquirir “equipos para la policía” según dijo el concejal oficialista Roberto Fernández, o “combustible de los patrullajes”, en palabras de la lopez­murphista Marcela Campagnoli.
Que tener recursos económicos es mejor que no tenerlos, no cabe duda ninguna. Pero que la mejor forma de mejorar la seguridad de Pilar sea volviendo a cobrarles la tasa de seguridad a los countries, no está tan claro.

Seguridad para ricos, inseguridad para pobres
Hoy en día es habitual ver un gran despliegue de fuerzas de seguridad policial en las zonas de mayor concen­tración económica del distrito, como el Km. 50; en contraposición, en las zonas humildes jamás se ve tanto. Con la “tasa de seguridad” que se estudia, esta brecha de inequidad se agravará; quienes desde los countries aporten dinero para aplicarlo específicamente a mejorar la seguridad, van a exigirle al gobierno ni más ni menos que eso: que les de más seguridad; y si aportan “el combustible de los patrullajes”, preten­derán que al menos a ellos sí les patrullen. Mientras tanto, las zonas humildes de Pilar, aquellas donde viven los 80 mil pilarenses que no tienen agua en el baño —o que directamente no tienen baño—, aquellas que sufren los mayores índices de criminalidad, seguirán esperando en vano que la copa de la abundancia derrame seguridad y a que ellos les toque algo.

Las propuestas de los Concejales
Un concejal opositor del PRO —espacio político de centroderecha— se mostró en desacuerdo con la tasa de seguridad: “Primero hay que elaborar planes y después llevarlos a la Provincia para que los apliquen”, manifestó con un sentido común bastante inusual en el Concejo Deliberante.
La Concejal Marcela Campagnoli, que siendo lopezmurphista ingresó al delibe­rativo de la mano de la Coalición Cívica —espacio político cuya columna vertebral es el ARI, de centro­izquierda—, con ánimo de decir algo, propuso “tolerancia cero” y “sacar de la calle a los limpiacristales”; además, dijo estar de acuerdo en reflotar la tasa de seguridad que pagarían las urbanizaciones cerradas, decisión que no hará otra cosa que levantar un poco más los muros que separan el Pilar de los countries de la ciudad abierta.

La inequidad genera inseguridad
Al margen de lo que se realice desde el gobierno provincial, los expertos reconocen desde hace años la relación que existe entre las condiciones socio-económicas y la delincuencia. También saben que la tasa de criminalidad disminuye de la mano con la inequidad. En lo inmediato, no tengo dudas —y así lo expresé varias veces en los últimos años— sobre una cuestión fundamental: que el espacio público presente condi­ciones disuasivas. En esto el municipio tiene toda la responsabilidad: desmale­zar, iluminar, que funcione con eficacia y con una frecuencia regular el servicio de trasporte público de colectivos, el de salud, y así siguiendo. Todo esto fue prometido por el gobierno tantas veces como le ha sido reclamado; nunca lo hicieron. Para hacerlo, el gobierno no necesita recaudar ninguna tasa más, porque —si supiera adminis­trar bien— lo podría hacer con lo que hoy recauda.

El origen de los fondos
Quienes reclaman una tasa de “afecta­ción específica” para un plan de “tolerancia cero”, deben saber que el plan que se aplicó en Nueva York se financió con un incremento general del impuesto inmobiliario, y un aumento generalizado del 12,5% en el impuesto a la renta municipal (similar a nuestro impuesto a las ganancias). Esto sí es progresismo fiscal: cobrar impuestos por las ganancias y el patrimonio, y no por vivir dentro o fuera de un country. Lo otro, lo de cobrarle a los vecinos de un barrio cerrado para darles seguridad, es tan retrógrado como cobrarles una tasa por alumbrado a las localidades según estén ilumi­nadas; o una tasa de salud pública a los barrios según tengan más o menos morbilidad, o una tasa por enseñanza en función del nivel educativo de la población de cada lugar. La seguridad es (o debería ser) un bien públi­co, igual que la salud y la educación; lo que debe hacer el gobierno es recaudar con equidad, y administrando el dinero con austeridad, debe brindar servicios públicos univer­sales, es decir, para todas y todos.

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