sábado, 16 de octubre de 2010

Depredadores


Confieso que no sabía del alambrado que corre a lo largo de Leandro N. Alem, calle que separa el Barrio abierto El Buen Amigo del Mapuche C.C. Fue colocado por el country hace alrededor de un año, no sobre la línea municipal, sino usurpando unos 3 metros de espacio público. Habría sido puesto con el visto bueno del gobierno: “Sí, justamente eso es lo que nosotros solicitamos (a la Municipalidad) permiso para hacer”, reconoció el gerente de Mapuche.

Por si fuera poco, la semana pasada una mayoría de concejales levantaron sus manos para aprobar la cesión a favor del country de más veredas, esta vez sobre la calle Derqui. Esta calle motivó una denuncia que publiqué el 1º de diciembre de 2004 (“La gran estafa”): “A los vecinos de la calle Derqui, arteria que hasta ahora une la Ruta 8 con la colectora de Panamericana entre el Country Mapuche y su campo de deportes, no les irá bien: el municipio decidió vender unas cuadras de dicha calle al country, de modo que los vecinos no podrán utilizarla; para llegar a Panamericana, deberán hacer unas cuantas cuadras más”.

Aunque la situación aquí planteada se refiere al country Mapuche, está lejos de ser inusual. Pareciera ser que la ley contiene con sus límites a algunos, pero no logra alcanzar a demasiadas urbanizaciones cerradas de Pilar, para quienes las normas son un obstáculo que debe ser sorteado. Convalidados por distintas administraciones gubernamentales tanto provinciales como locales, casi ningún emprendimiento privado respetó los 7 kilómetros de separación entre sus puntos más cercanos que establece la Ley provincial 8912 de 1977. Tampoco respetaron los 7,5 metros de franja perimetral mínima, que es mandatoria, siempre que el country no tenga resuelta su circulación perimetral. En casos como el de Mapuche y la calle Alem, el Estado ya le había otorgado al country la concesión de no tener que dejar dicha franja en su interior. Pero que ahora Mapuche pretenda además una franja de vereda pública, resulta cuanto menos abusivo. Y hablando de abusos, mire el lector a su alrededor cuántos emprendimientos construyeron la obligada vereda perimetral: no va a encontrar demasiados. En los pocos casos que sí lo hicieron, como el Mayling C.C., cometieron el desatino de publicitar su “obra” con un cartel que reza “Este sendero es un aporte a la comunidad de Mayling C.C.” (nada que envidiarle al intendente Zúccaro y la arrogancia de pintar su nombre hasta en las ambulancias). Para colmarlos de “concesiones”, el municipio analiza en estos días destinar recursos municipales a monitorear las cámaras de vigilancia que poseen las urbanizaciones cerradas.

Me pregunto porqué quienes gobiernan consideran que los bienes —que deberían administrar con prudencia mayúscula— les pertenecen, y pueden disponer de ellos a su antojo? Decía Perón que “los muchachos son buenos, pero si se los controla, son mejores”, refiriéndose a la conveniencia de establecer mecanismos de control gubernamental. Después de 7 años, y considerando las permanentes excepciones y “vista gorda”, queda claro que tanto el intendente Humberto Zúccaro como sus concejales y los otros (pretendidos opositores que comparten con los ediles oficialistas “la misma vereda”) son muchachos que nadie controla, y muchos dudamos que sean buenos.

martes, 12 de octubre de 2010

"Prohibido olvidar"


La semana pasada, y con casi un año de demora, la Municipalidad de Pilar puso en funcionamiento el sistema de cámaras de seguridad.
El acto de inauguración se organizó al detalle, como para asegurar una tapa de los diarios más que favorable al gobierno. Estaban todos: el Intendente de Pilar Humberto Zúccaro, el Ministro de Seguridad Ricardo Casal, el Gobernador Daniel Scioli, representantes de los foros vecinales de seguridad, concejales oficialistas, y otros que no lo son tanto (sería exagerado llamarlos “opositores”). Estos perpetuos habitantes de los escenarios oficiales deben haberse sentido más que satisfechos: estaban poniendo en marcha nada más y nada menos que al sistema de cámaras de seguridad, cuestión que —presuponen muchos— viene a dar respuesta al clamor ciudadano por mayor seguridad.

Sin salida
Hace años, un reconocido abogado penalista afirmaba en una columna publicada en El Diario Regional, que en la Provincia de Buenos Aires la financiación de la política “se logra a través de la recaudación naturalmente ilegal de la policía”, y continuaba diciendo que “La policía provincial es utilizada para recaudar, y esos fondos que suben, sin duda llegan al brazo político”; finalmente, concluía, “más allá de que otro problema mayúsculo sea la gran exclusión social”,… “si el mecanismo de recaudación sigue siendo el mismo, a partir de los requerimientos de aparatos partidarios, no hay salida”.
Será por esa sospechada complicidad con la política, que siempre sobrevuela cuando se analizan las raíces del delito, que las autoridades gubernamentales se muestran muy susceptibles a los reclamos. Como cuando un grupo de amigos de Matías Berardi se aproximó al acto con dos estandartes con la leyenda “Matías, prohibido olvidar”. Los adolescentes esperaban, con ese reclamo, vencer la perversa dinámica por la cual una muerte permanece en la agenda de las autoridades sólo hasta que una nueva víctima cae, y desplaza a la anterior. Así, cuando Walter, el viudo de Sandra Almirón asesinada en Pilar a fines del año pasado, se reunió con la Presidenta Cristina Fernández, dicen que —mostrándole una fotografía de Sandra— le pidió “Mire esos ojos. No deje de mirarlos. Para no olvidar nunca cuál es su responsabilidad”.
Walter tuvo en cierta forma “suerte”: pudo expresarle su reclamo a la primera mandataria. Los amigos de Matías, en cambio, no la tuvieron: mientras el gobernador repetía desde el escenario que se sentía orgulloso cuando “nos preocupamos de la problemática de los jóvenes”, a pocos metros de allí un grupo de funcionarios y patoteros a sueldo público lo desmentía, amenazando y obligando a los jóvenes a guardar sus dos carteles, mientras los maltrataban con inesperada prepotencia: “Mejor que se vayan porque la van a pasar mal”. Toda la escena transcurrió frente a numerosos trabajadores de prensa, que también recibieron advertencias: “Dame la cámara porque si esto sale en algún lado vas a cobrar”, solicitaron los “gurkas” paraestatales.
Es paradójico que hace algunos meses, en una de las primeras y más exasperadas convocatorias de “Justicia para Sandra”, Zúccaro colara a un empleado municipal sosteniendo un cartel con la leyenda “Sra. Presidenta, Sr. Gobernador, hagan algo o renuncien”. En el acto de la semana pasada, los amigos de Matías no pretendían mostrar una leyenda tan osada; sólo deseaban que nadie se olvidara de su amigo. Y aunque sin poder sostener en alto sus carteles, lo lograron: al día siguiente El Diario Regional denunciaba en su tapa: “Scioli inauguró las cámaras pero recibió reclamos”.

jueves, 7 de octubre de 2010

Dominó mortal

Que la inseguridad golpea día tras día sobre la geografía de nuestro País es algo que por recurrente ya casi dejó de ser noticia. Tampoco es noticia el desconcierto de los vecinos, que como en un trágico juego de dominó, ven caer literalmente a las víctimas de la inseguridad, deseando no ser ellos los próximos.

Es cierto que para reducir el delito hace falta que nos comprometamos todos, como afirmó el Gobernador Scioli anoche, al inaugurar el centro de monitoreo de Pilar. Lo que nadie dijo en ese escenario es que en la lucha contra el delito hay distintos grados de responsabilidad, y los funcionarios públicos, sea el gobernador, sea el Intendente, tienen una responsabilidad mucho mayor.

Pareciera que, o bien no tienen la voluntad de comprometerse, o piensan que es mejor no hacerlo. Me consta la inacción gubernamental, porque de manera formal he presentado una gran cantidad de propuestas para mejorar la seguridad, y sólo se atendieron algunas y en forma acotada; una de ellas fue pedirle al municipio que le exija a las empresas de colectivos que circulen toda la noche, y con una frecuencia adecuada. No se trata de “inventar la rueda”, sino simplemente, que el Intendente Humberto Zúccaro haga cumplir las ordenanzas que él mismo promulgó: desde 2005 convalidó jugosos aumentos de boleto, a cambio de que los colectivos funcionen toda la noche, y a horarios regulares. Cinco años después, los boletos son más caros, se redujeron las secciones, y algunas líneas dejan de funcionar apenas entrada la noche. De ahí a que existan más delitos contra las personas, hay un solo paso: si cualquiera de nosotros tiene que esperar la llegada de un colectivo durante 40 minutos (y cualquiera que utilice colectivos en Pilar sabe que esto es así), estará expuesto a un riesgo mucho mayor de ser víctima de la inseguridad, que si tuviera que aguardar, por caso, unos 15 minutos. En este punto no hay responsabilidad de la Provincia ni de la Nación; es la Municipalidad Del Pilar quien tiene  a su cargo la concesión y control de las líneas de colectivos locales (las “500”: 501, 510, 507, etc.). Sólo se necesita “voluntad política”, que parece ser un bien más bien escaso cuando se trata de implementar acciones efectivas.

Ahora aseguran que las cámaras son muy efectivas. Desde ya que lo son. Pero también lo eran en 2006, cuando algunas entidades intermedias le pidieron al jefe comunal que las instale, y el médico los subestimó insinuando que la propuesta era “una payasada”.
No importa ya saber cuantos crímenes se hubieran evitado si las cámaras se hubieran comenzado a instalar hace 4 años, y si las condiciones del espacio público fueran otras, con buena iluminación, baldíos desmalezados, veredas en condiciones… y colectivos funcionando, pero importa actuar ahora para frenar este dominó mortal.