(EL DIARIO REGIONAL) Con los objetivos de mejorar la calidad institucional, reducir la brecha de representatividad, concertar un financiamiento transparente de los partidos políticos e instrumentar cambios en el sistema electoral, el gobernador Felipe Solá convocó esta semana a una Mesa de Diálogo para la Reforma Política en la provincia de Buenos Aires. El programa incluye mejorar los mecanismos de selección de candidatos y procurar una mayor transparencia en los procesos de decisión del sistema político, mediante el control y la participación ciudadana.
Acceso a la información
Como un primer paso hacia la ansiada transparencia el gobernador Solá firmó el decreto de acceso a la información pública en la provincia, a través del cual "toda persona física o jurídica tiene derecho de acceso a documentos administrativos de naturaleza pública correspondiente a organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo".
En Pilar las inicativas de transparencia en la gestión pública no corren la misma suerte que a nivel provincial. Tres miembros de la ONG ProPilar presentamos en abril un proyecto de ordenanza similar al decreto firmado ayer por Solá. Pero la propuesta está durmiendo el sueño de los justos. Así, se dará la paradoja de que para conseguir información pública sobre el municipio de Pilar, cualquier persona podrá obtenerla solicitándola a La Plata, mientras que en Pilar, las autoridades municipales la negarán.
Antídoto
Los instrumentos de transparencia impulsados por Solá no son novedosos; pero sí son infrecuentes. La presentación de declaraciones juradas, por caso, de haber existido en nuestro distrito hubieran evitado la denuncia penal que los concejales pattistas presentaron contra un funcionario de Zúccaro. Y es que en los municipios que cuentan con instrumentos de lucha contra la corrupción, los funcionarios están obligados a presentar una declaración jurada patrimonial durante los primeros días de su designación; así, nunca un funcionario podría cobrar una pensión indebida. Además, las declaraciones deben reiterarse todos los años, y también al concluir el mandato por la causa que sea. Son de carácter público, y a quien no la presenta se le descuenta un día de salario por cada día de incumplimiento.
Idiotas o Ciudadanos
En la Grecia Antigua, los atenienses creían que la participación en asuntos públicos evitaba que las personas se convirtieran en "idiotas", o seres sin conexión con el mundo (los griegos llamaban idiota no a alguien con un coeficiente intelectual bajo, sino a alguien encerrado en sí mismo, sin conexión con su comunidad).
La participación del pueblo en los asuntos públicos no es algo que nazca "por generación espontánea"; son las instituciones y herramientas de la democracia, como el acceso a la información, las audiencias públicas, o el presupuesto participativo, lo que hace que los ciudadanos podamos participar en el control de gestión y en el diseño de políticas públicas, y gozar así de una democracia plena.
Quienes como el intendente consideran que la emisión del voto constituye el único derecho que los ciudadanos tenemos de intervenir en la vida política de nuestra comunidad, y no impulsan mecanismos de participación democrática, anulando los espacios que posibilitan la participación, quieren convertirnos en idiotas (en la definición ateniense del término); o peor aun, en súbditos de un régimen feudal; así, cuanto más tiempo desee Zúccaro perpetuarse en el poder, el palacio municipal comenzará poco a poco a transformarse en un palacio feudal.
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