(EL DIARIO REGIONAL, 12/09/2006) Decía Perón que “los muchachos son buenos, pero si se los controla, son mejores”, refiriéndose a la conveniencia de establecer mecanismos de control gubernamental, incluso para vigilar a aquellos con quienes compartía un mismo espacio partidario.
A poco más de un año de finalizar su mandato, el jefe comunal es un “muchacho” al que nadie controla, y muchos dudamos que sea bueno.
En teoría, es la sociedad —a través de la prensa, las instituciones intermedias, los partidos políticos— la que establece los mecanismos de “check and balance” para que todo funcione bien. Pero en un gobierno virtualmente sin oposición, los mecanismos de rendición de cuentas se desvanecen, y cuesta escuchar voces disidentes.
La prensa es muchas veces la voz de los que no tienen voz; pero en Pilar, el “cuarto poder” es uno más de los de la vereda oficial; salvo honrosas y cíclicas excepciones, que por fortuna las hay, los medios y periodistas pilarenses se recuestan sobre “la vereda del sol”. Como me dijo una vez a modo de justificación un empresario periodístico que autocensuró la difusión de una noticia ante la amable “sugerencia” de una funcionaria de la Dirección de Prensa comunal, “una cosa son los principios, y otra son los negocios... y esto es un negocio”.
Por su lado, las instituciones intermedias suelen estar cooptadas por punteros que venderían a su madre por un puñado de monedas, o que dejarían sus principios de lado por algún pequeño favor. Por ejemplo, quienes desde la misma cámara empresaria local se oponían a la radicación de un supermercado en el centro de la ciudad hace una década, se terminaron lamentando al tiempo por la falta de inversiones, que a su vez provocó la degradación ininterrumpida del casco histórico; y habiendo aplaudido el estacionamiento medido impuesto durante la gestión de Sergio Bivort, al asumir Humberto Zúccaro aplaudieron la expulsión de los “loritos”; ahora vuelven a acompañar las zigzaguenantes políticas municipales, que irremediablemente terminarán en el punto de partida, cobrando por estacionar.
Los vecinos de la calle Derqui, en La Lonja, todavía recuerdan las promesas hechas por funcionarios de primera línea de Zúccaro, que los visitaron para explicarles en qué consistirían las mejoras que realizarán en el barrio gracias al dinero de la venta de calles al country Mapuche. Por creer en esas promesas, dejaron de reclamar. Hoy, dos años después, la calle Derqui sólo conduce a un portón cerrado con candado, y quienes confiaron en que vivirían sobre asfalto, siguen embarrándose como antes; lo único que les cambió, es que a la ruta panamericana la ven a través de un alambrado, y para alcanzarla, tienen que recorrer muchas cuadras más que antes.
Los partidos políticos merecen un análisis aparte: la mayoría de las vertientes del oficialismo con representación en el deliberativo, parecería que se esfuerzan en pertenecer a bloques legislativos distintos no por diferencias ideológicas irreconciliables, sino más bien para poder mantener ciertos privilegios: cada bloque tiene derecho a designar a su propio personal administrativo, y eso, en el lenguaje de la política, es sinónimo de dinero, y de poder.
Entre las agrupaciones partidarias que no tienen morada en el Honorable Concejo Deliberante, hay algunos ejemplos de una plausible resistencia, de levantar la voz cuando el gobierno comienza a morder la banquina (permítaseme la licencia de incluir en esta categoría a la inclaudicable Casa de Derechos Humanos Catie y Leonie). Pero, vale aclararlo, esas voces nunca jamás fueron escuchadas por los oídos del jefe comunal.
Por eso, como decía Tato Bores en sus inolvidables monólogos, “a estar atentos”, porque lo único que verdaderamente funciona cuando se trata de exigir al gobierno que haga lo que debe, es que la sociedad ocupe su lugar, participando de manera comprometida. Después de todo, la función del gobierno debería ser la de trabajar para fortalecer los derechos de la sociedad, y no —como tantas veces sucede— para debilitarlos.
martes, 12 de septiembre de 2006
miércoles, 23 de agosto de 2006
Gobierno fractal
(EL DIARIO REGIONAL, 23/08/2006) Benoit Mandelbrot es un octogenario matemático de origen polaco que desarrolló una nueva geometría basada en “fractales”. El concepto sirve para describir mejor los contornos irregulares y aparentemente caóticos del mundo que nos rodea: sus fórmulas permiten estudiar la configuración de árboles y nubes, cordilleras y costas, células y órganos, compuestos químicos y galaxias.
Mandelbrot encontró patrones, y esos patrones tienen un carácter "fractal": a grandes rasgos, las formas están hechas de pequeñas copias de sí mismas y sus partes son similares al todo: son parecidas pero a una escala menor. "Si usted observa un árbol de lejos, ve eso, un árbol. Si se aproxima, ve una rama. Pero la rama es muy parecida a un pequeño árbol", afirma el científico polaco.
La teoría de los fractales permitiría entender lo que sucede en Pilar: tras años de reclamar para que se apruebe una ordenanza que reconozca a la información como un derecho y no como una concesión graciosa ofrecida por el gobierno de turno, el acceso a la información pública sigue siendo otra de las promesas incumplidas (y van…).
Según lo informado por El Diario Regional en su edición de ayer, el "ranking de apertura" elaborado por un instituto privado, el IERAL, da cuenta de que nuestro gobierno “de puertas abiertas” —como le gusta autocalificarlo el intendente Humberto Zúccaro— es en realidad un “caso extremo” de “puertas cerradas”, el segundo de los cien casos analizados, siendo superado sólo por la Ciudad de La Rioja.
En el Concejo Deliberante de Pilar las cosas no están mejor. Durante una entrevista que le realizaran por FM Plaza al Concejal Carlos Olivera, hace algunas semanas, afirmó tramposamente que “hay una Ordenanza General, la 267, que te marca el paso de cómo iniciás un expediente, con una nota simple solicitando (la información pública) por mesa de entrada”. Como si poder conocer cómo se seleccionaron los proveedores que cotizaron por la construcción de la peatonal sobre la calle Rivadavia, o cuánto se les paga a los médicos contratados, fuera una tarea más que simple, el jefe de la bancada zuccarista en el Concejo fue más allá: “¿Quién te dijo que no está esa legislación?”, le inquirió al periodista con una inocultable carga de soberbia, típica del gordito que en la cancha del barrio se sabe el dueño de la pelota.
El estudio del IERAL confirma que lo dicho por Olivera no pertenece al campo de la realidad, sino más bien al de la ficción, y que el gobierno zuccarista no brinda la información que se le solicita como debiera.
A nivel nacional, el gobierno de Kirchner ha declamado ser también “de puertas abiertas”, pero cuando hace un año el saludable proyecto de ley de libre acceso a la información pública pasó por el Senado, hizo lo imposible para desvirtuarlo.
Como los fractales de Mandelbrot, el gobierno local es —en cuanto a la transparencia— una pequeña rama del gobierno nacional. El patrón de falta de apertura de uno, se replica en el otro como las formas del árbol y sus ramas. A su vez, a nivel de la gestión municipal de Pilar, tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante, replican también idénticas mañas.
Al observar un gobierno poco transparente de lejos, se ve un gobierno poco transparente. Pero si uno se aproxima, podrá ver al gobierno municipal, muy parecido a un gobierno poco transparente.
Mandelbrot encontró patrones, y esos patrones tienen un carácter "fractal": a grandes rasgos, las formas están hechas de pequeñas copias de sí mismas y sus partes son similares al todo: son parecidas pero a una escala menor. "Si usted observa un árbol de lejos, ve eso, un árbol. Si se aproxima, ve una rama. Pero la rama es muy parecida a un pequeño árbol", afirma el científico polaco.
La teoría de los fractales permitiría entender lo que sucede en Pilar: tras años de reclamar para que se apruebe una ordenanza que reconozca a la información como un derecho y no como una concesión graciosa ofrecida por el gobierno de turno, el acceso a la información pública sigue siendo otra de las promesas incumplidas (y van…).
Según lo informado por El Diario Regional en su edición de ayer, el "ranking de apertura" elaborado por un instituto privado, el IERAL, da cuenta de que nuestro gobierno “de puertas abiertas” —como le gusta autocalificarlo el intendente Humberto Zúccaro— es en realidad un “caso extremo” de “puertas cerradas”, el segundo de los cien casos analizados, siendo superado sólo por la Ciudad de La Rioja.
En el Concejo Deliberante de Pilar las cosas no están mejor. Durante una entrevista que le realizaran por FM Plaza al Concejal Carlos Olivera, hace algunas semanas, afirmó tramposamente que “hay una Ordenanza General, la 267, que te marca el paso de cómo iniciás un expediente, con una nota simple solicitando (la información pública) por mesa de entrada”. Como si poder conocer cómo se seleccionaron los proveedores que cotizaron por la construcción de la peatonal sobre la calle Rivadavia, o cuánto se les paga a los médicos contratados, fuera una tarea más que simple, el jefe de la bancada zuccarista en el Concejo fue más allá: “¿Quién te dijo que no está esa legislación?”, le inquirió al periodista con una inocultable carga de soberbia, típica del gordito que en la cancha del barrio se sabe el dueño de la pelota.
El estudio del IERAL confirma que lo dicho por Olivera no pertenece al campo de la realidad, sino más bien al de la ficción, y que el gobierno zuccarista no brinda la información que se le solicita como debiera.
A nivel nacional, el gobierno de Kirchner ha declamado ser también “de puertas abiertas”, pero cuando hace un año el saludable proyecto de ley de libre acceso a la información pública pasó por el Senado, hizo lo imposible para desvirtuarlo.
Como los fractales de Mandelbrot, el gobierno local es —en cuanto a la transparencia— una pequeña rama del gobierno nacional. El patrón de falta de apertura de uno, se replica en el otro como las formas del árbol y sus ramas. A su vez, a nivel de la gestión municipal de Pilar, tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante, replican también idénticas mañas.
Al observar un gobierno poco transparente de lejos, se ve un gobierno poco transparente. Pero si uno se aproxima, podrá ver al gobierno municipal, muy parecido a un gobierno poco transparente.
domingo, 6 de agosto de 2006
Rehenes
(EL DIARIO REGIONAL, 06/08/2006) El viernes pasado fue un día halagador para los pilarenses que todavía no se jubilaron por falta de aportes, a pesar de haber alcanzado la edad para hacerlo. En un acto “importante” —no tanto por lo que se les anunció a los concurrentes, sino por la cantidad de funcionarios que subieron al escenario— se puso en marcha un programa por medio del cual unas 5000 personas cobrarán una jubilación.
Como para despejar cualquier suspicacia, el titular de la ANSES —que encabezó el acto— dijo que (con el lanzamiento del programa) “sacamos al jubilado de la situación de rehén, donde la dan un bolsón o un subsidio y lo ponemos en situación de derecho”.
Pero, profundizando en las características del anuncio, nos enteramos que no todos quienes tengan la edad para jubilarse recibirán su jubilación. No, eso sería demasiado pedir para un gobierno que ha hecho del clientelismo político su marca registrada. Los nombres de los beneficiarios de este nuevo programa surgirán de un censo que realizará la Dirección de Acción Social, dependencia a cargo de Gladis Zúccaro, que por estas horas está siendo tentada para integrar la lista de candidatos de la aún no admitida campaña “Zúccaro 2007”.
¿No existen demasiadas posibilidades de hacer —como ya es habitual que suceda— un uso clientelar del beneficio jubilatorio anunciado el viernes? ¿no sería mejor que la asistencia estatal fuera universal, es decir que alcanzara a todos, y no a “algunas personas de los sectores más desprotegidos”? ¿cómo confeccionará la dependencia liderada por la hermana del alcalde un listado de pilarenses comenzando por “el más desprotegido” y siguiendo por los demás según su grado de “desprotección” hasta el número 5000?
En Pilar había a fines de 2005 unos 40 mil beneficiarios de la asistencia estatal. De ellos, más de 10 mil cobraban el Plan Jefes y Jefas, que era monitoreados por el Consejo Consultivo local, algo así como la escribanía del intendente, que daba fe de que todo todos los procedimientos se cumplían con la máxima transparencia. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, aseguró por entonces que “desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes, que a cambio de no sacarles el Plan Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas”. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales estaba cooptado por los intendentes.
Impuestos
Si los gobiernos oportunistas podían presionar a los pobres con la entrega de bolsones de comida, o la quita del beneficio social, ahora también podrían llegar a “comprar” a los no pobres: el mismo día que se inauguró la ANSES, se conoció que el gobierno provincial está proponiendo levantar el secreto fiscal, mediante la firma de convenios con las municipalidades. Así, un municipio como Pilar podría disponer de información sensible (y legitimación) para presionar a contribuyentes morosos, no ya de tasas municipales, sino de tributos de la provincia.
Un hipermercado (o una industria) que adeudare alguna cuota del impuesto inmobiliario, por ejemplo, podría ser “invitado” a “colaborar” con tal o cual campaña re-eleccionista, bajo pena de sufrir más que con las siete plagas bíblicas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, “darles información a otros organismos (como las municipalidades) sería una arbitrariedad”.
Claro que de arbitrariedades, de apariencias y de promesas falsas, nuestra vida política está llena. Y de personas inocentes que se las creen, también. Quizás sea hora de que unos y otros relean un poco a Perón: “El éxito se elabora y construye sobre la realidad y no sobre las falsas apariencias, por halagadoras que estas sean”.
Como para despejar cualquier suspicacia, el titular de la ANSES —que encabezó el acto— dijo que (con el lanzamiento del programa) “sacamos al jubilado de la situación de rehén, donde la dan un bolsón o un subsidio y lo ponemos en situación de derecho”.
Pero, profundizando en las características del anuncio, nos enteramos que no todos quienes tengan la edad para jubilarse recibirán su jubilación. No, eso sería demasiado pedir para un gobierno que ha hecho del clientelismo político su marca registrada. Los nombres de los beneficiarios de este nuevo programa surgirán de un censo que realizará la Dirección de Acción Social, dependencia a cargo de Gladis Zúccaro, que por estas horas está siendo tentada para integrar la lista de candidatos de la aún no admitida campaña “Zúccaro 2007”.
¿No existen demasiadas posibilidades de hacer —como ya es habitual que suceda— un uso clientelar del beneficio jubilatorio anunciado el viernes? ¿no sería mejor que la asistencia estatal fuera universal, es decir que alcanzara a todos, y no a “algunas personas de los sectores más desprotegidos”? ¿cómo confeccionará la dependencia liderada por la hermana del alcalde un listado de pilarenses comenzando por “el más desprotegido” y siguiendo por los demás según su grado de “desprotección” hasta el número 5000?
En Pilar había a fines de 2005 unos 40 mil beneficiarios de la asistencia estatal. De ellos, más de 10 mil cobraban el Plan Jefes y Jefas, que era monitoreados por el Consejo Consultivo local, algo así como la escribanía del intendente, que daba fe de que todo todos los procedimientos se cumplían con la máxima transparencia. Sin embargo, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán, aseguró por entonces que “desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes, que a cambio de no sacarles el Plan Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas”. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales estaba cooptado por los intendentes.
Impuestos
Si los gobiernos oportunistas podían presionar a los pobres con la entrega de bolsones de comida, o la quita del beneficio social, ahora también podrían llegar a “comprar” a los no pobres: el mismo día que se inauguró la ANSES, se conoció que el gobierno provincial está proponiendo levantar el secreto fiscal, mediante la firma de convenios con las municipalidades. Así, un municipio como Pilar podría disponer de información sensible (y legitimación) para presionar a contribuyentes morosos, no ya de tasas municipales, sino de tributos de la provincia.
Un hipermercado (o una industria) que adeudare alguna cuota del impuesto inmobiliario, por ejemplo, podría ser “invitado” a “colaborar” con tal o cual campaña re-eleccionista, bajo pena de sufrir más que con las siete plagas bíblicas. Para el constitucionalista Gregorio Badeni, “darles información a otros organismos (como las municipalidades) sería una arbitrariedad”.
Claro que de arbitrariedades, de apariencias y de promesas falsas, nuestra vida política está llena. Y de personas inocentes que se las creen, también. Quizás sea hora de que unos y otros relean un poco a Perón: “El éxito se elabora y construye sobre la realidad y no sobre las falsas apariencias, por halagadoras que estas sean”.
martes, 1 de agosto de 2006
Semi-transparentes
(EL DIARIO REGIONAL, 01/08/006) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a información relativa a la gestión estatal, a la que tienen derecho todas las personas, tiene el riesgo de promover la corrupción dentro de los órganos del Estado debilitando así las democracias".
Mucho se ha dicho desde la administración pública sobre el flagelo de la corrupción política, pero poco se ha hecho. Las máximas autoridades del gobierno local justifican su accionar discrecional con el argumento de que es legal. Podrá ser legal, pero no es transparente.
Analicemos el caso de la última licitación “importante” del gobierno: la semipeatonalización de la calle Rivadavia, en el centro de la Ciudad de Pilar. El llamado a licitación fue “privado”, es decir, se invitó a 4 empresas para que oferten. La licitación no fue pública porque “legalmente” se pueden hacer licitaciones privadas si el monto involucrado en la obra está por debajo de determinado monto, que -en el caso de la calle Rivadavia-, no se iba a superar.
Claro que una cosa es lo “iba” a suceder, y otra muy distinta es lo que realmente sucedió: el jueves pasado se conoció la decisión del intendente de transformar a la futura semipeatonal en peatonal. Nada que criticar por eso. Pero lo que era semitransparente por no haberse contratado a través de una licitación pública, ahora se está volviendo completamente opaco: el llamado a licitación privada y posterior adjudicación de la obra recayó en la firma Tordel SA, constituida hace apenas 4 meses. ¿No hay “empresarios pilarenses” (como le gusta decir al jefe comunal) con más trayectoria, y en consecuencia con menor riesgo de eventuales incumplimientos o inconvenientes para el municipio?. ¿No hay en Pilar ni siquiera 4 empresas constructoras que tengan buenos antecedentes y al menos un par de años de experiencia?. Las modificaciones anunciadas la semana pasada elevarán el monto de la obra en unos 200 mil pesos. Si sumamos al monto inicial esta ampliación, se superará ampliamente el monto que hubiera obligado a que el llamado a licitación fuese público. En cambio, con incrementos posteriores a la adjudicación, se gambetea una condición –la de llamar a licitación pública- que garantiza sin dudas una mayor transparencia.
Todas estas cuestiones, que no son menores, se minimizarían si hubiera libre acceso a la información municipal. Pero no lo hay, y por los antecedentes de este gobierno, creo que se va a cumplir antes con la eterna promesa de asfaltar la Ruta 26, que lo que llevará contar con una ordenanza de libre acceso a la información.
Con información, los vecinos sabrían que hace más de un año, el gobierno prometió que a cambio de permitir el aumento del boleto de colectivos, las empresas cumplirían con circulación de móviles las 24 horas, una mayor frecuencia en los recorridos, la construcción de refugios en las paradas, etc. De todos esos compromisos, lo único que tenemos hoy es el boleto más caro.
Con información, los vecinos sabrían que el aumento en las tarifas de Sudamericana de Aguas (cuya segunda etapa se sentirá en el próximo mes de septiembre), fue aprobado por el gobierno argumentando que “van a hacer varias obras que si no las cumplen no se les dará el incremento”. Entre las obras, figuraban la creación de un ente de control y el compromiso de la empresa a erradicar la planta depuradora de la calle Champagnat haciéndose cargo de ese costo. Hasta ahora, lo único real es el aumento.
Fueron demasiadas las veces que el gobierno pidió sacrificios a los vecinos, prometiendo a cambio que el futuro sería mejor. Quizás en algunos meses, podremos sentarnos en alguno de los bancos de la peatonal a esperar sentados ese futuro que permanentemente se nos promete, pero que nunca llega.
Mucho se ha dicho desde la administración pública sobre el flagelo de la corrupción política, pero poco se ha hecho. Las máximas autoridades del gobierno local justifican su accionar discrecional con el argumento de que es legal. Podrá ser legal, pero no es transparente.
Analicemos el caso de la última licitación “importante” del gobierno: la semipeatonalización de la calle Rivadavia, en el centro de la Ciudad de Pilar. El llamado a licitación fue “privado”, es decir, se invitó a 4 empresas para que oferten. La licitación no fue pública porque “legalmente” se pueden hacer licitaciones privadas si el monto involucrado en la obra está por debajo de determinado monto, que -en el caso de la calle Rivadavia-, no se iba a superar.
Claro que una cosa es lo “iba” a suceder, y otra muy distinta es lo que realmente sucedió: el jueves pasado se conoció la decisión del intendente de transformar a la futura semipeatonal en peatonal. Nada que criticar por eso. Pero lo que era semitransparente por no haberse contratado a través de una licitación pública, ahora se está volviendo completamente opaco: el llamado a licitación privada y posterior adjudicación de la obra recayó en la firma Tordel SA, constituida hace apenas 4 meses. ¿No hay “empresarios pilarenses” (como le gusta decir al jefe comunal) con más trayectoria, y en consecuencia con menor riesgo de eventuales incumplimientos o inconvenientes para el municipio?. ¿No hay en Pilar ni siquiera 4 empresas constructoras que tengan buenos antecedentes y al menos un par de años de experiencia?. Las modificaciones anunciadas la semana pasada elevarán el monto de la obra en unos 200 mil pesos. Si sumamos al monto inicial esta ampliación, se superará ampliamente el monto que hubiera obligado a que el llamado a licitación fuese público. En cambio, con incrementos posteriores a la adjudicación, se gambetea una condición –la de llamar a licitación pública- que garantiza sin dudas una mayor transparencia.
Todas estas cuestiones, que no son menores, se minimizarían si hubiera libre acceso a la información municipal. Pero no lo hay, y por los antecedentes de este gobierno, creo que se va a cumplir antes con la eterna promesa de asfaltar la Ruta 26, que lo que llevará contar con una ordenanza de libre acceso a la información.
Con información, los vecinos sabrían que hace más de un año, el gobierno prometió que a cambio de permitir el aumento del boleto de colectivos, las empresas cumplirían con circulación de móviles las 24 horas, una mayor frecuencia en los recorridos, la construcción de refugios en las paradas, etc. De todos esos compromisos, lo único que tenemos hoy es el boleto más caro.
Con información, los vecinos sabrían que el aumento en las tarifas de Sudamericana de Aguas (cuya segunda etapa se sentirá en el próximo mes de septiembre), fue aprobado por el gobierno argumentando que “van a hacer varias obras que si no las cumplen no se les dará el incremento”. Entre las obras, figuraban la creación de un ente de control y el compromiso de la empresa a erradicar la planta depuradora de la calle Champagnat haciéndose cargo de ese costo. Hasta ahora, lo único real es el aumento.
Fueron demasiadas las veces que el gobierno pidió sacrificios a los vecinos, prometiendo a cambio que el futuro sería mejor. Quizás en algunos meses, podremos sentarnos en alguno de los bancos de la peatonal a esperar sentados ese futuro que permanentemente se nos promete, pero que nunca llega.
lunes, 17 de julio de 2006
Cómplices
(EL DIARIO REGIONAL, 16/07/2006) El jueves pasado fue un mal día para los ambientalistas de Entre Ríos: la Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo que las papeleras Botnia y Ence podrán continuar con la construcción de sus plantas, frente a las costas de Gualeguaychú, afectando a los vecinos que viven allí.
También fue un mal día para todos los pilarenses: nuestros concejales aprobaron una ordenanza que pretende regular la actividad nocturna en el Partido, pero que en realidad, la desregula, agravando y mucho no sólo la vida de los vecinos, sino también poniendo en riesgo la de los jóvenes que concurren a divertirse. Fue una paradoja que mientras los vecinos afectados por la medida del gobierno se retiraban de la sesión legislativa –al aprobarse la norma- con bronca e impotencia, un empresario bolichero que también había asistido se retirara con una sonrisa. No era para menos: tanto favorecieron los concejales a los empresarios, que hay quienes sospechan que detrás de la aprobación, el Concejal Carlos Olivera, jefe de la bancada zuccarista, y algunas de sus marionetas levantamanos actuaron impulsados por algunas razones más metálicas que su incapacidad para legislar.
La ordenanza
Cualquiera que hasta ayer quisiera habilitar una confitería bailable o boliche, tenía que pagar, en concepto de “tasa de inspección”, hasta veinte mil pesos; ahora en cambio, los locales de diversión podrán habilitarse como “bar-pub”, y en tal caso solo deberán tributar una décima parte de ese monto.
En ciudades como Buenos Aires o Rosario (a la que el intendente suele mencionar como ejemplo de gestión), los boliches están regulados en serio. Tratándose del “derecho de admisión” -eufemismo que utilizan los patovicas para discriminar- las ciudades que nuestro intendente admira obligan a exhibir en la entrada un cartel con los requisitos de ingreso; de esa manera, nadie puede ser impedido de entrar “por no tener tarjeta” por caso, si no se establece de antemano tal requisito.
La ordenanza aprobada el jueves en Pilar sólo establece la ingenua condición de “no discriminar”. Como si cuando los musculosos de la puerta “rebotan” a alguien por ser discapacitado, le fueran a decir “no te dejamos entrar porque sos discapacitado”.
Y hablando de discapacitados, en las ciudades “para todos” de verdad, se exige un baño para ellos, además de un inodoro cada 50 personas. Nuestra flamante ordenanza no dice una sola palabra de baños, y menos para discapacitados; quizás sea para desalentar que alguien en silla de ruedas vaya a divertirse, no sea cosa que por una desgracia haya que usar la salida de emergencia. Porque si así fuera, el inspector Airoldi y muchos otros funcionarios municipales, se darían cuenta que una salida de emergencia con un escalón de 80 centímetros entre el piso interior y la vereda– como ocurre en uno de los locales del “corredor”- es una trampa mortal.
En Rosario, las disposiciones establecen que no debe haber viviendas residenciales en todo el perímetro de los boliches; si existieran residentes linderos, la totalidad de los mismos deben manifestar su consentimiento expreso para que el lugar sea habilitado.
Además, se niega la habilitación cuando se opongan a ella un tercio o más de los vecinos que residen en un radio de 50 metros.
En las ciudades elogiadas por nuestro alcalde se exige un sistema de iluminación de emergencia, un grupo electrógeno automático, y detector de metales en la entrada. Nuestra novel ordenanza no dice nada sobre estas cuestiones. Quizás Carlos Olivera, que vive en la localidad de Del Viso, no sepa que en la localidad de Pilar a veces la luz se corta, o que a veces alguien armado puede pretender ingresar a un boliche lleno de chicos.
Pero mientras no pase nada, todos mirarán para otro lado. Total, el día que pase, harán como también hicieron en la sesión del jueves: aprobaron pagar 700 mil pesos por un juicio por mala praxis en el hospital: “No importa quien fue. Hay que pagar” dijo Zúccaro.
Aunque en nuestro “Pilar para todos” ya estemos acostumbrados a que los concejales y funcionarios aten todo con alambre, a que la justicia investigue indefinidamente sobre negociados y negligencias, y a que los inspectores sólo clausuren puestos de artesanías en una plaza, los jóvenes seguirán mereciendo concurrir a lugares realmente seguros, y los vecinos de la Ruta 8 seguirán mereciendo recuperar su calidad de vida. Aunque eso sólo sea posible el día que el “corredor nocturno” sea trasladado a otro lugar.
Mientras tanto, recemos para que nada irreparable ocurra.
También fue un mal día para todos los pilarenses: nuestros concejales aprobaron una ordenanza que pretende regular la actividad nocturna en el Partido, pero que en realidad, la desregula, agravando y mucho no sólo la vida de los vecinos, sino también poniendo en riesgo la de los jóvenes que concurren a divertirse. Fue una paradoja que mientras los vecinos afectados por la medida del gobierno se retiraban de la sesión legislativa –al aprobarse la norma- con bronca e impotencia, un empresario bolichero que también había asistido se retirara con una sonrisa. No era para menos: tanto favorecieron los concejales a los empresarios, que hay quienes sospechan que detrás de la aprobación, el Concejal Carlos Olivera, jefe de la bancada zuccarista, y algunas de sus marionetas levantamanos actuaron impulsados por algunas razones más metálicas que su incapacidad para legislar.
La ordenanza
Cualquiera que hasta ayer quisiera habilitar una confitería bailable o boliche, tenía que pagar, en concepto de “tasa de inspección”, hasta veinte mil pesos; ahora en cambio, los locales de diversión podrán habilitarse como “bar-pub”, y en tal caso solo deberán tributar una décima parte de ese monto.
En ciudades como Buenos Aires o Rosario (a la que el intendente suele mencionar como ejemplo de gestión), los boliches están regulados en serio. Tratándose del “derecho de admisión” -eufemismo que utilizan los patovicas para discriminar- las ciudades que nuestro intendente admira obligan a exhibir en la entrada un cartel con los requisitos de ingreso; de esa manera, nadie puede ser impedido de entrar “por no tener tarjeta” por caso, si no se establece de antemano tal requisito.
La ordenanza aprobada el jueves en Pilar sólo establece la ingenua condición de “no discriminar”. Como si cuando los musculosos de la puerta “rebotan” a alguien por ser discapacitado, le fueran a decir “no te dejamos entrar porque sos discapacitado”.
Y hablando de discapacitados, en las ciudades “para todos” de verdad, se exige un baño para ellos, además de un inodoro cada 50 personas. Nuestra flamante ordenanza no dice una sola palabra de baños, y menos para discapacitados; quizás sea para desalentar que alguien en silla de ruedas vaya a divertirse, no sea cosa que por una desgracia haya que usar la salida de emergencia. Porque si así fuera, el inspector Airoldi y muchos otros funcionarios municipales, se darían cuenta que una salida de emergencia con un escalón de 80 centímetros entre el piso interior y la vereda– como ocurre en uno de los locales del “corredor”- es una trampa mortal.
En Rosario, las disposiciones establecen que no debe haber viviendas residenciales en todo el perímetro de los boliches; si existieran residentes linderos, la totalidad de los mismos deben manifestar su consentimiento expreso para que el lugar sea habilitado.
Además, se niega la habilitación cuando se opongan a ella un tercio o más de los vecinos que residen en un radio de 50 metros.
En las ciudades elogiadas por nuestro alcalde se exige un sistema de iluminación de emergencia, un grupo electrógeno automático, y detector de metales en la entrada. Nuestra novel ordenanza no dice nada sobre estas cuestiones. Quizás Carlos Olivera, que vive en la localidad de Del Viso, no sepa que en la localidad de Pilar a veces la luz se corta, o que a veces alguien armado puede pretender ingresar a un boliche lleno de chicos.
Pero mientras no pase nada, todos mirarán para otro lado. Total, el día que pase, harán como también hicieron en la sesión del jueves: aprobaron pagar 700 mil pesos por un juicio por mala praxis en el hospital: “No importa quien fue. Hay que pagar” dijo Zúccaro.
Aunque en nuestro “Pilar para todos” ya estemos acostumbrados a que los concejales y funcionarios aten todo con alambre, a que la justicia investigue indefinidamente sobre negociados y negligencias, y a que los inspectores sólo clausuren puestos de artesanías en una plaza, los jóvenes seguirán mereciendo concurrir a lugares realmente seguros, y los vecinos de la Ruta 8 seguirán mereciendo recuperar su calidad de vida. Aunque eso sólo sea posible el día que el “corredor nocturno” sea trasladado a otro lugar.
Mientras tanto, recemos para que nada irreparable ocurra.
domingo, 9 de julio de 2006
El Huevo de la Serpiente
(EL DIARIO REGIONAL, 09/07/2006) “A pesar de estar en un gobierno democrático, aun quedan resabios de la dictadura”, dijo el intendente al referirse al procesamiento de dos dirigentes sociales de Pilar, que en 2005 participaron en una marcha de protesta. Lástima que Zúccaro no posea la capacidad de reconocer los “resabios de la dictadura” en su propio gobierno, y más precisamente, en su propia persona.
Son muchas las oportunidades en las que el jefe comunal habló de integración, ubicándola como uno de los ejes de su gestión; pero muchas más, son las veces que sus acciones se apartaron de sus palabras.
Así, la semana pasada reflotó la idea de arancelar la salud pública para quienes no sean de Pilar: “no voy a permitir que una madre de Pilar no pueda internarse porque la cama está ocupada por gente de otro distrito”, dijo; y ayer, durante una entrevista por FM Plaza, reiteró que estaba convencido de que la salud tenía que ser gratuita, pero “para la gente del distrito”. Bien, pero ¿qué hacen los enfermos que no viven en el distrito y vienen a hacerse atender en él? ¿se les negará el acceso al derecho a la salud?; ¿acaso el gobierno municipal es hoy obligado a destinar fondos para pagar por las atenciones gratuitas a los enfermos que sí son de aquí pero van a atenderse al Hospital Fernández, o a cualquier otro fuera de Pilar?.
Parece claro que para nuestro intendente, ser pobre es un delito. Su discurso transmite la idea de que si en Pilar no hubiera pobres (“nativos” o extranjeros”), su gobierno sería eficiente; ellos, los excluidos, son los culpables de que sólo 3 de cada 10 pilarenses tomen agua de red, o que el transporte colectivo esté colapsado, o que exista una violencia creciente en el corredor nocturno de la Ruta 8.
El verano pasado, Zúccaro responsabilizó del delito en Pilar a los habitantes de distritos vecinos pobres; en otras palabras, a los pobres. De igual modo, ahora dice que el barrio de viviendas sociales que se construye en José C. Paz, saturará la siempre escasa oferta local de servicios de salud, y en consecuencia, la demanda “foránea” debería limitarse poniéndole precio. Desde el punto de vista de la teoría económica, la propuesta del alcalde es brillante; desde todos los demás, es lamentable. Si para Zúccaro el sistema de salud de la ciudad de Rosario es un ejemplo a imitar –como dijo en la entrevista- debería saber que allí, los principios expresados y defendidos por los sucesivos gobiernos en materia de salud pública, son la solidaridad, la equidad, la accesibilidad, la calidad y la participación (en Pilar, se ha escuchado hablar mucho sobre estos principios, pero ninguno de ellos ha sido puesto en práctica).
El jefe de gobierno no debería criminalizar la pobreza, sea de su distrito o sea de otro. Tampoco debería alimentar la violencia xenófoba profundizando la exclusión. Como dijo Gilberto Gil al asumir como ministro de cultura de Brasil, “la causa principal de la violencia urbana no es la pobreza sino la desigualdad social”. Y la desigualdad, se alimenta con actitudes y palabras que aisladas pueden parecer insignificantes, pero que repetidas con persistencia, calan las conciencias y cristalizan la intolerancia. Así, como el huevo de la serpiente, que por ser traslúcido deja ver lo que está gestando, lo que sigue será que el gobierno de Zúccaro decida arrojar aceite hirviendo sobre los pobres, primero a los de municipios vecinos, para luego seguir con los propios.
Son muchas las oportunidades en las que el jefe comunal habló de integración, ubicándola como uno de los ejes de su gestión; pero muchas más, son las veces que sus acciones se apartaron de sus palabras.
Así, la semana pasada reflotó la idea de arancelar la salud pública para quienes no sean de Pilar: “no voy a permitir que una madre de Pilar no pueda internarse porque la cama está ocupada por gente de otro distrito”, dijo; y ayer, durante una entrevista por FM Plaza, reiteró que estaba convencido de que la salud tenía que ser gratuita, pero “para la gente del distrito”. Bien, pero ¿qué hacen los enfermos que no viven en el distrito y vienen a hacerse atender en él? ¿se les negará el acceso al derecho a la salud?; ¿acaso el gobierno municipal es hoy obligado a destinar fondos para pagar por las atenciones gratuitas a los enfermos que sí son de aquí pero van a atenderse al Hospital Fernández, o a cualquier otro fuera de Pilar?.
Parece claro que para nuestro intendente, ser pobre es un delito. Su discurso transmite la idea de que si en Pilar no hubiera pobres (“nativos” o extranjeros”), su gobierno sería eficiente; ellos, los excluidos, son los culpables de que sólo 3 de cada 10 pilarenses tomen agua de red, o que el transporte colectivo esté colapsado, o que exista una violencia creciente en el corredor nocturno de la Ruta 8.
El verano pasado, Zúccaro responsabilizó del delito en Pilar a los habitantes de distritos vecinos pobres; en otras palabras, a los pobres. De igual modo, ahora dice que el barrio de viviendas sociales que se construye en José C. Paz, saturará la siempre escasa oferta local de servicios de salud, y en consecuencia, la demanda “foránea” debería limitarse poniéndole precio. Desde el punto de vista de la teoría económica, la propuesta del alcalde es brillante; desde todos los demás, es lamentable. Si para Zúccaro el sistema de salud de la ciudad de Rosario es un ejemplo a imitar –como dijo en la entrevista- debería saber que allí, los principios expresados y defendidos por los sucesivos gobiernos en materia de salud pública, son la solidaridad, la equidad, la accesibilidad, la calidad y la participación (en Pilar, se ha escuchado hablar mucho sobre estos principios, pero ninguno de ellos ha sido puesto en práctica).
El jefe de gobierno no debería criminalizar la pobreza, sea de su distrito o sea de otro. Tampoco debería alimentar la violencia xenófoba profundizando la exclusión. Como dijo Gilberto Gil al asumir como ministro de cultura de Brasil, “la causa principal de la violencia urbana no es la pobreza sino la desigualdad social”. Y la desigualdad, se alimenta con actitudes y palabras que aisladas pueden parecer insignificantes, pero que repetidas con persistencia, calan las conciencias y cristalizan la intolerancia. Así, como el huevo de la serpiente, que por ser traslúcido deja ver lo que está gestando, lo que sigue será que el gobierno de Zúccaro decida arrojar aceite hirviendo sobre los pobres, primero a los de municipios vecinos, para luego seguir con los propios.
martes, 30 de mayo de 2006
El Rey está desnudo
Es conocido el cuento del Rey a quien nadie podía contradecir, y al que dos sastres le propusieron hacerle un traje nunca visto en el universo, confeccionado con una tela que solo podría ser vista por personas inteligentes. El Rey, una vez “vestido”, y para demostrar que era inteligente, aceptó que el traje era maravilloso; lo mismo dijeron los súbditos “inteligentes” de su entorno; así es que el Rey salió a la calle para exhibir su traje, mientras la gente del reino mostraba su admiración por el atuendo para que nadie diga que eran ignorantes; hasta que un niño de entre la muchedumbre comenzó a gritar ¡El Rey está desnudo! y entonces, finalmente, la parodia se desmoronó.
El “éxito” obtenido por el intendente para llevar gente al acto del Presidente Kirchner es como el traje invisible del rey. Nadie duda que hubo quienes concurrieron a la Plaza de Mayo de manera voluntaria, para demostrar su apoyo al presidente. Porque a nivel nacional, es indudable que la gestión del santacruceño tiene logros impensados hace 3 años; y en el plano local, todos le reconocemos a Zúccaro su capacidad de trabajo y su actitud de compromiso frente a muchos temas que escapan -a veces- a su estricta incumbencia como intendente. Varios de sus colaboradores son personas íntegras y capaces. Todo ello sumado, pudo lograr que el jueves pasado se completen algunos colectivos. Pero en la comitiva pilarense había casi un centenar.
Tanta movilización tiene la inocultable intención de allanar el camino para la reelección de Zúccaro en 2007. Aunque si plantea la necesidad de otros 4 años de mandato por la falta de oposición (y no por mero interés personal), confunde. Primero, porque el espacio de los partidos políticos no puede plantearse en los términos excluyentes de oficialismo-oposición. Segundo, porque si no trasciende la existencia de otros espacios, de otras voces, quizás sea porque el concepto de “pluralidad” del intendente Zúccaro –como el del Presidente Kirchner- es sólo parte del discurso y no parte de sus convicciones, y porque pocos medios de comunicación locales publican opiniones críticas como la que usted está leyendo.
Es contradictorio que Zúccaro hable de la “nueva política” cuando los pedidos para acceder a información pública no encuentran nunca respuesta; cuando les da vuelta la cara a los vecinos de Villa Delia que van a reclamar que les devuelvan la tranquilidad que les quitaron al “correr” los boliches desde el centro de la ciudad a la ruta 8; cuando el presupuesto participativo es visto por el gobierno como una traba a su voluntad hegemónica.
Tampoco es propio de la “nueva política” (que Zúccaro se desespera por integrar) presionar a las empresas de transporte público para llevar gente a la plaza. Quizás a cambio de eso, la hipercuestionada línea 501 consiguió hace unos días que el gobierno le extienda la concesión por diez años más.
En el ámbito de la organizaciones sin fines de lucro, el gobierno de Zúccaro compró voluntades como ningún otro. Centenares de miles de pesos de fondos públicos vienen siendo entregados de manera discrecional a muchísimas entidades intermedias y personas. Cuánto influyó ese dinero en la voluntad de quienes concurrieron a la Plaza de Mayo el pasado jueves, es algo que quedará en las conciencias y en el “off the record” de quienes fueron.
Sin embargo, tanta voluntad comprada por el jefe comunal algún día se le volverá en contra: alguien gritará “¡El Rey está desnudo!”, y la palabra “plural”, recuperará su verdadero significado.
El “éxito” obtenido por el intendente para llevar gente al acto del Presidente Kirchner es como el traje invisible del rey. Nadie duda que hubo quienes concurrieron a la Plaza de Mayo de manera voluntaria, para demostrar su apoyo al presidente. Porque a nivel nacional, es indudable que la gestión del santacruceño tiene logros impensados hace 3 años; y en el plano local, todos le reconocemos a Zúccaro su capacidad de trabajo y su actitud de compromiso frente a muchos temas que escapan -a veces- a su estricta incumbencia como intendente. Varios de sus colaboradores son personas íntegras y capaces. Todo ello sumado, pudo lograr que el jueves pasado se completen algunos colectivos. Pero en la comitiva pilarense había casi un centenar.
Tanta movilización tiene la inocultable intención de allanar el camino para la reelección de Zúccaro en 2007. Aunque si plantea la necesidad de otros 4 años de mandato por la falta de oposición (y no por mero interés personal), confunde. Primero, porque el espacio de los partidos políticos no puede plantearse en los términos excluyentes de oficialismo-oposición. Segundo, porque si no trasciende la existencia de otros espacios, de otras voces, quizás sea porque el concepto de “pluralidad” del intendente Zúccaro –como el del Presidente Kirchner- es sólo parte del discurso y no parte de sus convicciones, y porque pocos medios de comunicación locales publican opiniones críticas como la que usted está leyendo.
Es contradictorio que Zúccaro hable de la “nueva política” cuando los pedidos para acceder a información pública no encuentran nunca respuesta; cuando les da vuelta la cara a los vecinos de Villa Delia que van a reclamar que les devuelvan la tranquilidad que les quitaron al “correr” los boliches desde el centro de la ciudad a la ruta 8; cuando el presupuesto participativo es visto por el gobierno como una traba a su voluntad hegemónica.
Tampoco es propio de la “nueva política” (que Zúccaro se desespera por integrar) presionar a las empresas de transporte público para llevar gente a la plaza. Quizás a cambio de eso, la hipercuestionada línea 501 consiguió hace unos días que el gobierno le extienda la concesión por diez años más.
En el ámbito de la organizaciones sin fines de lucro, el gobierno de Zúccaro compró voluntades como ningún otro. Centenares de miles de pesos de fondos públicos vienen siendo entregados de manera discrecional a muchísimas entidades intermedias y personas. Cuánto influyó ese dinero en la voluntad de quienes concurrieron a la Plaza de Mayo el pasado jueves, es algo que quedará en las conciencias y en el “off the record” de quienes fueron.
Sin embargo, tanta voluntad comprada por el jefe comunal algún día se le volverá en contra: alguien gritará “¡El Rey está desnudo!”, y la palabra “plural”, recuperará su verdadero significado.
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