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Semi-transparentes

(EL DIARIO REGIONAL, 01/08/006) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a información relativa a la gestión estatal, a la que tienen derecho todas las personas, tiene el riesgo de promover la corrupción dentro de los órganos del Estado debilitando así las democracias".

Mucho se ha dicho desde la administración pública sobre el flagelo de la corrupción política, pero poco se ha hecho. Las máximas autoridades del gobierno local justifican su accionar discrecional con el argumento de que es legal. Podrá ser legal, pero no es transparente.

Analicemos el caso de la última licitación “importante” del gobierno: la semipeatonalización de la calle Rivadavia, en el centro de la Ciudad de Pilar. El llamado a licitación fue “privado”, es decir, se invitó a 4 empresas para que oferten. La licitación no fue pública porque “legalmente” se pueden hacer licitaciones privadas si el monto involucrado en la obra está por debajo de determinado monto, que -en el caso de la calle Rivadavia-, no se iba a superar.

Claro que una cosa es lo “iba” a suceder, y otra muy distinta es lo que realmente sucedió: el jueves pasado se conoció la decisión del intendente de transformar a la futura semipeatonal en peatonal. Nada que criticar por eso. Pero lo que era semitransparente por no haberse contratado a través de una licitación pública, ahora se está volviendo completamente opaco: el llamado a licitación privada y posterior adjudicación de la obra recayó en la firma Tordel SA, constituida hace apenas 4 meses. ¿No hay “empresarios pilarenses” (como le gusta decir al jefe comunal) con más trayectoria, y en consecuencia con menor riesgo de eventuales incumplimientos o inconvenientes para el municipio?. ¿No hay en Pilar ni siquiera 4 empresas constructoras que tengan buenos antecedentes y al menos un par de años de experiencia?. Las modificaciones anunciadas la semana pasada elevarán el monto de la obra en unos 200 mil pesos. Si sumamos al monto inicial esta ampliación, se superará ampliamente el monto que hubiera obligado a que el llamado a licitación fuese público. En cambio, con incrementos posteriores a la adjudicación, se gambetea una condición –la de llamar a licitación pública- que garantiza sin dudas una mayor transparencia.

Todas estas cuestiones, que no son menores, se minimizarían si hubiera libre acceso a la información municipal. Pero no lo hay, y por los antecedentes de este gobierno, creo que se va a cumplir antes con la eterna promesa de asfaltar la Ruta 26, que lo que llevará contar con una ordenanza de libre acceso a la información.

Con información, los vecinos sabrían que hace más de un año, el gobierno prometió que a cambio de permitir el aumento del boleto de colectivos, las empresas cumplirían con circulación de móviles las 24 horas, una mayor frecuencia en los recorridos, la construcción de refugios en las paradas, etc. De todos esos compromisos, lo único que tenemos hoy es el boleto más caro.

Con información, los vecinos sabrían que el aumento en las tarifas de Sudamericana de Aguas (cuya segunda etapa se sentirá en el próximo mes de septiembre), fue aprobado por el gobierno argumentando que “van a hacer varias obras que si no las cumplen no se les dará el incremento”. Entre las obras, figuraban la creación de un ente de control y el compromiso de la empresa a erradicar la planta depuradora de la calle Champagnat haciéndose cargo de ese costo. Hasta ahora, lo único real es el aumento.

Fueron demasiadas las veces que el gobierno pidió sacrificios a los vecinos, prometiendo a cambio que el futuro sería mejor. Quizás en algunos meses, podremos sentarnos en alguno de los bancos de la peatonal a esperar sentados ese futuro que permanentemente se nos promete, pero que nunca llega.

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