domingo, 6 de abril de 1997

Carta abierta a los funcionarios que no interpretan sus funciones

(DIARIO RESUMEN, 06/04/1997) Sr. Director, al responder a mi nota titulada “La Ambigüedad del Sí” referida a la consulta popular del día de ayer, el Sr. Sebastián Di Capua tomó una actitud inusual entre quienes poseen funciones públicas, única actitud que origina mi más profundo reconocimiento. Por lo demás, creo necesario aclarar algunos aspectos que el Sr. Sebastián Di Capua no llegó a comprender.

Cualquier obra pública que se pretenda realizar debe ser planeada cuidadosamente por mucho que a él le pese, primero porque vivimos en un mundo de escasez, es decir que el dinero que se destina a una cosa no puede ser utilizado para otra, y segundo porque se trata del dinero de la gente, no del dinero de él.

Cuando el Sr. Di Capua dice que los recursos se utilizarán en repavimentar el casco urbano, sería oportuno que ofrezca fuentes de financiamiento alternativas para solventar las reparaciones de las calles, ¿o es que acaso sin playa subterránea las calles del centro seguirán en el vergonzoso estado actual ?.

A juzgar por los hechos, sí existe una dicotomía (del gr. dichotomía, que se divide en dos) entre construir una playa subterránea y limpiar la guardia del Hospital, puesto que la realidad nos muestra funcionarios preocupados en que se construya la playa, mientras que por la limpieza de la guardia del Hospital... (me pregunto si harán una consulta para conocer la opinión de la gente al respecto).

En su nota, el Sr. Di Capua desacredita mi opinión por ser yo Master en Dirección de Empresas, en contraposición con su “condición de Abogado con formación democrática”; tal actitud es propia de mentes autoritarias, más ligadas a la intolerancia que al discurso democrático que proclaman.

Es cierto que conozco menos que lo que debe conocer el Sr. Di Capua (un Abogado “con formación democrática”) sobre sistemas constitucionales, y es por ello que en mi nota “La Ambigüedad del Sí” aclaro que opino desde el punto de vista ESTADÍSTICO, y no constitucional; por eso recomiendo al Sr. Di Capua que escriba menos y que lea más).

Finalmente, y con relación a la temeraria advertencia que el Sr. Di Capua le hace con respecto a las opiniones que Ud. Sr. Director publica en RESUMEN, transcribo unos párrafos del Dr. Gregorio Badeni, a quien quizás por su carácter de Constitucionalista el Sr. Di Capua le reconozca crédito.


Resumen, miércoles 2 de abril de 1997
Qué dijo Sebastián Di Capua (MDA Univ. Austral)
· Si estamos ante una obra que no tiene costo para la comuna, su realización de modo alguno imposibilita la realización de otras obras, y además, de llevarse a cabo, permitirá generar recursos genuinos para que la comuna afronte la repavimentación del casco urbano de nuestra querida ciudad.
· No existe una dicotomía entre construir una playa subterránea o limpiar la guardia del Hospital; ambas cosas son factibles a la vez, y de hecho el actual gobierno comunal pretende realizarlas.
· (Lo expuesto en la nota de Gabriel Lagomarsino) ... no me afecta de manera personal, dado mi carácter de abogado con formación democrática...
· Es claro que quien sabe de empresas poco o nada debe conocer de sistemas constitucionales.
· (Gabriel Lagomarsino) ...desconoce que nuestra actual legislación nos imposibilita de realizar ... una consulta obligatoria y universal.
· Le recomiendo al Sr. Lagomarsino que no opine de temas que desconoce o bien que se asesore convenientemente, pues como dice el viejo refrán popular “zapatero a tus zapatos”.
· Quienes como usted Sr. Director tienen en sus manos esta poderosa arma, que es un medio de comunicación social, deben tener el suficiente cuidado y la mayor responsabilidad en lo que vuelcan en el mismo.




Clarín, jueves 3 de abril de 1997
Qué dijo Gregorio Badeni (Constitucionalista)

· Con relativa frecuencia los gobernantes, figuras públicas y ciertos factores de poder procuran descalificar sin reparar en recursos a los periodistas y medios de prensa cuando difunden hechos u opiniones que son adversos para sus intereses políticos, económicos o ideológicos, o para el prestigio que aspiran a disfrutar en la sociedad. Se trata de una situación realmente patológica, porque si bien en teoría todos ellos se proclaman fervientes partidarios de la libertad de prensa, perduran en sus mentes los resabios de la cultura autoritaria que durante décadas imperó en el país, cultura que a veces añoran, basada sobre la intolerancia y el odio que propicia la censura o la autocensura para contar con una prensa obsecuente, desprovista de la más elemental independencia...
· Por ende, toda restricción al derecho de expresar o de no expresar el pensamiento altera el ejercicio de un derecho subjetivo y la esencia de un sistema político constitucionalista...
· Los problemas no se resuelven mediante su ocultamiento, como en los regímenes autoritarios, sino permitiendo su amplio conocimiento por los ciudadanos para que de ellos, y no de sus presuntos tutores, emane el rechazo y la condena social.

martes, 4 de marzo de 1997

Pilar no necesita una playa subterránea

(DIARIO RESUMEN, 04/03/97) Mucho se ha hablado en estos días sobre el controvertido tema de la playa de estacionamiento subterránea que se construiría debajo de la plaza 12 de Octubre. En medio de innumerables opiniones de políticos, entidades intermedias, periodistas, etc. se encuentran los eternos convidados de piedra de siempre: los simples ciudadanos de Pilar.

Este artículo analiza el tema desde una perspectiva económica que aun no ha sido tratada. ¿Por qué compra usted este diario? Posiblemente hay muchas respuestas, pero desde el punto de vista de la economía, usted lo compra en funci6n de su precio, e impulsado por sus gustos, ingresos, el precio de otros medios de comunicación sustitutos, etc. Usted, con su decisión, establece la cantidad demandada de Resumen al precio de 50 centavos el ejemplar; el editor, por su parte, decide ofrecer determinada cantidad, que entre otras cosas, es función del precio de tapa. Así, un mercado ­--sea de periódicos o de estacionamiento-- se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida: no confundamos cantidad demandada y ofrecida con cantidad efectivamente comprada y vendida. Las cantidades comprada y vendida siempre serán iguales, cualquiera sea el precio del bien, pero ello no significa que el mercado se halle en equilibrio.

En nuestra ciudad la cantidad demandada de estacionamiento supera a la rígida oferta, y entonces todos pagamos el precio de muchas vueltas y muchos minutos perdidos antes de poder estacionar nuestro vehiculo. Y si sube el precio? Si mañana a la mañana usted va en auto al centro de Pilar, tendrá que pagar un precio por estacionar su vehículo allí; tal vez no lo piense así, pero el tiempo y la nafta que dedique a encontrar un sitio apropiado, tienen su costo.

Ahora imagine que el municipio da en concesión el estacionamiento medido, y que se establece un precio de 1 peso por hora. Mañana, en tal circunstancia, algunos automovilistas que como usted iban a ir al centro de la ciudad en auto no lo harán; la subida en el precio del estacionamiento hasta 1 peso modificará su decisión, disminuyendo la cantidad demandada.

Playa subterránea
Hoy, con una oferta de estacionamiento que no puede modificarse demasiado sin la realización de importantes y dudosas inversiones, es imprescindible disminuir la demanda vía un aumento en el precio de estacionar, instalando modestos aunque efectivos parquímetros, máquinas tickeadoras o simples tarjetas. No más (ni menos).
Quienes sueñen con la realización de obras de la envergadura, de una playa debajo de la Plaza 12 de Octubre, podrían proponerlas para Anillaco, pero no para Pilar. Aquí, las medidas a adoptar deben ser graduales, y surgir del consenso de todos los sectores.
El estacionamiento pago es sin duda una medida necesaria para el beneficio de todos, pero una playa subterránea como apresurada primera decisión tal vez sea sólo para el beneficio de unos pocos.

lunes, 6 de enero de 1997

Instalación de nuevas cadenas de supermercados

(DIARIO RESUMEN, 06/01/1997) Consideraciones acerca de las medidas que la SCIPA reclama al gobierno comunal a fin de impedir la instalación de nuevas cadenas de supermercados

Deseo hacer algunas reflexiones sobre la actitud de la SCIPA ante la instalación de nuevas cadenas de supermercados en Pilar, tratando de que se legisle para impedirla o al menos postergarla.

Los efectos de una eventual legislación que regule la instalación de nuevos supermercados en Pilar puede ser analizada a través de la denominada “economía de la regulación”, desarrollada por George Stigler (1971) y Sam Peltzman (1976); este enfoque asume que el rol principal de las regulaciones del Estado no es corregir imperfecciones de mercado sino redistribuir ingreso. Por otra parte, los comerciantes, así como cualquier otro grupo social, por poseer ciertas características comunes entre sí son considerados demandantes en potencia de regulaciones; claro que cualquier regulación que el Estado establezca no será neutral en términos redistributivos: beneficiará a algún grupo de interés, y por ende, perjudicará a algún otro.

Si asumimos que el gobierno (sea nacional, provincial o municipal) “ofrecerá” regulaciones al grupo que esté dispuesto a pagar un mayor “precio” por ellas, y que las acciones del mismo gobierno están dirigidas a maximizar el bienestar de la sociedad, se deduce que la oferta de regulaciones por parte del gobierno tendería a satisfacer la demanda de los consumidores, por constituir éstos el grupo demandante de mayor importancia en términos cuantitativos. Es simple identificar al otro grupo de demandantes: el comercio minorista.

Debemos preguntarnos si serán los consumidores el grupo dispuesto a pagar el mayor precio para que se regule según sus intereses. Que éstos constituyan el grupo más numeroso representa un handicap antes que una ventaja, puesto que en términos del beneficio ante una regulación favorable, el ser un grupo muy numeroso actúa disminuyendo el interés individual, y en consecuencia no estarán dispuestos a pagar un alto precio. Por otra parte están los comerciantes, que por constituir un grupo mucho más reducido soportan un costo individual substancialmente mayor, razón por la que estarán dispuestos a efectuar más esfuerzo en términos de “aportes” (en sentido amplio) en favor de quienes legislen según su conveniencia sectorial.

Por lo tanto, resulta interesante analizar que el gobierno comunal se verá tentado de dar un mayor peso en sus regulaciones (o falta de ellas, lo que constituye una regulación en sí misma) a la voz de los comerciantes (o a la de cualquier otro grupo demandante de regulaciones), sin que por ello se esté gobernando en beneficio de la mayoría.

Por otra parte, surge un perjuicio que afecta a los consumidores locales de menores recursos, y que se relaciona con la denominada elasticidad de su demanda, que presenta características claramente diferenciadas con respecto a la elasticidad de la demanda de los sectores de mayores ingresos: para éstos últimos es alta, ya que pueden comprar en cualquier comercio de nuestra ciudad o de otra, pero para los primeros es prácticamente inelástica, puesto que no tienen las mismas facilidades para acceder a otros mercados, y por ende se ven perjudicados al tener que gastar una porción más elevada de sus magros ingresos en comercios poco competitivos en términos de precios y servicios ofrecidos a sus clientes.

El gobierno municipal debe dar una respuesta a los reclamos de la SCIPA, pero no debe desconocer que los costos económicos que resultan de impedir el funcionamiento de los mercados competitivos en nombre de la equidad o de algún otro objetivo valioso, son generalmente mayores que el beneficio que reciben los agentes a los que se pretende proteger.

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