Durante 2003, por cada 100 pesos que ingresaron a las arcas municipales, el gobierno de Sergio Bivort destinó apenas 26 a pagar a sus funcionarios y al personal municipal. El año pasado, en cambio, Humberto Zúccaro destinó 37 pesos por cada cien. Además, lo que gastó en personal fue de casi 10 millones de pesos más que su antecesor.
Mas allá del gasto global, se sabe que la cantidad de funcionarios (con cargos de Directores y superiores) aumentó por encima del doble, y que los sueldos de los “nuevos” son sensiblemente superiores a los de los funcionarios “viejos”.
Nada se cumple con respecto a las normas que pretendían dotar de transparencia y equidad a la cuestión del empleo municipal, como son el ingreso por concurso público, o la ordenanza 240/01 por la cual los empleados contratados no pueden tener un sueldo distinto ni superior al que recibe un empleado de carrera por la misma función.
Aunque para el Secretario de Hacienda, Daniel Ondarza, el presupuesto sea un simple formalismo, para el resto del mundo los presupuestos son instrumentos que permiten medir rendimientos, toda vez que los mismos determinan objetivos fijados. Claro que si los objetivos no existen, no es de extrañar que el presupuesto sea —en palabras del Secretario— “un simple formalismo”. Si en cambio se establecieran, como en cualquier gobierno “de puertas abiertas” en serio, objetivos y metas presupuestarias, la magnitud de las desviaciones indicaría la eficiencia o ineficiencia de la gestión municipal.
Si lo que recibía Humberto Zúccaro en diciembre de 2003 era una “pesada herencia”, como aseguró entonces ¿cómo es posible que no haya tomado una sola medida de austeridad? ¿cómo pudo desviarse de manera tan grosera de su promesa de destinar el aumento en la recaudación a financiar obras?. Observemos que en el rubro “gastos en bienes y servicios” se gastaron casi cinco millones menos que en 2003.
El porcentaje de gastos destinado a personal se elevó del 26 a 37%. Al intendente se lo vio satisfecho por no superar el tope del 40% impuesto por una ordenanza que él mismo aprobó en 2001. Pero por cada punto porcentual de mayor gasto en personal, se dejan de construir más de 10 cuadras de asfalto al año, que dentro de 30 meses, cuando Zúccaro finalice su mandato, hubieran representado accesos pavimentados para muchos de los barrios del partido.
Brindar información es una obligación para cualquier gobierno, aunque no se pida; pero si efectivamente se pide que se brinde (como se pidió por nota en el caso de esta rendición), la obligación es inexcusable. Sin embargo, para la gestión de Humberto Zúccaro, el secreto es la regla, y brindar información es la excepción. Y como advirtió el editor del Washington Post durante la revelación del Watergate (que terminó con la renuncia de Nixon a la presidencia de Estados Unidos), “no brindar la información cuando se la tiene es como no decir la verdad”.
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