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Rehenes

(EL DIARIO REGIONAL, 06/08/2006) El viernes pasado fue un día halagador para los pilarenses que todavía no se jubilaron por falta de aportes, a pesar de haber alcanzado la edad para hacerlo. En un acto “importante” —no tanto por lo que se les anunció a los concurrentes, sino por la cantidad de funcionarios que subieron al escenario— se puso en marcha un programa por medio del cual unas 5000 personas cobrarán una jubilación.

Como para despejar cualquier suspicacia, el titular de la ANSES —que encabezó el acto— dijo que (con el lanzamiento del programa) “sacamos al jubilado de la situación de rehén, donde la dan un bolsón o un subsidio y lo ponemos en situación de derecho”.

Pero, profundizando en las características del anuncio, nos enteramos que no todos quienes tengan la edad para jubilarse recibirán su jubilación. No, eso sería demasiado pedir para un gobierno que ha hecho del clientelismo político su marca registrada. Los nombres de los beneficiarios de este nuevo programa surgirán de un censo que realizará la Dirección de Acción Social, dependencia a cargo de Gladis Zúccaro, que por estas horas está siendo tentada para integrar la lista de candidatos de la aún no admitida campaña “Zúccaro 2007”.

¿No existen demasiadas posibilidades de hacer —como ya es habitual que suceda— un uso clientelar del beneficio jubilatorio anunciado el viernes? ¿no sería mejor que la asistencia estatal fuera universal, es decir que alcanzara a todos, y no a “algunas personas de los sectores más desprotegidos”? ¿cómo confeccionará la dependencia liderada por la hermana del alcalde un listado de pilarenses comenzando por “el más desprotegido” y siguiendo por los demás según su grado de “desprotección” hasta el número 5000?

En Pilar había a fines de 2005 unos 40 mil beneficiarios de la asistencia estatal. De ellos, más de 10 mil cobraban el Plan Jefes y Jefas, que era monitoreados por el Consejo Consultivo local, algo así como la escribanía del intendente, que daba fe de que todo todos los procedimientos se cumplían con la máxima transparencia. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, aseguró por entonces que “desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes, que a cambio de no sacarles el Plan Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas”. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales estaba cooptado por los intendentes.

Impuestos
Si los gobiernos oportunistas podían presionar a los pobres con la entrega de bolsones de comida, o la quita del beneficio social, ahora también podrían llegar a “comprar” a los no pobres: el mismo día que se inauguró la ANSES, se conoció que el gobierno provincial está proponiendo levantar el secreto fiscal, mediante la firma de convenios con las municipalidades. Así, un municipio como Pilar podría disponer de información sensible (y legitimación) para presionar a contribuyentes morosos, no ya de tasas municipales, sino de tributos de la provincia.

Un hipermercado (o una industria) que adeudare alguna cuota del impuesto inmobiliario, por ejemplo, podría ser “invitado” a “colaborar” con tal o cual campaña re-eleccionista, bajo pena de sufrir más que con las siete plagas bíblicas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, “darles información a otros organismos (como las municipalidades) sería una arbitrariedad”.

Claro que de arbitrariedades, de apariencias y de promesas falsas, nuestra vida política está llena. Y de personas inocentes que se las creen, también. Quizás sea hora de que unos y otros relean un poco a Perón: “El éxito se elabora y construye sobre la realidad y no sobre las falsas apariencias, por halagadoras que estas sean”.

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