lunes, 25 de octubre de 2004

Corruptos

(EL DIARIO REGIONAL) Esta última semana las instituciones de la Democracia fueron heridas de gravedad. A la presentación de una denuncia contra un funcionario municipal que cobrara una pensión graciable además de su sueldo, el gobierno respondió clausurando una guardería infantil cuyo titular es el denunciante, y en la que unas treinta familias pobres dejaban a sus hijos para poder ir a trabajar.

La reacción del gobierno de Zúccaro es casi patológica: cuando alguien piensa diferente, es perseguido y criticado por "hacer política"; nos pasa a todos los que expresamos una opinión desfavorable, o una visión distinta. El intendente y parte de su séquito en el Concejo confunden política partidaria con política de estado. Reaccionan con intolerancia frente a una opinión diferente. Arman comisiones investigadoras por presuntas infracciones en el trámite de habilitación de una guardería, siendo que la Ley Orgánica -que los concejales deberían conocer como la tabla del 2- los habilita a juzgar hechos de naturaleza totalmente diferente .

Para las infracciones denunciadas por el oficialismo está la justicia de faltas. Las comisiones investigadoras dentro del HCD deben constituirse –entre otras situaciones-ante "negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta en el ejercico de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio" (art. 249º inc. 2).

No cabe duda que las razones que permiten la conformación de una comisión -que tiene facultades para destituir a un edil- son de una gravedad mayúscula. Y ello es así, porque nuestro sistema de gobierno representativo implica que en la banca que ocupa un concejal hay sentados virtualmente miles de ciudadanos que confiaron en que serían bien representados por aquél. Hugo Quintero, en tanto concejal, no es un ciudadano más; él es la voz de los que no tiene voz, quizás porque durante mucho tiempo se cansaron de gritar ante los mismos que hoy prejuzgan para llevar agua para su molino.

Los demás ediles deberían saber que sus votantes les han asignado el mismo rol trascendental. Pero si atacan las instituciones, si niegan la información pública como si fuera propiedad del ellos, si reaccionan con intolerancia frente al que piensa distinto, me pregunto si no estaríamos habilitados para solicitar la formación de otra comisión que investigue si las conductas de algunos concejales oficialistas no merecen que se los destituya por malversar los recursos públicos en persecuciones políticas.

A menudo el límite entre lo legal y lo ilegal se vuelve difuso, y las palabras se definen de acuerdo a la conveniencia de quien las pronuncia. Creo que vale la pena recordar la definición de corrupción de Transparencia Internacional, institución que desde hace más de 10 años lucha en todo el mundo contra ese flagelo: "corrupción política es el abuso por parte de los líderes políticos para su propio beneficio del poder que se les ha confiado" (pido disculpas al lector por llamar líderes políticos a algunos que no alcanzarían esa categoría ni luego de varias reencarnaciones).

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