Ir al contenido principal

Instalación de nuevas cadenas de supermercados

(DIARIO RESUMEN, 06/01/1997) Consideraciones acerca de las medidas que la SCIPA reclama al gobierno comunal a fin de impedir la instalación de nuevas cadenas de supermercados

Deseo hacer algunas reflexiones sobre la actitud de la SCIPA ante la instalación de nuevas cadenas de supermercados en Pilar, tratando de que se legisle para impedirla o al menos postergarla.

Los efectos de una eventual legislación que regule la instalación de nuevos supermercados en Pilar puede ser analizada a través de la denominada “economía de la regulación”, desarrollada por George Stigler (1971) y Sam Peltzman (1976); este enfoque asume que el rol principal de las regulaciones del Estado no es corregir imperfecciones de mercado sino redistribuir ingreso. Por otra parte, los comerciantes, así como cualquier otro grupo social, por poseer ciertas características comunes entre sí son considerados demandantes en potencia de regulaciones; claro que cualquier regulación que el Estado establezca no será neutral en términos redistributivos: beneficiará a algún grupo de interés, y por ende, perjudicará a algún otro.

Si asumimos que el gobierno (sea nacional, provincial o municipal) “ofrecerá” regulaciones al grupo que esté dispuesto a pagar un mayor “precio” por ellas, y que las acciones del mismo gobierno están dirigidas a maximizar el bienestar de la sociedad, se deduce que la oferta de regulaciones por parte del gobierno tendería a satisfacer la demanda de los consumidores, por constituir éstos el grupo demandante de mayor importancia en términos cuantitativos. Es simple identificar al otro grupo de demandantes: el comercio minorista.

Debemos preguntarnos si serán los consumidores el grupo dispuesto a pagar el mayor precio para que se regule según sus intereses. Que éstos constituyan el grupo más numeroso representa un handicap antes que una ventaja, puesto que en términos del beneficio ante una regulación favorable, el ser un grupo muy numeroso actúa disminuyendo el interés individual, y en consecuencia no estarán dispuestos a pagar un alto precio. Por otra parte están los comerciantes, que por constituir un grupo mucho más reducido soportan un costo individual substancialmente mayor, razón por la que estarán dispuestos a efectuar más esfuerzo en términos de “aportes” (en sentido amplio) en favor de quienes legislen según su conveniencia sectorial.

Por lo tanto, resulta interesante analizar que el gobierno comunal se verá tentado de dar un mayor peso en sus regulaciones (o falta de ellas, lo que constituye una regulación en sí misma) a la voz de los comerciantes (o a la de cualquier otro grupo demandante de regulaciones), sin que por ello se esté gobernando en beneficio de la mayoría.

Por otra parte, surge un perjuicio que afecta a los consumidores locales de menores recursos, y que se relaciona con la denominada elasticidad de su demanda, que presenta características claramente diferenciadas con respecto a la elasticidad de la demanda de los sectores de mayores ingresos: para éstos últimos es alta, ya que pueden comprar en cualquier comercio de nuestra ciudad o de otra, pero para los primeros es prácticamente inelástica, puesto que no tienen las mismas facilidades para acceder a otros mercados, y por ende se ven perjudicados al tener que gastar una porción más elevada de sus magros ingresos en comercios poco competitivos en términos de precios y servicios ofrecidos a sus clientes.

El gobierno municipal debe dar una respuesta a los reclamos de la SCIPA, pero no debe desconocer que los costos económicos que resultan de impedir el funcionamiento de los mercados competitivos en nombre de la equidad o de algún otro objetivo valioso, son generalmente mayores que el beneficio que reciben los agentes a los que se pretende proteger.

Entradas populares de este blog

Fotomultas

Esta mediodía el HCD aprobó la ordenanza que convalida el convenio entre la Municipalidad y la UTN, referido a las fotomultas. Desde el Encuentro Pilarense, creemos que todos los argumentos referidos a la necesidad de propender a una mayor seguridad vial, y a la disminución de la siniestralidad, son plausibles. Pero no así, la distribución de la recaudación que plantea el acuerdo. Si “el convenio es así”, como se esgrimió, pero no garantiza (o lo hace de forma dudosa) los intereses de nuestro pueblo, lo más conveniente sería modificarlo, antes de aceptarlo “a libro cerrado”. Varios ediles cuestionaron hoy la transparencia del convenio, planteando que detrás de la cámara empresarial que nuclea a las empresas de fotomultas, existen intereses espúreos y conflictos de intereses. Sabemos que ninguna de estas críticas es verdadera. Pero justamente por esa íntima convicción, creemos que hubiera sido mejor que el expediente se volviera a comisión hasta agotar la discusión. Lo creemos porque…

Usurpaciones V.I.P.

El Club de Campo Carmel, tanto como otros emprendimientos, utilizan como propia una calle pública, El Ñandú. Son 7,5 metros de ancho, por unos 1.000 metros de largo: a valores de mercado cuestan unos DOS MILLONES de dólares. Si el country tuviera que pagarle a la Municipalidad una compensación por haberse apropiado de un espacio público, estaríamos hablando de unos SEIS MILLONES DE PESOS anuales, sólo en concepto de intereses. Hacer realidad viviendas, calles, plazas, lugares no discriminatorios... no requiere de grandes inversiones, sino de conciencia y determinación para llevar a la práctica políticas urbanísticas, a veces, tan sencillas, como... CEDER al Estado lo que es de todos. .

Diálogo honesto. Propuestas que suman.

Esta mañana recorrimos calles y comercios de Pilar Centro: GRACIAS a cada vecino que con generosidad compartió con nosotros unos minutos de su día, contándonos sus inquietudes, preocupaciones y alegrías. Nosotros, los hombres y mujeres del Encuentro Pilarense, entendemos que ésa es la única manera en la que mejoramos la vida de cada familia: con la PARTICIPACION de todos!