Espejismo

Juan Domingo Perón decía que “la sorpresa es un principio de conducción, es el factor que nos permite sacar ventaja de un momento de inacción del adversario, por no haber previsto un incidente que va a producirse”.

A nuestro intendente, que se define como un peronista de la primera hora, le falta releer al General Perón: las acciones sorpresivas a las que se refería el caudillo no son las que caen en el ridículo. Haber convocado a una conferencia de prensa para explicar que la tosquera del barrio Pellegrini “no es una tosquera” fue —en palabras de un alto funcionario— “una payasada”.

Pero el incidente de la tosquera no es único; cada localidad tiene sus propias “Lagunas Doradas”. ¿Porqué hay tantos conflictos en los barrios? ¿porqué crece el descontento con un gobierno que supo tener un alto porcentaje de imagen positiva?: seguramente, será porque —a pesar de su discurso— el gobierno no es participativo; mucho menos, “de puertas abiertas”. Pero, ¿podría ser de otra manera?: no mientras Zúccaro sea intendente; su estilo de “gestión” necesita que no exista acceso a la información pública, y que la participación sea sólo la de los grupos de presión que tienen intereses en conseguir favores. Cuando se le preguntó al Director de Planeamiento quiénes habían colaborado con el gobierno para elaborar la propuesta del nuevo Código de Zonificación que estaba presentando, respondió “inversores, agrimensores, arquitectos”, pero se negó a dar nombres.

La promesa de asfaltos, como muchas veces comentamos en esta columna, es sólo eso: una promesa; lo grave es que las promesas no sirven para que las niñas y niños puedan llegar a la escuela sin embarrarse hasta las rodillas; ni para que las ambulancias y bomberos puedan entrar en los barrios. Así como la empresa CTI ofreció una donación de cien mil pesos para que el municipio le permita plantar dieciséis antenas de telefonía celular, el colmo sería que la tosquera ofrezca asfaltos para poder seguir extrayendo tosca y violando la ley.

Hay quienes aún confían en que la realidad es la que nos cuentan desde el gobierno, de “gestión”, de “puertas abiertas”, de “un Pilar para todos”. Desconocen que el sistema de salud está colapsado, que el “transporte que viene” es peor del que ya vino, porque la licitación de sus recorridos fue otro espejismo, que las puertas nunca estuvieron tan cerradas, porque el gobierno no responde consulta alguna de las que se le formulan desde la sociedad civil. Por caso, cuando el mes pasado pedimos en el HCD ver el expediente por el cual se aprueba la instalación de 16 antenas de telefonía celular, nos lo negaron. Y cuando la Defensoría del Pueblo quiso conocer cómo se gastaba el dinero de todos en publicidad oficial, el Jefe de Gabinete y explicador oficial Osvaldo Pugliese contestó que “esos gastos se encuentran dentro de las facultades discrecionales” del Intendente; tal respuesta (siendo generosos al definir como “respuesta” tamaño desatino) provocó la insistencia de la Defensoría; del lado del gobierno hubo sólo silencio.

Hay quienes dicen que la publicidad oficial es una ayuda sin la cual algunos medios no sobrevivirían; quizás sea cierto, pero en tal caso, surge la idea de que los que se benefician de la “ayuda” municipal deben tener que dar algo a cambio.
Una prueba de ello es que mientras El Diario Regional titulaba “Tosquera en el Pellegrini: la explicación del gobierno rozó el papelón”, en otros medios se afirmaba que Laguna Dorada Del Pilar iba a ser un emprendimiento “tipo Nordelta”.

De cualquier manera, no importa aquí el comportamiento de cierta prensa adicta, incapaz de funcionar sin ayuda oficial; tarde o temprano la sociedad reconocerá el engaño y desaparecerán. Sí importa la falta de capacidad del gobierno para asumir sus responsabilidades de manera pública y transparente. Hablando de principios, tan olvidados por estos tiempos, Perón decía que “entre las diversas clases de incapacidad, la más peligrosa es la de los que conducen; y dentro de ésta, la falta de principios y de ideales”.

La vida por una cuadra de asfalto

(EL DIARIO REGIONAL, 01/2005) A pesar de sus posibles efectos nocivos, hoy en día las antenas —como las líneas eléctricas— son un mal necesario. Sin embargo, en la mayor parte del mundo se aplica el denominado principio de "evitación prudente", que se basa en que existiendo "indicaciones verosímiles" de que las exposiciones crónicas a radiaciones no ionizantes pueden ser nocivas, se deben "mantener las exposiciones tan bajas como resulte técnicamente posible y económicamente sostenible."

En el año 2000, por caso, la Municipalidad de Córdoba ordenó desmantelar una antena instalada en el patio de un colegio, al tiempo que creó una comisión para evaluar los impactos ambientales y sociales de las torres, integrada por funcionarios municipales, representantes de las empresas de telefonía, de universidades, y hasta de la Fuerza Aérea.

En Pilar los asuntos se resuelven sin tanta burocracia; cien mil pesos es demasiado dinero como para desaprovechar, aunque en términos de la tan ausente y necesaria obra pública, alcanzaría para hacer una sóla cuadra de hormigón con cordón cuneta.
Después de todo, si el día de mañana algún niño se enferma de leucemia por culpa de las antenas, quienes anoche apoyaban su instalación no estarán en el Concejo Deliberante para responder ante sus padres.

La inauguración de un centro de salud (o de un sillón odontológico) está indefectiblemente acompañada por la colocación de una placa con el nombre del intendente de turno, quizás con el ánimo de que la posteridad lo recuerde siempre.

Invito a los Concejales que apoyan la instalación de antenas, a que en caso de instalarse, coloquen una placa al pie con sus nombres en bajorelieve. Así, podremos recordarlos también a ellos, y si algún día se repite con los campos electromagnéticos el trágico accidente de República Cromagnon, tendremos los nombres de los responsables aquí mismo, al alcance de la mano.

Estafa

Según nuestro Código Penal, comete el delito de estafa quien, con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".

Para el común de los mortales, estafa es simplemente sinónimo de engaño y defraudación. Y precisamente de defraudación es la sensación general luego de conocerse el resultado de la licitación por el transporte público en Pilar.
Los recorridos licitados seguirán en manos de las mismas empresas, que semana a semana alimentan la sección de cartas de lectores de la mayoría de los medios locales, y no precisamente con elogios.
¿Era éste acaso el resultado esperado, luego de haber sobreactuado la propuesta gubernamental al problema de los colectivos?. Por el discurso oficial, El Diario tituló meses atrás que “El Municipio diseña el transporte que viene” con la colaboración de expertos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Fueron estos “expertos” los que diseñaron el recorrido Derqui-Villa Rosa, por el que nadie presentó oferta ninguna? ¿fueron estos cerebros privilegiados quienes establecieron un valor de diez mil pesos para adquirir cada pliego?. Puesto en términos de los ingresos que obtendrían los empresarios que resulten adjudicados, pagar esa cifra equivale a gastar los boletos cortados en una unidad a lo largo de todo un año de trabajo. ¿Por qué no se fijó un valor acorde a la realidad económica?. “Los pliegos no eran demasiado baratos, salían diez mil pesos..." se lo escuchó decir a Pablo Martínez, explicador oficial de lo inexplicable.
El saludable mecanismo de audiencias públicas, en el que cada actor involucrado puede decir lo suyo, hubiera sido la mejor opción. En cambio, los honorables concejales decidieron no consultar a los usuarios, mientras le regalaban diez puntos de ventaja a las prestatarias actuales.
Otro funcionario municipal de nivel medio aseguró que “todo esto se hizo para mostrar que se hace algo, pero sin cambiar nada”; por su lado, El Subsecretario del área de transporte dijo que “estaba previsto no joderle la vida a nadie”. A juzgar por los resultados, los únicos que no habrán visto su vida perjudicada serán Zúccaro y algunos funcionarios y concejales adictos, que irónicamente no suelen movilizarse en transporte público. Pero para quienes sí utilizan el servicio, el cambio puede ser para peor. Tampoco las empresas ven razonablemente garantizadas las inversiones que realicen, porque las tarifas —cuyo aumento fue aprobado por el HCD— serán "arregladas" luego que las ofertas sean "evaluadas meticulosamente".
El Reglamento de Contabilidad, sobre el tema de la adjudicación de las licitaciones públicas como la realizada, establece que "recaerá en la oferta más conveniente que se ajuste a lo pedido. A calidad igual, se preferirá la de más bajo precio", y agrega que podrá adjudicarse excepcionalmente por razones de mejor calidad, siempre que se determine con fundamento que la mejor calidad compensa la diferencia de precios. Siendo así lo que indica la Ley, ¿por qué razón los Concejales le regalaron diez puntos de ventaja a las empresas que actualmente prestan el servicio? Ningún funcionario del ejecutivo ni Concejal supo dar una explicación aceptable: "es lo que se estila", intentaron justificar. Otra actitud que defrauda las expectativas de los vecinos, es la de transmitir la idea de que el gobierno no tiene la posibilidad de corregir la situación. El Reglamento de Contabilidad dice que en caso de haber una sóla oferta, el jefe comunal puede —pero no está obligado a hacerlo— aceptarla con autorización del Concejo. En caso contrario, puede efectuar un segundo llamado. Finalmente, el Intendente no está obligado a aceptar oferta alguna.
Si la tan mentada integración fuera para Zúccaro algo más que una propuesta de campaña, debería llamar nuevamente a licitación, vendiendo los pliegos a valores razonables, y anulando el inexplicable "privilegio" de los diez puntos a favor de las actuales prestatarias. Si no lo hace, será porque su gobierno sigue decidiendo en función de las necesidades de los "amigos de la casa" y no de las necesidades de los vecinos.

Dirigencia de media sombra

En abril del año pasado, el Honorable Concejo Deliberante aprobó a las apuradas una Ordenanza para instalar confiterías bailables, pubs y bailantas sobre la Ruta 8.

Garantías
Por aquellos días del invierno pasado, un funcionario afirmó en FM Plaza que se colocaría un importante operativo policial tendiente a “evitar accidentes y disturbios”. En el recinto del HCD, el Concejal Carlos Olivera dijo: “...vamos a tener que seguir trabajando sobre esta zona para que la misma cuente con todas las garantías de seguridad para que la juventud de Pilar pueda salir a disfrutar la noche...”.
Para el lector desmemoriado, vale recordar que Carlos Olivera, junto con el Concejal Roberto Fernández, fueron quienes organizaron el “dudoso” Congreso Latinoamericano de Concejales, asegurando que iba a tener consecuencias más que positivas para la gente de Pilar; pero los únicos beneficiados parecen haber sido ellos, que durante varios días disfrutaron de agasajos y brindis con el dinero que aportaron algunas empresas (siempre generosas cuando de “ayudar” a los funcionarios se trata).
Ya en agosto pasado, luego de la férrea oposición a la instalación de bailantas por parte de centenares de vecinos, el gobierno de Zúccaro suspendió por 180 días su instalación (pero no la de boliches y pubs). ¿Y las garantías de seguridad de las que hablaba Olivera? bien, gracias.
A fines de febrero se cumplirá el plazo de suspensión que la presión vecinal le arrancó al intendente. Y a pesar de que ya se han instalado varios pubs, hasta ahora nadie vio materializadas las “garantías de seguridad” que prometía el Concejal Olivera. Esperemos que el jefe comunal no fuerce una tragedia al permitir que se instalen bailantas sobre rutas, algo que en otros municipios está explícitamente prohibido.

Culpables
Las cosas no ocurren por azar: el tsunami que mató más de 150 mil personas en Asia fue un fenómeno de la naturaleza, inevitable. En cambio, detrás del incendio del boliche de Once, hay culpables. Como también hay culpables detrás de otras situaciones, que no por eternas son menos graves (son en realidad distintas formas de la corrupción): los políticos que hablan de transparencia pero que “llegan” negociando entre sombras, los funcionarios que hablan de “puertas abiertas” pero que no se animan a reglamentar el libre acceso a la información pública, y los empresarios que hablan de equidad pero que no pagan sus impuestos, condenando así a que el tercio de pilarenses que se cayeron del mapa, nunca más vuelvan a subirse a él. Y si lo intentan, ahí están esperándolos para hacerlos caer nuevamente, ya sea pisándoles los dedos que aferran con desesperación, o vendiendo (y comprando) alguna calle pública para que no puedan utilizarla nunca más.
No son los nombres de estos culpables los que aquí importan, porque más temprano que tarde la sociedad los reconocerá. Sí importan las víctimas, porque con dirigentes y concejales de alambre y media sombra, sospecho que víctimas somos todos.

El riesgo de promover la corrupción

(PILAR DE TODOS) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "cualquier política dirigida a obstaculizar el acceso a información relativa a la gestión estatal, a la que tienen derecho todas las personas, tiene el riesgo de promover la corrupción dentro de los órganos del Estado debilitando así las democracias".

Desde hace casi nueve meses, cuando presentamos el Proyecto de Ordenanza de Acceso a la Información, creímos en la sinceridad del compromiso asumido tanto por el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Marcelo Castillo, como del propio Intendente municipal, Humberto Zúccaro: ambos nos manifestaron su voluntad de que el Proyecto -con los cambios que el HCD considerara oportunos- se transformara en Ordenanza.

En la sesión de ayer, los Concejales, salvo las honrosas excepciones de Quintero (PaUFe) y Saulle (PJ), votaron que el expediente en cuestión pase a archivo hasta tanto presentemos la forma en la que la ordenanza debiera instrumentarse. Doble falta, porque a las inadmisibles idas y vueltas que tuvieron los concejales para dilatar la aprobación de una norma tan importante, le suman otro nuevo error, y es que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece en su artículo 78 que "Las ordenanzas y los decretos deberán ser concisos y de carácter preceptivo", es decir, que se deben cumplir.
En consecuencia, el HCD podía (y todavía puede) aprobar el proyecto tal cual se presentó. Las características y detalles instrumentales deben ser establecidos en un posterior decreto reglamentario del Intendente, en el cual se debería detallar lo que el HCD nos pide detallar a quienes presentamos la propuesta.

Si el gobierno pretende ser transparente, cosa que a más de un año de gestión me permito poner en duda, la regla debe ser el acceso a la información pública como bien común y no su manipulación y ocultamiento.

Depredadores II

Dos semanas atrás, en la cena anual de la Fundación Por Pilar, el gobernador Solá dijo que Pilar "está lleno de oportunidades y peligros". En mi columna de la semana pasada, decía que la tragedia que encerraba esta paradoja era que en nuestro distrito, todas las oportunidades están de un lado, y los peligros, del otro.

La semana pasada dije que "la connivencia de funcionarios inescrupulosos junto con inversores ávidos de seguir llenando sus bolsillos, lograron que la copa nunca se derrame sobre los desposeídos de esta tierra; los "unos" han conformado una asociación que tiene como objetivo "diseñar el Pilar del futuro" y acaparar todas las oportunidades, mientras que los "otros", los excluídos, van asistiendo azorados a una realidad en la que lo único que abunda son los peligros, y que les niega hasta el derecho de acceder a los espacios públicos, esos que deberían servir como elemento de integración y equidad".

Esta semana, al conocerse un listado de unos 40 mil contribuyentes bonaerenses que le deben al Estado provincial casi 5 mil millones de pesos, esa opinión se puede ir anclando en datos concretos. Y aunque la información tiene carácter público, el Lic. Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos de la Provincia, aseguró que el mes próximo se publicaría en Internet.

"Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el Reino de los Cielos", reza el Evangelio; en esta parte del planeta, nuestros pobres aspiran al menos a que sus hijos puedan ir al colegio, y ellos a trabajar -o a buscar alguna changa- sin embarrarse hasta las orejas. Para ello hacen falta asfaltos, pero su construcción, además de gobiernos eficientes y transparentes, requiere de ciudadanos que paguen sus impuestos. Lástima que con contribuyentes como los del cuadro, el "Pilar del futuro" que declaman desde el gobierno de Humberto Zúccaro nunca será alcanzado por las familias humildes de nuestro distrito. Ellas necesitan de los servicios de un Estado que los trate como ciudadanos plenos de derechos, y no como clientes a los que se les venden productos de "segunda", mientras a los "amigos del poder" les regalan los de "primera selección".
Como ejemplos, valen el caso de la venta de las calles internas a los clubes de campo Tortugas, Highland, Mapuche y los Lagartos (aunque por el precio acordado, sería más apropiado referirse a la operación como un regalo), o el de la venta de las calles Fucault, Mercator y Lisandro de la Torre a la empresa Pinazo S.A. del Grupo Farallón. Esta última depredación al patrimonio público se hizo mediante la sanción de una Ordenanza que obligaba a usar los fondos depositados por Pinazo S.A. prioritariamente a arreglar la calle Oliden en Del Viso; sin embargo, a pesar de que la plata se depositó en la cuenta municipal en abril de este año, la calle Oliden se arregló siete meses después.
Uno de los incluídos en el listado, Juan Carlos Blumberg, al menos salió públicamente a explicar las razones que lo llevaron a atrasarse con sus obligaciones fiscales. Los demás, ¿lo imitarán?

Un año en campaña

A un año de gobierno, sería conveneinte que el intendente deje de lado la campaña y se ponga a gobernar; las necesidades del distrito son demasiado grandes como para pretender resolverlas con discursos.

La realidad, esa única verdad señalada por Juan Domingo Perón, suele percibirse individualmente de acuerdo a nuestras propias creencias. En estos doce meses de gobierno, Zúccaro a sabido imponer su propia realidad, que sostiene con promesas en las que gran parte de la sociedad quiere creer, como una manera de poder sostener sus deseos y justificar sus frustraciones colectivas.

“Gestión” fue la llave mágica que abrió la puerta a un camino que la mayoría de los pilarenses quisieron seguir. Una vez adoptada, la falsa premisa se fue consolidando a fuerza de gestos, comunicados siempre con altisonancia por algunos medios de prensa locales, tan complacientes como lo fueran sus necesidades financieras.

Hoy sólo se encuentran gestiones elogiables en algunas áreas periféricas (por los recursos que se le asignan) como Cultura o Deportes. Pero las áreas que constituyen el núcleo de la estructura municipal, como Obras y Servicios Públicos, o Salud, no encuentran el rumbo, y prometen resultados a condición de que llueva el maná del Banco Mundial.

La Pesada Herencia
Su primera excusa como intendente no tuvo nada de original, al afirmar que había recibido una “pesada herencia” (legado que a él contribuyó a generar, tras haber sido concejal durante doce años). Dijo que con los 1.700 empleados con los que Bivort le dejó el municipio sobraba gente, que la planta estaba “sobredimensionada”; entonces despidió a unos 300 empleados... para luego incorporar a casi mil. Para colmo de males, dejó de lado el ingreso por concurso, mecanismo que permite escoger a los mejores para cada puesto —y no a los más amigos—, pero que impide pagar los favores políticos de campaña. Hoy el municipio cuenta con unas 2.300 personas, cuyos sueldos nos cuestan a todos el equivalente a cien cuadras de asfalto con cordón-cuneta al año. Cuando finalicen los treinta y seis meses que a Zúccaro le quedan para irse, habrá gastado en nuevos sueldos el equivalente a unas trescientas cuadras de asfalto.
Mientras tanto, los vecinos más humildes se preguntan hoy cómo era posible hace dos décadas administrar el municipio, prestar servicios de iluminación, agua corriente y cloacas, asfaltar calles y recoger la basura con sólo 482 empleados.

Reforma Tributaria
Otro eje de la gestión de Zúccaro, la reforma tributaria, puso a Pilar en la tapa del matutino La Nación: “Los impuestos suben en Pilar hasta 1140 por ciento”; semejante aumento, como era de esperar, incrementó la presión tributaria sobre el magro treinta por ciento de contribuyentes que todavía cumplen con sus obligaciones; ¿y el 70% de morosos? bien, gracias; sobre ellos, el Secretario de Hacienda aseguró en una conferencia que "si llegan a pagar aunque sea una cuota, ahí los agarramos" (sería deseable una mayor dosis de "inteligencia recaudatoria").

En el verano pasado el gobierno dijo que éramos rehenes de Tecsa –la empresa que se encargaba de la recaudación— y que el contrato era insostenible, por lo cual lo rescindiría; y aunque la Defensora del Pueblo le recomendó al intendente que hiciera uso de las facultades otorgadas por la Ley de Emergencia Económica, resolviendo el contrato sin pagar indemnización alguna, Zúccaro terminó pagándole con nuestro dinero más de tres millones de pesos.


Transparencia
Por entonces, y a fin de satisfacer los reclamos de transparencia, Zúccaro anunció la creación de la Oficina Anticorrupción municipal que tendría como propósito brindar transparencia a la gestión del gobierno. Se esperaba que en poco tiempo comenzara a funcionar; la realidad es que hoy no funciona, y tampoco funcionará el año venidero, porque -justifica- no se le asignó partida en el presupuesto.

En abril de 2004, confiados en que valía la pena ofrecerle al gobierno herramientas para que se ponga de cara a la sociedad, un grupo de vecinos de la Asociación ProPilar presentamos un proyecto de Ordenanza de Acceso a la Información, para que cualquier vecino pudiera solicitar y recibir información municipal; hoy, a ocho meses de entonces, el proyecto ni siquiera fue debatido. Otra desilusión, porque el acceso irrestricto a la información pública es una vacuna contra la corrupción, un remedio al “roban pero hacen”. Porque, huelga decirlo, necesitamos gobiernos que hagan, pero que además no nos roben.

Obras y Servicios
En junio pasado, la primera plana de El Diario afirmaba “Un equipo de expertos diseña el transporte que viene”; en el desarrollo de la noticia, Zúccaro decía que para fin de año todo estaría regularizado, y agregaba que “se acabó eso de emparchar los problemas; durante muchísimos años se trabajó sin un plan estratégico y en esta licitación tenemos la oportunidad de hacerlo para los próximos diez años”. Nada podemos decir de la calidad de "expertos" del equipo contratado por el municipio, pero considerando que las cosas están hoy como entonces, sí podemos afirmar que les está llevando más tiempo del que tardó el General Alais en llegar a Monte Caseros, en las Pascuas de 1987.

Con la venta de calles públicas a cuatro countries, se volvió a utilizar la propuesta extorsiva con la que se rescindió el contrato con Tecsa: Zúccaro dijo que si los vecinos querían asfalto, había que aceptar el pedido de los emprendimientos para venderles —casi regalarles— las calles; de otro modo, las obras tendrían que seguir esperando. Para suavizar la depredación al patrimonio público, el gobierno aseguró que los countries pagarían al contado, y que el 100 por ciento del dinero se destinaría a financiar obra pública. La esquiva realidad muestra que hasta ahora ingresó menos del 10 por ciento del total, y al intendente lo único que se lo vio inaugurar fueron algunas cuadras de entoscado.

A un año de gobierno, vale recordar las palabras del ex Presidente Juan Domingo Perón, al afirmar que "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar".