(EL DIARIO REGIONAL) La semana pasada el Concejo aprobó el pedido de Sudamerica de Aguas para aumentar sus tarifas en un 30%. El pedido fue presentado ante el Ejecutivo, y derivado por éste al HCD.El vecinalista Tomás Petrucci apoyó la suba diciendo que el aumento "permitirá una revisión del contrato y la posibilidad del traslado de la planta depuradora", y agregó que votaba por la afirmativa teniendo en cuenta la minoría perjudicada por la medida.
No sorprende en absoluto que el Concejo apruebe una medida que perjudica directamente a toda la comunidad de Pilar. Hay que recordar que estos concejales, siempre con algunas honrosas excepciones, aprobaron el impuestazo de principios de año, que significó un aumento promedio del 80% para los mismos (siempre los mismos) tres pilarenses de cada diez que pagamos la ex-tasa de ABL municipal. Y que meses después, "solucionaron" el problema de los boliches y bailantas en el centro de Pilar sancionando en voz baja una Ordenanza que le traslada el problema a los vecinos que viven sobre la vieja Ruta 8. Y son los mismos representantes que desde hace más de 6 meses tienen cajoneado un proyecto de ordenanza de acceso a la información pública que es fundamental para prevenir hechos de corrupción y acercar la política a la gente; y que de paso, serviría para cortar la buena fortuna que parecen tener algunos ediles que suelen ganar con demasiada frecuencia en los juegos de azar.
Pesada Herencia
El Intendente sigue culpando a la deuda que heredó de su antecesor para justificar su ineficiencia. A casi un año de haber asumido, debería preocuparse de gobernar para los vecinos y no para los intereses de algunos grupos de presión.
Recordemos que además de la deuda, el gobierno de Zúccaro heredó un saludable mecanismo de ingreso a la administración pública por concurso de antecedentes, que supo dejar de lado para poder incorporar a 600 (o quizás muchos más) empleados, quienes en su mayoría vieron recompensado así tanto esfuerzo de campaña.
También recibió el antecedente de una muy positiva audiencia pública convocada por Bivort para tratar precisamente el contrato entre la Municipalidad y Sudamerican de Aguas.
Incluso Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires, y Martín Sabbatella en Morón, han empleado con éxito el mecanismo democrático de las audiencias públicas, cuando se trató de defender el interés de los vecinos.
En Pilar, ¿qué interés pretende defender el jefe comunal?
Extorsión
Con Tecsa, la empresa encargada de la cobranza de las tasas, desde el gobierno primero se dijo que éramos rehenes de la empresa, y que el contrato era insostenible; en consecuencia, el municipio lo rescindió y desembolsó más de 3 millones de pesos.
Con la recientemente aprobada venta de calles a algunos countries, la historia se volvió a repetir: Zúccaro dijo que si los vecinos querían asfalto, había que aceptar el pedido de los emprendimientos para venderles tierras que hasta hoy eran de toda la comunidad; de otra manera, las obras tendrían que esperar.
En el tema de Sudamericana, ahora dicen que "con estos precios, la empresa no puede garantizar la calidad del agua" y que no hay más salida que admitir un aumento del 30% en la tarifa del agua.
Si la concesionaria no pueden garantizar la calidad de su producto, y el gobierno de Zúccaro no encuentra salida, la solución es clara como el agua: rescindan el contrato, y punto, que eso está contemplado en la ley de emergencia económica a la que el intendente adhirió.
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