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Sálvese quien pueda

Desde hace años, la mayor preocupación que empareja a los argentinos, sobre todo de aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires o en alguna otra de las que, como Pilar, integran su conurbano, es la inseguridad; la angustia de salir de casa por la mañana, rezando para que a la noche podamos reencontrarnos con nuestros seres queridos, no distingue clases sociales; da lo mismo que uno habite el más exclusivo country de Pilar, o el más modesto de sus barrios, esos a los que el ingenio popular ha definido como “privados” porque carecen de servicios tan básicos como el agua potable, las cloacas o el transporte público. Ni hablar de la seguridad.

En situaciones críticas, los seres humanos sacan a la luz lo mejor y lo peor de lo que son capaces. Abundan ejemplos de personas que se inmolaron para salvar a otros de la horrorosa tragedia de una guerra, y también abundan casos opuestos, ejemplos repudiables del nefasto “sálvese quien pueda”. Paradójicamente, el “sálvese quien pueda” logra en épocas como la actual cierta mirada benevolente, que justifica lo que desde todo punto de vista está mal.

Si algo tiene Pilar que debería haberse resuelto hace tiempo, es la evidente desintegración social, que el gobierno zuccarista profundiza, desoyendo el profundo clamor del General Perón en 1973: “a esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”. Los egoístas de Pilar (los que están el gobierno y los que no), parecen desconocer que el individualismo, la inequidad, y su fruto, la exclusión, son el principal componente de una sociedad con elevados índices de criminalidad. Por eso las únicas políticas capaces de lograr una sociedad sin violencia, son aquellas que se orientan a achicar la brecha social, a tender puentes que unen, brindando servicios públicos y derechos para todos.

Que la semana pasada, ante el hecho consumado de la usurpación flagrante de la vereda de la calle Alem, en La Lonja, por parte del Country Mapuche, el gobierno haya “respondido” legalizando el delito, permitiendo a través de una ordenanza que, a cambio de dinero, Mapuche continuara ocupando la vereda que debería ser por siempre utilizada por los vecinos “de a pie”, es sencillamente vergonzoso. ¿Cómo es posible que los legítimos representantes del pueblo enajenen un bien público tan esencial como una vereda? ¿No saben los concejales que aprobaron ese mamarracho normativo que la calle Alem es de tierra, y el uso de su vereda es imprescindible para cualquier persona que se desplace a pie desde la ruta panamericana hacia la ex ruta 8, o viceversa? ¿Cómo es posible que decidan que una vereda puede ser “vendida”? ¿Nunca se enteraron de que tamaño despropósito aprobado en el recinto del HCD conlleva una actitud autoritaria,  y discriminadora, pero fundamentalmente, generadora de violencia?

Si el Intendente llegara a sancionar la “genialidad” aprobada por sus ediles, deberá tener en cuenta que estará borrando con el codo lo que firmó con su mano, porque la seguridad no es un don que se puede reclamar golpeando las puertas de la gobernación (como el asfalto de las calles), sino que es un bien que se construye día a día, gestionando los bienes públicos para que siempre beneficien a la mayoría por sobre los intereses mezquinos de los grupos de poder, o de sus adláteres en el gobierno municipal.

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