sábado, 29 de enero de 2005

La vida por una cuadra de asfalto

(EL DIARIO REGIONAL, 01/2005) A pesar de sus posibles efectos nocivos, hoy en día las antenas —como las líneas eléctricas— son un mal necesario. Sin embargo, en la mayor parte del mundo se aplica el denominado principio de "evitación prudente", que se basa en que existiendo "indicaciones verosímiles" de que las exposiciones crónicas a radiaciones no ionizantes pueden ser nocivas, se deben "mantener las exposiciones tan bajas como resulte técnicamente posible y económicamente sostenible."

En el año 2000, por caso, la Municipalidad de Córdoba ordenó desmantelar una antena instalada en el patio de un colegio, al tiempo que creó una comisión para evaluar los impactos ambientales y sociales de las torres, integrada por funcionarios municipales, representantes de las empresas de telefonía, de universidades, y hasta de la Fuerza Aérea.

En Pilar los asuntos se resuelven sin tanta burocracia; cien mil pesos es demasiado dinero como para desaprovechar, aunque en términos de la tan ausente y necesaria obra pública, alcanzaría para hacer una sóla cuadra de hormigón con cordón cuneta.
Después de todo, si el día de mañana algún niño se enferma de leucemia por culpa de las antenas, quienes anoche apoyaban su instalación no estarán en el Concejo Deliberante para responder ante sus padres.

La inauguración de un centro de salud (o de un sillón odontológico) está indefectiblemente acompañada por la colocación de una placa con el nombre del intendente de turno, quizás con el ánimo de que la posteridad lo recuerde siempre.

Invito a los Concejales que apoyan la instalación de antenas, a que en caso de instalarse, coloquen una placa al pie con sus nombres en bajorelieve. Así, podremos recordarlos también a ellos, y si algún día se repite con los campos electromagnéticos el trágico accidente de República Cromagnon, tendremos los nombres de los responsables aquí mismo, al alcance de la mano.

jueves, 27 de enero de 2005

Estafa

Según nuestro Código Penal, comete el delito de estafa quien, con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".

Para el común de los mortales, estafa es simplemente sinónimo de engaño y defraudación. Y precisamente de defraudación es la sensación general luego de conocerse el resultado de la licitación por el transporte público en Pilar.
Los recorridos licitados seguirán en manos de las mismas empresas, que semana a semana alimentan la sección de cartas de lectores de la mayoría de los medios locales, y no precisamente con elogios.
¿Era éste acaso el resultado esperado, luego de haber sobreactuado la propuesta gubernamental al problema de los colectivos?. Por el discurso oficial, El Diario tituló meses atrás que “El Municipio diseña el transporte que viene” con la colaboración de expertos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Fueron estos “expertos” los que diseñaron el recorrido Derqui-Villa Rosa, por el que nadie presentó oferta ninguna? ¿fueron estos cerebros privilegiados quienes establecieron un valor de diez mil pesos para adquirir cada pliego?. Puesto en términos de los ingresos que obtendrían los empresarios que resulten adjudicados, pagar esa cifra equivale a gastar los boletos cortados en una unidad a lo largo de todo un año de trabajo. ¿Por qué no se fijó un valor acorde a la realidad económica?. “Los pliegos no eran demasiado baratos, salían diez mil pesos..." se lo escuchó decir a Pablo Martínez, explicador oficial de lo inexplicable.
El saludable mecanismo de audiencias públicas, en el que cada actor involucrado puede decir lo suyo, hubiera sido la mejor opción. En cambio, los honorables concejales decidieron no consultar a los usuarios, mientras le regalaban diez puntos de ventaja a las prestatarias actuales.
Otro funcionario municipal de nivel medio aseguró que “todo esto se hizo para mostrar que se hace algo, pero sin cambiar nada”; por su lado, El Subsecretario del área de transporte dijo que “estaba previsto no joderle la vida a nadie”. A juzgar por los resultados, los únicos que no habrán visto su vida perjudicada serán Zúccaro y algunos funcionarios y concejales adictos, que irónicamente no suelen movilizarse en transporte público. Pero para quienes sí utilizan el servicio, el cambio puede ser para peor. Tampoco las empresas ven razonablemente garantizadas las inversiones que realicen, porque las tarifas —cuyo aumento fue aprobado por el HCD— serán "arregladas" luego que las ofertas sean "evaluadas meticulosamente".
El Reglamento de Contabilidad, sobre el tema de la adjudicación de las licitaciones públicas como la realizada, establece que "recaerá en la oferta más conveniente que se ajuste a lo pedido. A calidad igual, se preferirá la de más bajo precio", y agrega que podrá adjudicarse excepcionalmente por razones de mejor calidad, siempre que se determine con fundamento que la mejor calidad compensa la diferencia de precios. Siendo así lo que indica la Ley, ¿por qué razón los Concejales le regalaron diez puntos de ventaja a las empresas que actualmente prestan el servicio? Ningún funcionario del ejecutivo ni Concejal supo dar una explicación aceptable: "es lo que se estila", intentaron justificar. Otra actitud que defrauda las expectativas de los vecinos, es la de transmitir la idea de que el gobierno no tiene la posibilidad de corregir la situación. El Reglamento de Contabilidad dice que en caso de haber una sóla oferta, el jefe comunal puede —pero no está obligado a hacerlo— aceptarla con autorización del Concejo. En caso contrario, puede efectuar un segundo llamado. Finalmente, el Intendente no está obligado a aceptar oferta alguna.
Si la tan mentada integración fuera para Zúccaro algo más que una propuesta de campaña, debería llamar nuevamente a licitación, vendiendo los pliegos a valores razonables, y anulando el inexplicable "privilegio" de los diez puntos a favor de las actuales prestatarias. Si no lo hace, será porque su gobierno sigue decidiendo en función de las necesidades de los "amigos de la casa" y no de las necesidades de los vecinos.

sábado, 8 de enero de 2005

Dirigencia de media sombra

En abril del año pasado, el Honorable Concejo Deliberante aprobó a las apuradas una Ordenanza para instalar confiterías bailables, pubs y bailantas sobre la Ruta 8.

Garantías
Por aquellos días del invierno pasado, un funcionario afirmó en FM Plaza que se colocaría un importante operativo policial tendiente a “evitar accidentes y disturbios”. En el recinto del HCD, el Concejal Carlos Olivera dijo: “...vamos a tener que seguir trabajando sobre esta zona para que la misma cuente con todas las garantías de seguridad para que la juventud de Pilar pueda salir a disfrutar la noche...”.
Para el lector desmemoriado, vale recordar que Carlos Olivera, junto con el Concejal Roberto Fernández, fueron quienes organizaron el “dudoso” Congreso Latinoamericano de Concejales, asegurando que iba a tener consecuencias más que positivas para la gente de Pilar; pero los únicos beneficiados parecen haber sido ellos, que durante varios días disfrutaron de agasajos y brindis con el dinero que aportaron algunas empresas (siempre generosas cuando de “ayudar” a los funcionarios se trata).
Ya en agosto pasado, luego de la férrea oposición a la instalación de bailantas por parte de centenares de vecinos, el gobierno de Zúccaro suspendió por 180 días su instalación (pero no la de boliches y pubs). ¿Y las garantías de seguridad de las que hablaba Olivera? bien, gracias.
A fines de febrero se cumplirá el plazo de suspensión que la presión vecinal le arrancó al intendente. Y a pesar de que ya se han instalado varios pubs, hasta ahora nadie vio materializadas las “garantías de seguridad” que prometía el Concejal Olivera. Esperemos que el jefe comunal no fuerce una tragedia al permitir que se instalen bailantas sobre rutas, algo que en otros municipios está explícitamente prohibido.

Culpables

Las cosas no ocurren por azar: el tsunami que mató más de 150 mil personas en Asia fue un fenómeno de la naturaleza, inevitable. En cambio, detrás del incendio del boliche de Once, hay culpables. Como también hay culpables detrás de otras situaciones, que no por eternas son menos graves (son en realidad distintas formas de la corrupción): los políticos que hablan de transparencia pero que “llegan” negociando entre sombras, los funcionarios que hablan de “puertas abiertas” pero que no se animan a reglamentar el libre acceso a la información pública, y los empresarios que hablan de equidad pero que no pagan sus impuestos, condenando así a que el tercio de pilarenses que se cayeron del mapa, nunca más vuelvan a subirse a él. Y si lo intentan, ahí están esperándolos para hacerlos caer nuevamente, ya sea pisándoles los dedos que aferran con desesperación, o vendiendo (y comprando) alguna calle pública para que no puedan utilizarla nunca más.
No son los nombres de estos culpables los que aquí importan, porque más temprano que tarde la sociedad los reconocerá. Sí importan las víctimas, porque con dirigentes y concejales de alambre y media sombra, sospecho que víctimas somos todos.

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