El ENRE trabaja para Edenor

(Pilar de Todos, carta de lectores) Ayer viernes se conoció la resolución del ENRE fechada el 7 del corriente y referida al reclamo que por la instalación de un transformador de media tensión iniciamos los vecinos de Villa Alpina II en ese organismo de “regulación”, que supuestamente fue creado para regular el mercado eléctrico.Paradójicamente, la referida resolución (que lleva el número AU 3213/2000), dice que “... a efectos de evitar Resoluciones contradictorias corresponde suspender el trámite del reclamo administrativo hasta tanto la justicia se expida en la acción de amparo interpuesta...” y concluye que “por ello se resuelve: suspender la tramitación del presente reclamo hasta tanto el Sr. Juez de Paz de Pilar se pronuncie acerca de la procedencia del recurso de Amparo interpuesto por el Sr. Gabriel Lagomarsino”.Tal vez la Ley Administrativa establezca que corresponde suspender el reclamo, y en tal caso la Resolución en cuestión estaría ajustada a derecho, pero de lo que no me cabe duda ninguna es que el ENRE trabaja para Edenor: de otro modo, no se explica que para tomar tal decisión se tomen nada más y nada menos que ¡CUATRO MESES!Afortunadamente para nosotros, en el Juzgado de la Dra. Castellini está pronto el dictado de la sentencia del Recurso de Amparo interpuesto contra el ENRE y la Municipalidad del Pilar; en esa sentencia depositamos nuestra confianza, porque hace algunos días se agregó al expediente de Amparo un informe del Defensor del Pueblo, Lic. Marcelo Fernández, y en él consta que los transformadores de Edenor pueden “explotar o romperse”, y si ello sucede, sumado a la contaminación producida por los campos electromagnéticos del cableado que alimenta el transformador, puede haber consecuencias graves para nosotros los vecinos, y en tal caso me pregunto quién se hará responsable ¿Edenor, que sigue jurando que no utiliza ni utilizó PCB en sus transformadores a pesar de que está probado que debajo de varios de ellos hay PCB? ¿La Municipalidad que dijo que las obras que realiza Edenor en el espacio público no son tema de su incumbencia? ¿El ENRE, que vive gracias al dinero que nosotros los consumidores pagamos pero que defiende (¿encubre?) a las distribuidoras?Si Dios quiere, la Justicia va a obligar a Edenor a sacar el engendro junto con el cableado de adentro del barrio (antes de mayo el transformador que alimentaba de electricidad al barrio estaba en la periferia y no en el centro de Villa Alpina como está éste); y si Dios quiere, ello ocurrirá antes de que suceda nada de lo que tememos; pero sinceramente, me quedaría más conforme si podemos dejar a Dios de lado en esto y nos hacemos cargo nosotros los seres humanos de no contaminarnos y matarnos mutuamente.

Aprobación del bingo: el Concejo lo hizo

Consideraciones de un integrante del espacio de encuentro de vecinos, instituciones y organizaciones, PROPILAR, sobre la instalación de un bingo en el Complejo Village.

La empresa Bingo SA cumplió con todos los requisitos legales para que el proyecto sea aprobado. Pero los vecinos de Pilar tenemos el derecho de decidir qué entorno quere­mos para nosotros y nuestras familias.

Propilar no se opone a la instalación de un bingo pero sí a la toma de decisiones inconsultas. Máxime cuando quienes las toman han dejado de poseer la representatividad que po­drían pretender enarbolar antes del domingo 24 de octubre. Y para confirmar tal pérdida de representatividad, el inten­dente Alberto Alberini expresó, en sus primeras declaracio­nes a la prensa (luego de conocida su derrota), que no im­pulsaría ni aprobaría ningún proyecto cuestionable, como sin dudas lo es éste.

Los concejales a favor del bingo pueden decir que su man­dato finaliza el 10 de diciembre, y que por lo tanto nos repre­sentan hasta esa fecha. Pero luego de una derrota tan con­tundente, deberían entender que los ciudadanos de Pilar de­cidimos que se fueran, y si van a marcharse en diciembre es sólo por una cuestión formal. La voluntad popular no se ex­presó «a futuro» como si fuera un cheque de pago diferido con el 10 de diciembre como fecha de cobro. Sino que se expresó como un cheque a la fecha, al mismo 24 de octubre. La situación posee cierta analogía con el despido de un empleado de su trabajo: si bien el empleador puede optar por pagarle el tiempo de preaviso y cesarlo de manera inme­diata, o bien de permitirle continuar trabajando durante la duración del preaviso, la inmensa mayoría de los empleado­res elige la primera opción.
Y es que cuando alguien conoce el plazo de finalización de su contrato, llámese gerente, operario o concejal puede ver­se tentado a actuar de manera oportunista, porque le han quitado el incentivo de su continuidad.

A principios de año los vecinos debimos soportar el chan­taje político de la pretendida construcción de una playa de estacionamiento subterránea para que con el canon que se iba a recaudar se pudieran repavimentar las calles del centro de Pilar.

Hace algo menos, el chantaje fue un complejo de oficinas a cambio de trabajo. Fue cuando el concejal José Molina (PJ) dijo que «se organizan grupos cómo Propilar... y nos han amenazado 35 mil veces que iban a ir a la justicia... dejémonos de joder (sic); acá Pilar necesita fuentes de traba­jo y un montón de cosas que las inversiones privadas nos están dando...» (El Diario Regional, 27/2/99).

No está en el ánimo de ningún integrante de Propilar inter­ferir la inversión privada. Sencillamente creemos que la par­ticipación constituye la esencia de nuestro sistema políti­co. Y que las cosas no se resuelven mediante su ocultamiento o aprobación apresurada -como en los regímenes autori­tarios- sino permitiendo su amplio conocimiento por los ciu­dadanos, para que de ellos, y no de sus presuntos tutores, emane el apoyo o la condena social.

En Propilar hablamos de planificación con participación. Intercambiamos experiencias utilizando un método socialmente abierto e ideológicamente pluralista. Por ello creo que no se puede gobernar a espaldas de los vecinos.

Aunque la aprobación del bingo no constituya un delito penal, espero que la condena social haga reflexionar a tanto concejal ignorante que anda suelto, feliz de creer que ocupa un lugar en la función pública para servirse de él, sin contra­prestación ninguna a quienes le pagamos el sueldo y sopor­tamos su soberbia.

Y confío en que Alberini honrará su palabra vetando la decisión del Concejo y permitiendo que sean las próximas autoridades las que resuelvan.

Pilar crece junto a usted

(ELDIARIO REGIONAL, 19/05/1999) Los agentes inmobiliarios dicen que el precio de las propiedades de Pilar se incrementó, en promedio, un 100% durante los últimos cinco años, excluyendo los cascos céntricos de las distintas localidades del distrito y la franja de la Panamericana Esto representa una suba promedio del 15% anual.

Por el contrario, en igual período los salarios reales y su poder de compra se han mantenido prácticamente inalterados (en realidad, han disminuido un poco).

Ahora bien, esta realidad es parte de un sistema que, a largo plazo, resulta perverso: al subir el costo de acceso a la vivienda pero mantener los ingresos estables, los asalariados que necesiten acceder a una propiedad, la buscarán en donde más les convenga (o en donde puedan), y en Pilar les convendrá cada vez menos. Tanto por el precio que deberán pagar para comprar c alquilar una casa, como por el costo de vivir luego aquí.

Quien analice esta situación con criterio cortoplacista, concluirá en que el boom sólo genera beneficios para Pilar y sus habitantes. ¿Es realmente así? Quizás sí en parte, pero no totalmente.

El origen del boom inmobiliario responde a muchísimas causas, siendo la concesión de la Panamericana y el aumento del crédito, algunas de las más destacadas.

Las llamadas expectativas racionales de la gente hacen que muchos deseen vivir aquí, y como el stock de viviendas es en principio escaso, aumenta la tasa de inversión en viviendas; esto provoca una mayor oferta, que vuelve a ser compensada con la aparición de nuevos compradores, logrando así un equilibrio dinámico.

A largo plazo, todas las zonas de Pilar adecuadas para vivienda habrán sido utilizadas para proyectos de barrios cerrados y countries; en síntesis, un recurso escaso como lo es el suelo se habrá usado en beneficio exclusivo de proyectos privados, trasladando un costo de mucha mayor magnitud, a quienes no participan de tales proyectos, es decir, la inmensa mayoría de los habitantes (actuales y futuros) de Pilar.

 

Agenda 21

Desde el punto de vista de la teoría económica, el laissez-faire (dejar hacer) puede ser óptimo, considerando que el mercado asigna sus recursos en forma eficiente; ¿pero será una asignación socialmente justa? Creo que no: muchos habrán visto irse por las nubes el valor de las propiedades, y entonces ya no podrán comprar ni esa casa que anhelaban ni ese otro terrenito para edificar. Porque desde que hicieron ese barrio cerrado al lado, pasaron a costar tres veces más; y así, los asalariados de menores ingresos deberán migrar hacia lugares más accesibles a sus bolsillos.

¡Qué distinto a la aspiración de las Naciones Unidas, que a través de su Programa de Ordenación del Suelo impulsan un mayor acceso a la vivienda a todos los ciudadanos, especialmente a los pobres de las zonas urbanas!

Asimismo, un plan de acción internacional para el desarrollo sustentable, llamado Agenda 21, establece que todas las medidas de planificación que se tomen, deben ser compatibles con el desarrollo social y económico, y salvaguardar el derecho a la co-determinación y a la participación de los grupos cuya situación se vea afectada.

¿Existe alguna solución? Sí. Pilar debe atender las necesidades actuales y futuras de vivienda de todos los sectores sociales, reservando zonas en las que sólo se permita construir casas para familias de ingresos medios y bajos.

Si cada vez que se presenta un proyecto, se aprueba una excepción al Código de Zonificación, a largo plazo los empleados de las empresas de Pilar tendrán que venir desde más lejos; a su vez, las empresas que los empleen verán incrementados sus costos, porque deberán pagarles el traslado; incluso algunas empresas que desearan radicarse en Pilar, descartarán la idea porque un predio aquí, como zona de countries, les resultará sustancialmente más caro que en otro distrito.

Si «Pilar crece junto a usted» como hasta ahora, de aquí a diez o veinte años se habrá transformado en el «Nuevo San Isidro», con zonas de viviendas suntuosas junto a villas miseria ¿Aspiramos a eso, o queremos un Partido con equilibrio de espacios verdes, industrias, comercios y viviendas?

La respuesta a esta pregunta es el desafío que todos debemos asumir hoy. No sirven las decisiones aisladas de una élite de planificadores urbanos, sean funcionarios públicos o prestigiosos académicos: sin duda representan un aporte valioso, pero primero debe existir la decisión política de contemplar todos los puntos de vista. En ese proceso, cada uno de nosotros es el actor principal, y no debemos cederle nuestra cuota de protagonismo a nadie.

Carta abierta a los funcionarios que no interpretan sus funciones

(DIARIO RESUMEN, 06/04/1997) Sr. Director, al responder a mi nota titulada “La Ambigüedad del Sí” referida a la consulta popular del día de ayer, el Sr. Sebastián Di Capua tomó una actitud inusual entre quienes poseen funciones públicas, única actitud que origina mi más profundo reconocimiento. Por lo demás, creo necesario aclarar algunos aspectos que el Sr. Sebastián Di Capua no llegó a comprender.

Cualquier obra pública que se pretenda realizar debe ser planeada cuidadosamente por mucho que a él le pese, primero porque vivimos en un mundo de escasez, es decir que el dinero que se destina a una cosa no puede ser utilizado para otra, y segundo porque se trata del dinero de la gente, no del dinero de él.

Cuando el Sr. Di Capua dice que los recursos se utilizarán en repavimentar el casco urbano, sería oportuno que ofrezca fuentes de financiamiento alternativas para solventar las reparaciones de las calles, ¿o es que acaso sin playa subterránea las calles del centro seguirán en el vergonzoso estado actual ?.

A juzgar por los hechos, sí existe una dicotomía (del gr. dichotomía, que se divide en dos) entre construir una playa subterránea y limpiar la guardia del Hospital, puesto que la realidad nos muestra funcionarios preocupados en que se construya la playa, mientras que por la limpieza de la guardia del Hospital... (me pregunto si harán una consulta para conocer la opinión de la gente al respecto).

En su nota, el Sr. Di Capua desacredita mi opinión por ser yo Master en Dirección de Empresas, en contraposición con su “condición de Abogado con formación democrática”; tal actitud es propia de mentes autoritarias, más ligadas a la intolerancia que al discurso democrático que proclaman.

Es cierto que conozco menos que lo que debe conocer el Sr. Di Capua (un Abogado “con formación democrática”) sobre sistemas constitucionales, y es por ello que en mi nota “La Ambigüedad del Sí” aclaro que opino desde el punto de vista ESTADÍSTICO, y no constitucional; por eso recomiendo al Sr. Di Capua que escriba menos y que lea más).

Finalmente, y con relación a la temeraria advertencia que el Sr. Di Capua le hace con respecto a las opiniones que Ud. Sr. Director publica en RESUMEN, transcribo unos párrafos del Dr. Gregorio Badeni, a quien quizás por su carácter de Constitucionalista el Sr. Di Capua le reconozca crédito.


Resumen, miércoles 2 de abril de 1997
Qué dijo Sebastián Di Capua (MDA Univ. Austral)
· Si estamos ante una obra que no tiene costo para la comuna, su realización de modo alguno imposibilita la realización de otras obras, y además, de llevarse a cabo, permitirá generar recursos genuinos para que la comuna afronte la repavimentación del casco urbano de nuestra querida ciudad.
· No existe una dicotomía entre construir una playa subterránea o limpiar la guardia del Hospital; ambas cosas son factibles a la vez, y de hecho el actual gobierno comunal pretende realizarlas.
· (Lo expuesto en la nota de Gabriel Lagomarsino) ... no me afecta de manera personal, dado mi carácter de abogado con formación democrática...
· Es claro que quien sabe de empresas poco o nada debe conocer de sistemas constitucionales.
· (Gabriel Lagomarsino) ...desconoce que nuestra actual legislación nos imposibilita de realizar ... una consulta obligatoria y universal.
· Le recomiendo al Sr. Lagomarsino que no opine de temas que desconoce o bien que se asesore convenientemente, pues como dice el viejo refrán popular “zapatero a tus zapatos”.
· Quienes como usted Sr. Director tienen en sus manos esta poderosa arma, que es un medio de comunicación social, deben tener el suficiente cuidado y la mayor responsabilidad en lo que vuelcan en el mismo.




Clarín, jueves 3 de abril de 1997
Qué dijo Gregorio Badeni (Constitucionalista)

· Con relativa frecuencia los gobernantes, figuras públicas y ciertos factores de poder procuran descalificar sin reparar en recursos a los periodistas y medios de prensa cuando difunden hechos u opiniones que son adversos para sus intereses políticos, económicos o ideológicos, o para el prestigio que aspiran a disfrutar en la sociedad. Se trata de una situación realmente patológica, porque si bien en teoría todos ellos se proclaman fervientes partidarios de la libertad de prensa, perduran en sus mentes los resabios de la cultura autoritaria que durante décadas imperó en el país, cultura que a veces añoran, basada sobre la intolerancia y el odio que propicia la censura o la autocensura para contar con una prensa obsecuente, desprovista de la más elemental independencia...
· Por ende, toda restricción al derecho de expresar o de no expresar el pensamiento altera el ejercicio de un derecho subjetivo y la esencia de un sistema político constitucionalista...
· Los problemas no se resuelven mediante su ocultamiento, como en los regímenes autoritarios, sino permitiendo su amplio conocimiento por los ciudadanos para que de ellos, y no de sus presuntos tutores, emane el rechazo y la condena social.

Pilar no necesita una playa subterránea

(DIARIO RESUMEN, 04/03/97) Mucho se ha hablado en estos días sobre el controvertido tema de la playa de estacionamiento subterránea que se construiría debajo de la plaza 12 de Octubre. En medio de innumerables opiniones de políticos, entidades intermedias, periodistas, etc. se encuentran los eternos convidados de piedra de siempre: los simples ciudadanos de Pilar.

Este artículo analiza el tema desde una perspectiva económica que aun no ha sido tratada. ¿Por qué compra usted este diario? Posiblemente hay muchas respuestas, pero desde el punto de vista de la economía, usted lo compra en funci6n de su precio, e impulsado por sus gustos, ingresos, el precio de otros medios de comunicación sustitutos, etc. Usted, con su decisión, establece la cantidad demandada de Resumen al precio de 50 centavos el ejemplar; el editor, por su parte, decide ofrecer determinada cantidad, que entre otras cosas, es función del precio de tapa. Así, un mercado ­--sea de periódicos o de estacionamiento-- se encuentra en equilibrio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida: no confundamos cantidad demandada y ofrecida con cantidad efectivamente comprada y vendida. Las cantidades comprada y vendida siempre serán iguales, cualquiera sea el precio del bien, pero ello no significa que el mercado se halle en equilibrio.

En nuestra ciudad la cantidad demandada de estacionamiento supera a la rígida oferta, y entonces todos pagamos el precio de muchas vueltas y muchos minutos perdidos antes de poder estacionar nuestro vehiculo. Y si sube el precio? Si mañana a la mañana usted va en auto al centro de Pilar, tendrá que pagar un precio por estacionar su vehículo allí; tal vez no lo piense así, pero el tiempo y la nafta que dedique a encontrar un sitio apropiado, tienen su costo.

Ahora imagine que el municipio da en concesión el estacionamiento medido, y que se establece un precio de 1 peso por hora. Mañana, en tal circunstancia, algunos automovilistas que como usted iban a ir al centro de la ciudad en auto no lo harán; la subida en el precio del estacionamiento hasta 1 peso modificará su decisión, disminuyendo la cantidad demandada.

Playa subterránea
Hoy, con una oferta de estacionamiento que no puede modificarse demasiado sin la realización de importantes y dudosas inversiones, es imprescindible disminuir la demanda vía un aumento en el precio de estacionar, instalando modestos aunque efectivos parquímetros, máquinas tickeadoras o simples tarjetas. No más (ni menos).
Quienes sueñen con la realización de obras de la envergadura, de una playa debajo de la Plaza 12 de Octubre, podrían proponerlas para Anillaco, pero no para Pilar. Aquí, las medidas a adoptar deben ser graduales, y surgir del consenso de todos los sectores.
El estacionamiento pago es sin duda una medida necesaria para el beneficio de todos, pero una playa subterránea como apresurada primera decisión tal vez sea sólo para el beneficio de unos pocos.

Instalación de nuevas cadenas de supermercados

(DIARIO RESUMEN, 06/01/1997) Consideraciones acerca de las medidas que la SCIPA reclama al gobierno comunal a fin de impedir la instalación de nuevas cadenas de supermercados

Deseo hacer algunas reflexiones sobre la actitud de la SCIPA ante la instalación de nuevas cadenas de supermercados en Pilar, tratando de que se legisle para impedirla o al menos postergarla.

Los efectos de una eventual legislación que regule la instalación de nuevos supermercados en Pilar puede ser analizada a través de la denominada “economía de la regulación”, desarrollada por George Stigler (1971) y Sam Peltzman (1976); este enfoque asume que el rol principal de las regulaciones del Estado no es corregir imperfecciones de mercado sino redistribuir ingreso. Por otra parte, los comerciantes, así como cualquier otro grupo social, por poseer ciertas características comunes entre sí son considerados demandantes en potencia de regulaciones; claro que cualquier regulación que el Estado establezca no será neutral en términos redistributivos: beneficiará a algún grupo de interés, y por ende, perjudicará a algún otro.

Si asumimos que el gobierno (sea nacional, provincial o municipal) “ofrecerá” regulaciones al grupo que esté dispuesto a pagar un mayor “precio” por ellas, y que las acciones del mismo gobierno están dirigidas a maximizar el bienestar de la sociedad, se deduce que la oferta de regulaciones por parte del gobierno tendería a satisfacer la demanda de los consumidores, por constituir éstos el grupo demandante de mayor importancia en términos cuantitativos. Es simple identificar al otro grupo de demandantes: el comercio minorista.

Debemos preguntarnos si serán los consumidores el grupo dispuesto a pagar el mayor precio para que se regule según sus intereses. Que éstos constituyan el grupo más numeroso representa un handicap antes que una ventaja, puesto que en términos del beneficio ante una regulación favorable, el ser un grupo muy numeroso actúa disminuyendo el interés individual, y en consecuencia no estarán dispuestos a pagar un alto precio. Por otra parte están los comerciantes, que por constituir un grupo mucho más reducido soportan un costo individual substancialmente mayor, razón por la que estarán dispuestos a efectuar más esfuerzo en términos de “aportes” (en sentido amplio) en favor de quienes legislen según su conveniencia sectorial.

Por lo tanto, resulta interesante analizar que el gobierno comunal se verá tentado de dar un mayor peso en sus regulaciones (o falta de ellas, lo que constituye una regulación en sí misma) a la voz de los comerciantes (o a la de cualquier otro grupo demandante de regulaciones), sin que por ello se esté gobernando en beneficio de la mayoría.

Por otra parte, surge un perjuicio que afecta a los consumidores locales de menores recursos, y que se relaciona con la denominada elasticidad de su demanda, que presenta características claramente diferenciadas con respecto a la elasticidad de la demanda de los sectores de mayores ingresos: para éstos últimos es alta, ya que pueden comprar en cualquier comercio de nuestra ciudad o de otra, pero para los primeros es prácticamente inelástica, puesto que no tienen las mismas facilidades para acceder a otros mercados, y por ende se ven perjudicados al tener que gastar una porción más elevada de sus magros ingresos en comercios poco competitivos en términos de precios y servicios ofrecidos a sus clientes.

El gobierno municipal debe dar una respuesta a los reclamos de la SCIPA, pero no debe desconocer que los costos económicos que resultan de impedir el funcionamiento de los mercados competitivos en nombre de la equidad o de algún otro objetivo valioso, son generalmente mayores que el beneficio que reciben los agentes a los que se pretende proteger.