miércoles, 23 de agosto de 2006

Gobierno fractal

(EL DIARIO REGIONAL, 23/08/2006) Benoit Mandelbrot es un octogenario matemático de origen polaco que desarrolló una nueva geometría basada en “fractales”. El concepto sirve para describir mejor los contornos irregulares y aparentemente caóticos del mundo que nos rodea: sus fórmulas permiten estudiar la configuración de árboles y nubes, cordilleras y costas, células y órganos, compuestos químicos y galaxias.

Mandelbrot encontró patrones, y esos patrones tienen un carácter "fractal": a grandes rasgos, las formas están hechas de pequeñas copias de sí mismas y sus partes son similares al todo: son parecidas pero a una escala menor. "Si usted observa un árbol de lejos, ve eso, un árbol. Si se aproxima, ve una rama. Pero la rama es muy parecida a un pequeño árbol", afirma el científico polaco.

La teoría de los fractales permitiría entender lo que sucede en Pilar: tras años de reclamar para que se apruebe una ordenanza que reconozca a la información como un derecho y no como una concesión graciosa ofrecida por el gobierno de turno, el acceso a la información pública sigue siendo otra de las promesas incumplidas (y van…).

Según lo informado por El Diario Regional en su edición de ayer, el "ranking de apertura" elaborado por un instituto privado, el IERAL, da cuenta de que nuestro gobierno “de puertas abiertas” —como le gusta autocalificarlo el intendente Humberto Zúccaro— es en realidad un “caso extremo” de “puertas cerradas”, el segundo de los cien casos analizados, siendo superado sólo por la Ciudad de La Rioja.

En el Concejo Deliberante de Pilar las cosas no están mejor. Durante una entrevista que le realizaran por FM Plaza al Concejal Carlos Olivera, hace algunas semanas, afirmó tramposamente que “hay una Ordenanza General, la 267, que te marca el paso de cómo iniciás un expediente, con una nota simple solicitando (la información pública) por mesa de entrada”. Como si poder conocer cómo se seleccionaron los proveedores que cotizaron por la construcción de la peatonal sobre la calle Rivadavia, o cuánto se les paga a los médicos contratados, fuera una tarea más que simple, el jefe de la bancada zuccarista en el Concejo fue más allá: “¿Quién te dijo que no está esa legislación?”, le inquirió al periodista con una inocultable carga de soberbia, típica del gordito que en la cancha del barrio se sabe el dueño de la pelota.

El estudio del IERAL confirma que lo dicho por Olivera no pertenece al campo de la realidad, sino más bien al de la ficción, y que el gobierno zuccarista no brinda la información que se le solicita como debiera.

A nivel nacional, el gobierno de Kirchner ha declamado ser también “de puertas abiertas”, pero cuando hace un año el saludable proyecto de ley de libre acceso a la información pública pasó por el Senado, hizo lo imposible para desvirtuarlo.

Como los fractales de Mandelbrot, el gobierno local es —en cuanto a la transparencia— una pequeña rama del gobierno nacional. El patrón de falta de apertura de uno, se replica en el otro como las formas del árbol y sus ramas. A su vez, a nivel de la gestión municipal de Pilar, tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante, replican también idénticas mañas.

Al observar un gobierno poco transparente de lejos, se ve un gobierno poco transparente. Pero si uno se aproxima, podrá ver al gobierno municipal, muy parecido a un gobierno poco transparente.

domingo, 6 de agosto de 2006

Rehenes

(EL DIARIO REGIONAL, 06/08/2006) El viernes pasado fue un día halagador para los pilarenses que todavía no se jubilaron por falta de aportes, a pesar de haber alcanzado la edad para hacerlo. En un acto “importante” —no tanto por lo que se les anunció a los concurrentes, sino por la cantidad de funcionarios que subieron al escenario— se puso en marcha un programa por medio del cual unas 5000 personas cobrarán una jubilación.

Como para despejar cualquier suspicacia, el titular de la ANSES —que encabezó el acto— dijo que (con el lanzamiento del programa) “sacamos al jubilado de la situación de rehén, donde la dan un bolsón o un subsidio y lo ponemos en situación de derecho”.

Pero, profundizando en las características del anuncio, nos enteramos que no todos quienes tengan la edad para jubilarse recibirán su jubilación. No, eso sería demasiado pedir para un gobierno que ha hecho del clientelismo político su marca registrada. Los nombres de los beneficiarios de este nuevo programa surgirán de un censo que realizará la Dirección de Acción Social, dependencia a cargo de Gladis Zúccaro, que por estas horas está siendo tentada para integrar la lista de candidatos de la aún no admitida campaña “Zúccaro 2007”.

¿No existen demasiadas posibilidades de hacer —como ya es habitual que suceda— un uso clientelar del beneficio jubilatorio anunciado el viernes? ¿no sería mejor que la asistencia estatal fuera universal, es decir que alcanzara a todos, y no a “algunas personas de los sectores más desprotegidos”? ¿cómo confeccionará la dependencia liderada por la hermana del alcalde un listado de pilarenses comenzando por “el más desprotegido” y siguiendo por los demás según su grado de “desprotección” hasta el número 5000?

En Pilar había a fines de 2005 unos 40 mil beneficiarios de la asistencia estatal. De ellos, más de 10 mil cobraban el Plan Jefes y Jefas, que era monitoreados por el Consejo Consultivo local, algo así como la escribanía del intendente, que daba fe de que todo todos los procedimientos se cumplían con la máxima transparencia. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, aseguró por entonces que “desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes, que a cambio de no sacarles el Plan Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas”. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales estaba cooptado por los intendentes.

Impuestos
Si los gobiernos oportunistas podían presionar a los pobres con la entrega de bolsones de comida, o la quita del beneficio social, ahora también podrían llegar a “comprar” a los no pobres: el mismo día que se inauguró la ANSES, se conoció que el gobierno provincial está proponiendo levantar el secreto fiscal, mediante la firma de convenios con las municipalidades. Así, un municipio como Pilar podría disponer de información sensible (y legitimación) para presionar a contribuyentes morosos, no ya de tasas municipales, sino de tributos de la provincia.

Un hipermercado (o una industria) que adeudare alguna cuota del impuesto inmobiliario, por ejemplo, podría ser “invitado” a “colaborar” con tal o cual campaña re-eleccionista, bajo pena de sufrir más que con las siete plagas bíblicas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, “darles información a otros organismos (como las municipalidades) sería una arbitrariedad”.

Claro que de arbitrariedades, de apariencias y de promesas falsas, nuestra vida política está llena. Y de personas inocentes que se las creen, también. Quizás sea hora de que unos y otros relean un poco a Perón: “El éxito se elabora y construye sobre la realidad y no sobre las falsas apariencias, por halagadoras que estas sean”.

martes, 1 de agosto de 2006

Semi-transparentes

(EL DIARIO REGIONAL, 01/08/006) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a información relativa a la gestión estatal, a la que tienen derecho todas las personas, tiene el riesgo de promover la corrupción dentro de los órganos del Estado debilitando así las democracias".

Mucho se ha dicho desde la administración pública sobre el flagelo de la corrupción política, pero poco se ha hecho. Las máximas autoridades del gobierno local justifican su accionar discrecional con el argumento de que es legal. Podrá ser legal, pero no es transparente.

Analicemos el caso de la última licitación “importante” del gobierno: la semipeatonalización de la calle Rivadavia, en el centro de la Ciudad de Pilar. El llamado a licitación fue “privado”, es decir, se invitó a 4 empresas para que oferten. La licitación no fue pública porque “legalmente” se pueden hacer licitaciones privadas si el monto involucrado en la obra está por debajo de determinado monto, que -en el caso de la calle Rivadavia-, no se iba a superar.

Claro que una cosa es lo “iba” a suceder, y otra muy distinta es lo que realmente sucedió: el jueves pasado se conoció la decisión del intendente de transformar a la futura semipeatonal en peatonal. Nada que criticar por eso. Pero lo que era semitransparente por no haberse contratado a través de una licitación pública, ahora se está volviendo completamente opaco: el llamado a licitación privada y posterior adjudicación de la obra recayó en la firma Tordel SA, constituida hace apenas 4 meses. ¿No hay “empresarios pilarenses” (como le gusta decir al jefe comunal) con más trayectoria, y en consecuencia con menor riesgo de eventuales incumplimientos o inconvenientes para el municipio?. ¿No hay en Pilar ni siquiera 4 empresas constructoras que tengan buenos antecedentes y al menos un par de años de experiencia?. Las modificaciones anunciadas la semana pasada elevarán el monto de la obra en unos 200 mil pesos. Si sumamos al monto inicial esta ampliación, se superará ampliamente el monto que hubiera obligado a que el llamado a licitación fuese público. En cambio, con incrementos posteriores a la adjudicación, se gambetea una condición –la de llamar a licitación pública- que garantiza sin dudas una mayor transparencia.

Todas estas cuestiones, que no son menores, se minimizarían si hubiera libre acceso a la información municipal. Pero no lo hay, y por los antecedentes de este gobierno, creo que se va a cumplir antes con la eterna promesa de asfaltar la Ruta 26, que lo que llevará contar con una ordenanza de libre acceso a la información.

Con información, los vecinos sabrían que hace más de un año, el gobierno prometió que a cambio de permitir el aumento del boleto de colectivos, las empresas cumplirían con circulación de móviles las 24 horas, una mayor frecuencia en los recorridos, la construcción de refugios en las paradas, etc. De todos esos compromisos, lo único que tenemos hoy es el boleto más caro.

Con información, los vecinos sabrían que el aumento en las tarifas de Sudamericana de Aguas (cuya segunda etapa se sentirá en el próximo mes de septiembre), fue aprobado por el gobierno argumentando que “van a hacer varias obras que si no las cumplen no se les dará el incremento”. Entre las obras, figuraban la creación de un ente de control y el compromiso de la empresa a erradicar la planta depuradora de la calle Champagnat haciéndose cargo de ese costo. Hasta ahora, lo único real es el aumento.

Fueron demasiadas las veces que el gobierno pidió sacrificios a los vecinos, prometiendo a cambio que el futuro sería mejor. Quizás en algunos meses, podremos sentarnos en alguno de los bancos de la peatonal a esperar sentados ese futuro que permanentemente se nos promete, pero que nunca llega.

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